Las revueltas policiales en Rosario han dejado una marca imborrable en la historia de la provincia. En el año 2005, un agente llamado Diego Navarro perdió la vida en un supermercado cuando su arma se trabó durante un asalto, mientras cumplía con su deber de custodia. En esa ocasión, el apagón del servicio fue total y se requirió la intervención de fuerzas federales para patrullar las calles. Más tarde, en 2013, un ex policía lanzó una amenaza telefónica al gobernador Bonfatti durante una protesta, lo que culminó en una condena condicional.
En esta ocasión, las protestas se intensificaron y se vieron marcadas por una particularidad que las distingue de las anteriores. Los reclamos, principalmente relacionados con mejoras salariales, fueron expresados abiertamente por cientos de uniformados que no temieron mostrarse y exigir sus derechos. Este hecho representó uno de los tres aspectos más destacados de la movilización de la policía de Santa Fe, que continuó hasta este miércoles.
Las demandas fueron claras y directas, con una policía que se sintió exaltada por el discurso del gobierno de Maximiliano Pullaro, que atribuía la disminución de los índices delictivos a su gestión, mientras que sus salarios se mantenían por debajo de la línea de pobreza. Muchos de los efectivos más jóvenes y de menor rango enfrentaban ingresos mensuales de apenas 700 mil pesos.
Este contexto fue muy expresivo, con policías compartiendo ante las cámaras de televisión sus dificultades económicas, generando una identificación inmediata con otros sectores laborales y sociales que también sufren las consecuencias de la crisis económica.
Después de un conflicto que parecía no tener fin, Pullaro anunció incrementos salariales significativos, lo que llevó a la policía a levantar la protesta.
Un segundo aspecto relevante de esta movilización revela un cambio sociológico en la base de la protesta, compuesta por hombres y mujeres menores de 30 años. Estos jóvenes, aunque alejados de los métodos tradicionales de acción colectiva, se formaron en un contexto donde el derecho a la reivindicación personal es fundamental, lo que desafía la antigua noción de obediencia absoluta en una estructura jerárquica. Un comisario con 22 años de carrera comentó: 'Los más jóvenes hoy discuten lo que les parece mal y plantean sus derechos, algo que a nosotros no se nos ocurría'.
Un tercer perfil de esta protesta se dio un año después de que más de 30 policías fueran detenidos en Rosario por un escandaloso fraude relacionado con combustible destinado a patrullas. Este fraude, que ascendía a 50 millones de pesos mensuales, fue orquestado por el jefe de la policía de Rosario y afectó a todas las secciones de la Agrupación Cuerpos, que se encargan del patrullaje.
La purga resultante de esta situación no solo renovó la fuerza, sino que también dejó un trasfondo de resentimiento, ya que tocó una caja histórica y consolidada dentro de la policía de Rosario.
Sin embargo, la precariedad económica fue el motor que impulsó la protesta. Este fue el fundamento más evidente y generó empatía en la población que siguió de cerca los acontecimientos. Un efectivo, con 11 años de servicio, expresó en una transmisión en vivo: 'Soy personal policial activo, mi salario es de 900 mil pesos, hago horas extras, no tengo buen descanso, mi obra social es paupérrima. Intento reparar teléfonos celulares como trabajo extra, pero no tengo tiempo. Soy consciente de las consecuencias, pero estoy aquí por la lucha de todos y por un salario digno'.
Testimonios como este se multiplicaron, mientras la cadena de mandos se encontraba rota. El jefe de policía provincial, Luis Maldonado, fue abucheado al acercarse a la Jefatura, en un momento en que el intendente Pablo Javkin reconoció que entre los que lo insultaban se encontraba un ex policía que en 2021 había sido agredido durante una marcha tras el asesinato del joven arquitecto Joaquín Pérez.
Los que suelen aprovecharse de estas manifestaciones quedaron lejos de enturbiar un reclamo masivo y, fundamentalmente, fácil de comprender y compartir. Pullaro se dio cuenta rápidamente de que la protesta era impulsada por el sector más joven de la policía, quienes son los que más trabajan en la calle y los que tienen los salarios más bajos.
Esta situación estalló por el lado de la seguridad y del personal. 'Veníamos trabajando por una recomposición que era necesaria, pero el suicidio de Chimi precipitó una protesta que tenía motivos lógicos', reconocieron desde el gobierno. Chimi es Oscar Valdéz, un policía de la ciudad de Vera que, tras despojar a una compañera de su arma, se disparó en la Jefatura.
