La privatización de Transener se asemeja a una partida de ajedrez donde el tablero está claramente inclinado. El Gobierno anunció la venta de su participación en la empresa por USD 200 millones, lo que provocó un desplome de más del 20% en el precio de la acción, generando suspicacias en el ámbito bursátil.
La secuencia de eventos fue contundente: un anuncio oficial, seguido de una caída abrupta en el mercado y la confirmación de un precio irrisorio. Según el balance de la compañía, su valuación real ronda los USD 320 millones, lo que indica que el Estado está vendiendo a un precio que representa un descuento cercano al 40%. Resulta evidente quién es el perdedor en esta transacción, mientras que el comprador, que permanece en el anonimato, entra en escena con una clara ventaja.
Las lecturas políticas sobre esta operación no se hicieron esperar. El economista Hernán Letcher planteó una teoría que sugiere que el apagón masivo que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no fue culpa de Edenor, sino de Transener. En sus palabras: “La pregunta es inevitable: ¿por qué Edenor salió a asumir la culpa? ¿Por qué se corre del centro a la transportista justo cuando se la quiere privatizar?”
El Gobierno, al ofrecer su parte de Transener a un precio de remate, no solo derrumbó el valor de la acción, sino que también perjudicó a Mindlin. En el sector circula una respuesta clara: ocultar o diluir la responsabilidad protege el proceso de venta. Esto es aún más relevante considerando que el Estado acaba de anunciar la venta de su participación a un valor que es notablemente inferior al valor patrimonial.
Antes de este anuncio, el Gobierno había cerrado un acuerdo crucial con Pampa Energía, el grupo liderado por Marcelo Mindlin, quien es accionista privado de Transener. Este acuerdo estableció que Pampa no bloquearía la privatización ni la judicializaría, lo que podría haber demorado la operación durante años. Sin este respaldo, la venta podría haberse visto paralizada.
El contenido de este pacto genera desconfianza. Pampa aceptó que el Estado realizara la venta primero y organizara el proceso, sin exigir un precio mínimo ni condiciones económicas. En la práctica, esto significa que Pampa acompañó una venta que se percibe como subvaluada. En el mercado, existe una regla básica: ningún accionista renuncia a su valor sin esperar algo a cambio.
La historia de Transener revela por qué los interesados en la compra son escasos y reconocidos. La concesión original fue otorgada en los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem, a un consorcio que incluía a National Grid y al grupo Pérez Companc. Tras la crisis de 2001, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, Pampa Energía adquirió el 50% que estaba en manos de los británicos. El otro 50% fue adquirido por Petrobras, que había comprado Pecom.
En 2007, durante la gestión de Néstor Kirchner, Petrobras se vio obligada a desprenderse de esos activos. En esa ocasión, Enarsa y Electroingeniería ingresaron, quedándose con la mitad de Citelec en sociedad con Pampa por unos USD 54 millones.
En 2016, el entonces ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, bloqueó el traspaso del 25% de Citelec que estaba en manos de Electroingeniería al Banco Macro, del grupo Brito, con el compromiso de una privatización que nunca se concretó. Ahora, bajo la administración de Javier Milei y con Luis Caputo al frente de la economía, el Estado vuelve a salir a la venta, nuevamente a un precio bajo.
La subasta exige un patrimonio neto mínimo de USD 500 millones y prohíbe la reventa de la participación por un período de tres años. Las condiciones son restrictivas. Por eso, en el sector no hay misterio sobre los posibles compradores. Los nombres que se repiten son los de siempre: Mindlin, el grupo Pérez Companc y Jorge Brito. Pocos jugadores, un activo estratégico y un precio deprimido.