El gobierno argentino ha puesto bajo revisión un total de 44 inmuebles militares distribuidos en todo el país, que pertenecían a IOSFA y que ahora podrían estar en la mira para su venta. Un documento oficial, fechado el 19 de marzo, sugiere la anulación de transferencias, la retirada de propiedades del balance y la redefinición de la titularidad de hoteles, delegaciones y centros recreativos.
Esta medida genera incertidumbre respecto al control y la gestión futura de estos bienes y provoca un creciente descontento entre un sector de las Fuerzas Armadas, que se resiste a perder su patrimonio histórico. La iniciativa se inscribe en el marco del DNU 88/2026 y fue elaborada por la Subgerencia de Servicios Generales del organismo, proponiendo una serie de acciones que incluyen la anulación de procesos de transferencia en curso, la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la exclusión de estos inmuebles del patrimonio neto del instituto.
Los documentos revelan que IOSFA contaba con un superávit de 25 mil millones de pesos en el momento en que Petri asumió el Ministerio de Defensa. Entre los activos que podrían ser afectados se encuentran hoteles, delegaciones, farmacias, centros recreativos y sedes administrativas, muchos de ellos situados en lugares estratégicos como la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y la Patagonia.
En Mar del Plata, por ejemplo, se identifican varios hoteles emblemáticos, cocheras y dependencias operativas que son parte de la estructura histórica del organismo. Según el documento, uno de los objetivos primordiales es revertir la situación jurídica de los inmuebles que estaban en proceso de transferencia al IOSFA. En esos casos, se plantea que la AABE retome la jurisdicción, con la intervención del Ministerio de Defensa, manteniendo el uso por parte de la obra social pero bajo un nuevo encuadre legal.
Simultáneamente, se busca anular resoluciones y expedientes tramitados en los últimos años, así como archivar definitivamente diversas actuaciones administrativas relacionadas con estas transferencias. Otro aspecto delicado es la recomendación de excluir los 44 inmuebles del registro contable del IOSFA.
Sin embargo, para algunos miembros de las fuerzas, los argumentos técnicos expuestos en el documento no son suficientes. Un militar en actividad expresó su preocupación, afirmando que "toda esa lista de inmuebles va a ser destinada a la venta para poder pagar la deuda o parte de la deuda". Agregó que "lo curioso es que algunos bienes pertenecen a las fuerzas, como los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, la residencia Cerrón a la Falda y la residencia Cosquín, que eran hoteles de las fuerzas y que luego pasaron a IOSFA, pero nadie va a decir nada".
La disolución de IOSFA se llevó a cabo para dar paso a una nueva obra social, pero el gobierno no ha especificado cómo piensa afrontar una deuda de 200 mil millones de pesos, que incluye obligaciones con clínicas y hospitales de diversas regiones del país, dejando a militares activos y retirados sin cobertura.
Este escenario ha generado una crisis grave para aquellos pacientes con enfermedades críticas que deben afrontar los costos de sus tratamientos de su propio bolsillo, lo que llevó a protestas en ciudades como Mar del Plata.
Recientemente, se reveló en exclusiva que los estudios contables de IOSFA antes de la llegada de Luis Petri mostraban una obra social con un superávit de 25 mil millones de pesos, cifra que se deterioró en tres años, dejando a la institución en una situación de quiebra total.