La situación se complica en torno al traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires, luego de que Villarruel interviniera tras la firma de un convenio que habilitaba esta transferencia. Su maniobra podría dilatar el proceso, generando tensiones dentro del gobierno.
Para que el acuerdo se concrete, es necesario que sea ratificado tanto por el Senado como por la legislatura porteña. Javier Milei intentó acelerar los plazos y presentó el convenio como si fuera una modificación del artículo 91 de la reforma laboral, que se someterá a votación el miércoles en la cámara alta.
El objetivo del gobierno era que esta modificación se resolviera rápidamente en las bancas, pero el secretario parlamentario del Senado, alineado con Villarruel, optó por seguir el procedimiento habitual que cualquier ley propuesta por el Ejecutivo debe atravesar: pasar por tratamiento en comisiones y luego ser votada en el recinto. Las sesiones ordinarias comenzarán en marzo, lo que podría demorar el proceso varias semanas.
El traspaso del fuero nacional enfrenta resistencia no solo de los jueces, quienes consideran que ser catalogados como jueces provinciales menoscaba su investidura, sino también de abogados laboralistas. Si finalmente se lleva a cabo la transferencia, estos jueces deberán rendir cuentas ante el consejo de la magistratura de la Ciudad.
Milei incluyó en la reforma el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, un paso crucial en su lucha contra lo que él denomina la “industria del juicio”. Existen voces que apuntan a Villarruel como la responsable de esta maniobra que retrasa el proceso, aunque también se menciona a Agustín Giustinian, quien mantiene buenas relaciones con Patricia Bullrich, sugiriendo que la senadora, conocida por su cercanía con los jueces laborales, podría haber influido en esta estrategia.
En la mañana del martes, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, anunció la firma de un convenio con la Nación para llevar a cabo el traspaso del fuero laboral. Sin embargo, horas después comenzaron a circular rumores sobre posibles obstáculos en el Senado.
El procedimiento habitual para el traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad implica la firma de un convenio que debe ser ratificado por la Legislatura y el Senado. Actualmente, los jueces nacionales han bloqueado la transferencia mediante una medida cautelar, aunque esta podría ser revocada. Hasta el momento, la última instancia de apelaciones en la justicia nacional es la Corte Suprema.
Si el fuero laboral se traslada a la Ciudad, los expedientes tendrán una instancia previa en el Tribunal Superior de Justicia. Desde el fallo Levinas, este tribunal se convirtió en el órgano de apelaciones de la Justicia Nacional.
La Corte tiene un interés particular en que el fuero se transfiera a la Ciudad, ya que esto significaría dejar de lidiar con miles de expedientes que cada año ingresan al máximo tribunal.
Si el convenio logra la ratificación del Senado y la Legislatura, el consejo de la magistratura porteño se encontrará ante una oportunidad única: podrá designar 17 de los 30 camaristas del fuero y al menos 30 de los 80 juzgados que actualmente están subrogados. Juan Manuel Olmos y Daniel Angelici liderarán este proceso de designación.
El traspaso cuenta con el respaldo de empresarios, quienes critican que el fuero ha sido colonizado por una visión antiempresarial que favorece la industria del juicio y que, en muchos casos, emite condenas tan desmesuradas que llevan a la quiebra a las empresas. Este tema fue uno de los principales caballos de batalla de Mauricio Macri durante su gestión como jefe de gobierno y luego como presidente. Como era de esperar, la propuesta enfrenta la oposición de representantes gremiales y abogados laboralistas.
Macri llegó a expresar públicamente su descontento con lo que denominó la “mafia de los Recalde”, en referencia al fallecido exdiputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, y su hijo Leandro, quien continúa al frente del estudio jurídico familiar, junto al senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la provocación de Macri, es innegable que la familia Recalde ha tenido una influencia significativa en este ámbito.
Ante la presión del sector empresarial, el gobierno busca revertir la maniobra de Giustinian y mantiene la esperanza de que el convenio sea aprobado en la próxima sesión. Este acuerdo fue el resultado de un extenso debate que involucró no solo a los ministerios de Justicia nacional y porteño, sino también a ONGs y organismos internacionales como la OISS. Los allegados a Milei son conscientes de que es poco probable que se presente un escenario tan favorable en el Senado en el futuro, por lo que buscan ratificar el convenio lo más pronto posible.