Javier Milei tomó la decisión de reducir drásticamente los fondos destinados a obras esenciales en las provincias que lo apoyan, a través de la resolución administrativa 20/2026, la cual fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y lleva las firmas de Manuel Adorni y Luis "Toto" Caputo. Esta acción contraviene los acuerdos establecidos por Diego Santilli durante las negociaciones del Presupuesto y la reforma laboral.
A pesar de esta situación complicada, los gobernadores optaron por mantener un perfil bajo y evitar pronunciarse abiertamente. Algunos incluso buscaron justificaciones para minimizar el impacto de esta decisión gubernamental, como fue el caso del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien se vio afectado por la cancelación de una obra de saneamiento crucial.
Las obras que sufrieron recortes estaban incluidas en las partidas presupuestarias aprobadas en diciembre del año pasado, durante las sesiones extraordinarias, como parte de la ley de presupuesto. Esta norma requirió un arduo compromiso de las provincias, las cuales enviaron a sus legisladores a respaldar la ley de leyes de la Casa Rosada, a cambio de recursos necesarios para cada jurisdicción en áreas como educación, ciencia y tecnología, y defensa. Sin embargo, el gobierno no cumplió con lo acordado.
Como se informó anteriormente, Caputo se vio obligado a realizar un ajuste severo para cubrir un déficit financiero que supera los 2.000 millones de dólares, resultado de la caída en la recaudación provocada por la desaceleración económica que acompaña al modelo libertario que impulsa el gobierno de Milei.
La polémica se intensificó en Tucumán, donde se recortaron $7.359 millones destinados al Acueducto Vipos. Otras provincias también sufrieron ajustes significativos: Entre Ríos perdió $4.713 millones para el sistema de agua potable en Concordia, y Santa Fe vio un recorte de $4.284 millones que iba a financiar una planta depuradora en Rafaela. Todas estas obras son fundamentales para la infraestructura social básica de las regiones.
A pesar de la gravedad de la situación, los gobernadores aliados decidieron no escalar el conflicto. Sin embargo, se notaron diferencias en sus reacciones. El gobernador Maximiliano Pullaro envió a su vocera, Virginia Coudannes, a responder ante los medios sobre el recorte. "Vivimos de recorte en recorte: medicamentos, insumos y tecnología, prevención y tratamiento de cáncer, enfermedades transmisibles como VIH, lepra y otras herramientas para trabajar sobre salud sexual. Y también insumos para el Incucai... Nos preguntamos si estos funcionarios conocen los hospitales; si los han transitado... No sé si conocen lo que le pasa a la gente", expresó Coudannes.
El ajuste también afectó a Chubut, que perdió $4.121 millones para el Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia. Tanto Ignacio Torres como su par entrerriano, Rogelio Frigerio, participaron de un encuentro del campo junto a los gobernadores de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y Río Negro, Alberto Weretilneck. Desde el entorno de Torres y Frigerio, se insinuó que sus provincias habían sido beneficiadas anteriormente con un régimen de compensación de deudas, lo que se traduce en excusas en lugar de reclamos contundentes por parte de los gobernadores ante los incumplimientos del gobierno de Milei.
En realidad, el régimen de compensación de deudas se refiere a la renegociación de deudas bajo mejores condiciones, mientras que las obras de infraestructura social básica son una responsabilidad ineludible del Estado nacional. Otra provincia que se vio perjudicada por esta decisión administrativa fue Catamarca. El gobernador Raúl Jalil ofreció al gobierno un bloque de tres diputados tras el recambio parlamentario, antes de votar el Presupuesto en el Congreso, pero esto no fue suficiente para evitar el recorte que afectó a la obra en la Ruta Nacional 38, en el tramo límite con Tucumán.
La resolución publicada en el Boletín Oficial consta de apenas cuatro artículos, pero incluye dos anexos que suman más de 500 páginas. El recorte presupuestario para las obras de saneamiento también impactó en Salta, Río Negro y Chaco, otras provincias aliadas que han respaldado al gobierno en votaciones clave.