El gobierno de Santa Fe, liderado por Maximiliano Pullaro, enfrenta críticas del ministro Ricardo Lorenzetti, quien cuestiona la reciente designación de seis de los siete miembros de la Corte provincial durante su gestión. Este conflicto surge en un contexto de tensiones en la Corte Suprema, particularmente en relación al lobbysta judicial Santiago Busaniche.
En una entrevista, Lorenzetti expresó su preocupación por lo que considera un vínculo peligroso entre los funcionarios gubernamentales y los magistrados, afirmando que "lamentablemente se va a generalizar como una costumbre". Resaltó que la situación en Santa Fe, donde el gobernador designó a la mayoría de los jueces, no es habitual y es motivo de alarma.
Las reacciones en el ámbito de la Justicia Federal no se hicieron esperar. Un funcionario, con ironía, recordó que Lorenzetti había descubierto la discrecionalidad en las designaciones, sugiriendo que su propia historia personal podría haberle brindado una perspectiva más crítica antes. Su última esposa, Mara Perrén, ocupa un cargo en el juzgado federal de Rafaela, su ciudad natal, lo que genera cuestionamientos sobre su influencia en el sistema judicial.
Desde el gabinete provincial, la postura es clara: "Que diga lo que quiera", respondió un ministro, mientras otros en el entorno de Pullaro aseguraron que la molestia de Lorenzetti proviene de su intento fallido de que su hijo, Pablo Lorenzetti, fuera uno de los candidatos a la Corte de Santa Fe.
Es interesante observar cómo se entrelazan las historias familiares en el ámbito judicial. Lorenzetti, que junto a Rosenkrantz promovió un proyecto para modificar la selección de jueces, parece ahora verse envuelto en un dilema similar al que criticó. La perpetuidad de dinastías en la justicia, como el clan Mahiques, plantea interrogantes sobre la independencia del sistema.
Los funcionarios de la Justicia Federal en Santa Fe, que han sido testigos de la influencia de Lorenzetti, recordaron que hace un mes se presentó un proyecto para regular los concursos de jueces, cuya intención era evitar nombramientos manipulados. Sin embargo, la prosecretaria administrativa del juzgado federal de Rafaela, Mara Perrén, quien es esposa de Lorenzetti, se convirtió en un punto de controversia debido a su ingreso y posterior efectivización en el cargo.
Los integrantes de la coalición oficialista santafesina consideran que si Lorenzetti se siente incómodo con las designaciones actuales, debería haber rechazado su propia nominación en el pasado. Recordaron que fue designado en la Corte nacional por Néstor Kirchner en 2004, quien nombró a cinco de los siete miembros del tribunal.
Un ministro del gabinete de Pullaro, que prefirió mantener el anonimato, destacó que es llamativo que Lorenzetti critique el proceso de renovación de la Corte de Santa Fe, dado que este se llevó a cabo con un amplio consenso legislativo, incluyendo a la oposición. También recordaron el caso del juez Gastón Salmain, quien fue designado a pesar de haber sido destituido previamente por la Corte Suprema por corrupción.
La semana pasada, la Cámara Federal de Casación rechazó la solicitud de Santiago Busaniche para anular las causas en su contra, lo que reveló la presión que recibió el juez Carlos Mahiques para votar a favor de Busaniche, presiones que se vinculan con el entorno de Lorenzetti. La votación se realizó por mayoría, lo que generó un desequilibrio en el resultado.
Finalmente, Lorenzetti declaró que la prórroga solicitada por Mahiques para permanecer en su cargo, dado que ya superó los 75 años, es ilegítima e ilegal, lo que añade otra capa de tensión a la ya compleja situación judicial en la provincia.