Patricia Bullrich confirmó este martes que el proyecto de reforma laboral se mantiene firme en su intención de eliminar la ultraactividad, reconfigurar la prelación de las negociaciones colectivas y derogar los estatutos de profesionales. Estos tres puntos, que la CGT había intentado modificar, fueron presentados por la líder del bloque libertario como un "cambio estratégico en las relaciones laborales argentinas".
Durante una conferencia de prensa, la exministra de Seguridad defendió la "prelación de convenios de empresa", argumentando que "un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio de ámbito nacional". Este cambio, según analistas, debilita la posición de los sindicatos en las negociaciones paritarias, incrementando así el poder de la patronal sobre las comisiones internas.
Bullrich también aclaró que se mantendrá el artículo sobre la ultraactividad tal como fue firmado en el dictamen de diciembre, lo que significa que los convenios continuarán vigentes hasta que se acuerde uno nuevo en cada actividad. Tanto la CGT como la CAC, la CAME y ADIMRA habían luchado para que esta cláusula no se eliminara, ya que la necesidad de renegociar cada año se vuelve ineficaz desde el punto de vista administrativo y productivo, incluso para los mismos empresarios.
La senadora argumentó que "en la redacción del artículo sobre ultraactividad se aclara que los convenios pueden seguir siempre que las partes acuerden eso", una forma astuta de permitir la disolución de este instrumento a menos que empresarios y delegados acuerden sistemáticamente su vigencia.
Además, Bullrich se mostró satisfecha con la derogación de los estatutos de profesionales, como el del periodista o el viajante de comercio, afirmando que "los estatutos son previos a los convenios y no va a quedar ninguno", en un tono decidido que dejó claro su postura.
A su alrededor, se encontraban senadores aliados de la UCR, el PRO y la bancada de La Libertad Avanza, entre ellos Eduardo Vischi, Mariana Juri, Martín Gáerling, Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta, todos apoyando la iniciativa.
Las únicas concesiones que Bullrich ofreció a la CGT fueron la continuidad de las patronales como "agentes de retención" de los aportes para la "cuota sindical", limitados a un 2 por ciento, y el mantenimiento del 6 por ciento para las obras sociales, a pesar de que el dictamen original había propuesto reducirlo a 5 puntos, lo que habría representado una pérdida de alrededor de 800 millones de pesos para los sindicatos. "Lo dejamos en 6 puntos porque consideramos que la salud es importante", explicó la senadora.
Los anuncios de Bullrich, que afectan las conquistas del movimiento obrero, no fueron discutidos con los representantes de la central de la calle Azopardo. Fuentes del gobierno habían anticipado que no cederían en esos puntos. "Todo eso que dijo Bullrich habrá que verlo, está muy rosqueado", respondieron desde la CGT, mientras se preparaban para una marcha al Congreso programada para este miércoles.
La exministra había afirmado que "una ley no es la imposición de una parte sobre la otra, sino un acuerdo", al explicar las razones por las que el gobierno decidió dejar de lado el capítulo de ganancias debido a la resistencia de los gobernadores. "No hay ganadores y perdedores, sino un acuerdo y en ese acuerdo se respetan las miradas", agregó, intentando justificar un entendimiento que parece ausente con la CGT.
No asistieron senadores provinciales que habían comprometido su apoyo a la reforma, como la tucumana Beatriz Ávila, la salteña Flavia Royón, el correntino Carlos "Camau" Espínola, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense Edith Terenzi, la cordobesa Alejandra Vigo, y los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, así como los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. En total, serían 10 legisladores clave para la aprobación de los artículos durante la votación, aunque, al cierre de esta nota, el oficialismo se mostraba optimista, confiando en obtener alrededor de 40 votos a favor.