El gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó en la licitación para implementar un nuevo sistema de salud laboral destinado a los trabajadores estatales, un mecanismo que busca controlar el presentismo, según lo expresan los gremios. Sin embargo, un dato que llama la atención es que solo una empresa mostró interés en participar en este proceso que involucra un negocio de mil millones de pesos.
De acuerdo con el acta oficial a la que tuvo acceso este medio, la única firma que presentó oferta fue SML Consultores Médicos, una compañía asociada a la aseguradora Experta. Esto la posiciona para obtener un contrato millonario que le permitirá gestionar tanto el control médico como el ausentismo en toda la administración pública provincial.
Este hecho es significativo, ya que en el sector de la medicina laboral y los riesgos del trabajo operan al menos unas quince empresas con la capacidad técnica necesaria para prestar este tipo de servicio. Sin embargo, la ausencia de competidores en la licitación es notable. Ni siquiera Colonia Suiza, una de las empresas líderes en ART y que trabaja con grandes empleadores, se presentó.
Los especialistas del sector no dudan en relacionar esta falta de interés con las condiciones establecidas en el pliego de la licitación. Un operador con experiencia en el negocio de los seguros comentó: "Es imposible cumplir con lo que piden con ese presupuesto".
La licitación propone una cobertura integral de la salud laboral para toda la administración pública provincial, abarcando a docentes, policías, empleados administrativos, pasantes y becarios. Además, según fuentes del sector, se exige una presencia territorial extrema de agentes sanitarios, lo que implica tener capacidad de respuesta en cada rincón de la provincia donde haya un trabajador estatal, es decir, en todos los lugares.
La provincia cuenta con docentes y policías en todo su territorio. Para cumplir con los requisitos del pliego, es necesario tener una cobertura real en cada ubicación. Esto no se puede lograr con mil doscientos millones de pesos. O bien saben que no serán tan rigurosos en el monitoreo, o se enfrentarán a serias dificultades.
Esto implica, en la práctica, establecer una red de prestadores médicos que cubra no solo las grandes ciudades, sino también pueblos y localidades pequeñas, donde la presencia de profesionales es escasa y los costos operativos se disparan.
Las estimaciones de las empresas médicas locales indican que el costo razonable del servicio supera los 2.500 millones de pesos, más del doble de lo que se había previsto como referencia oficial. Incluso, algunas ofertas habrían superado ampliamente esa cifra, lo que refuerza la percepción de un desajuste entre las exigencias técnicas y el presupuesto asignado.
En el ámbito de la salud, se menciona al radical Julián Galdeano como el encargado de estructurar la licitación. "En definitiva, hizo su trabajo", ironizó un empresario de la ciudad de Santa Fe. Galdeano ocupa el cargo de secretario de Vinculación Institucional de la provincia.
Los ganadores de la licitación eran accionistas de la aseguradora La Caja y asumieron el control total en 2015, tras la salida de Generali, que fue rebautizada como Experta. En ese movimiento, también reestructuraron su sociedad con los D'Onofrio en La Estrella Seguros de Retiro, una entidad histórica del sistema previsional.
Desde entonces, ambos grupos manejan una red que combina seguros laborales, ART, servicios médicos y de retiros, ocupando una porción significativa del mercado. De esta manera, bajo la marca Experta, establecieron una estructura propia para la medicina laboral.
La sociedad madre es SML y la ART es SML Consultores Médicos, especializada en servicios de salud ocupacional y control de ausentismo. Esto significa que el mismo grupo que asegura a los trabajadores también participa en el monitoreo de su presentismo, cerrando así un círculo completo de negocio.
En este contexto, la licitación en Santa Fe no es solo un proceso aislado, sino que representa una pieza dentro de un engranaje más amplio. El contrato para gestionar el presentismo estatal terminaría en manos de un holding que integra seguros, salud y gestión laboral, asociado a los D'Onofrio, socios de Werthein en estos negocios.
El resultado en Santa Fe es una licitación formalmente abierta, pero sin competencia real, en un servicio clave para la gestión de los recursos humanos del Estado. Esta situación genera desconfianza entre los gremios estatales, que temen que el sistema se convierta en una ART cuyo objetivo primario no sea velar por la salud laboral.