El gobierno admitió que la cadena de mandos se había visto afectada por el reemplazo masivo de cuadros medios que fueron apartados por la causa del combustible. 'Los chicos formados por esos policías con causas judiciales se quedaron sin líderes laborales', afirmaron cerca de Pullaro. En este contexto, una veintena de jefes de calle se encuentran en prisión y su audiencia de apelación está programada para el 24 de febrero.
El mismo fiscal que imputó a 11 de los 20 policías que fueron apartados el lunes, cuando la protesta se intensificaba, es José Luis Caterina, quien también está a cargo de la causa. Desde las defensas de esos policías, explicaron que la continuidad de la causa penal podría permitirles volver al servicio, pero los mantiene con una causa administrativa que les priva de beneficios. Esto genera un malestar palpable entre muchos policías, quienes afirman que su protesta era de índole laboral, similar a las que se ven en todo el país, y que, como sostiene el gobierno, el servicio no se resintió.
También surgieron críticas en algunos sectores políticos y académicos, que consideran que el gobierno falló al intentar resolver un conflicto laboral a través de la persecución penal. Esto sitúa al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en una posición delicada, ya que se teme que se utilice políticamente. Actualmente, el gobierno enfrenta un dilema, ya que intentó dar marcha atrás con los que fueron apartados. 'El primero que debe poner límites es el Ejecutivo, que tiene como recurso la investigación y las sanciones administrativas. El camino penal es el último recurso que coloca al gobierno en una encrucijada', argumentan.
Los aumentos anunciados por Pullaro garantizan que ningún policía quede por debajo de la línea de pobreza, con incrementos que, según comentan los mismos efectivos, alcanzan hasta el 50 por ciento.
'La verdad de lo que pasa no se terminó. Hay que ver qué dicen los recibos de sueldo el 1° de marzo', comentó un ex policía que está en contacto con los activos. Gabriel Sarla, vocero de los policías durante la protesta, declaró que, a pesar de levantar la movilización, el 40 por ciento de los policías santafesinos queda fuera de los aumentos más significativos, aquellos que no están en la calle. Estos incrementos, al ser no remunerativos, no impactan en las jubilaciones y no benefician al personal retirado.
Los aumentos prometidos por Pullaro buscan asegurar que ningún policía quede por debajo de la línea de pobreza y, según los propios policías, en muchos casos representan subas de hasta el 50 por ciento. La anarquía en el reclamo, por la dispersión de grupos y la diversidad de demandas, generó constantes reacciones de descontento cada vez que un funcionario se pronunciaba. Hubo dos ocasiones en que se anunciaron aumentos o disminuciones de sanciones, y en ambos casos, la protesta se intensificó. Sin embargo, tras las declaraciones de Pullaro, donde reconoció la validez del reclamo, los manifestantes decidieron regresar al servicio.
Pullaro, quien conoce a la mayoría de los mandos medios de la época en que fue ministro de Seguridad entre 2015 y 2019, logró que su palabra fuera creída por muchos policías. Esto se debe a que, diez horas antes de que él hablara, el ministro de Economía Pablo Olivares había mencionado mecanismos de aumento similares sin que la rebeldía se desinflara. Esto demuestra que la policía volvió a la calle gracias al liderazgo de Pullaro. Muchos policías afirmaron que lo que sucedió fue que se entendió que había una respuesta y un reconocimiento. Sin embargo, se establecerá un control sobre el cumplimiento y la actualización de los ingresos, así como sobre la situación de los sancionados.
El gobernador respiró aliviado con el fin de la protesta, tras una semana en la que no solo los uniformados lo acorralaron. El sábado, el presidente Javier Milei visitó la provincia, lo que generó un clima tenso en las redes sociales debido a su decisión de no convertir en pesos los 800 millones de dólares que Santa Fe obtuvo en Wall Street para obras públicas. Pullaro fue abucheado durante un desfile militar por una multitud que, según se dice, estaba influenciada por los libertarios. A pesar de su relación ambigua y cercana a la Casa Rosada, el miércoles, los legisladores que lo apoyan votaron a favor de la reforma laboral, y el gobernador no dudó en criticar a Milei durante su discurso al anunciar los aumentos.
El gobernador enfatizó: 'Estamos esperando una reactivación económica real que hoy no existe. A pesar de que las arcas de la provincia están más flacas, consideramos que nuestro personal de fuerzas de seguridad merece este incremento debido a su dedicación y los resultados obtenidos en el plan de seguridad'.
Pullaro subrayó que la protesta no afectó el servicio policial. Es cierto que durante la movilización no se registraron incidentes graves y la respuesta al 911 se mantuvo con una leve demora. Sin embargo, es insostenible mantener el servicio con reemplazos de otros sectores a largo plazo.
El gobernador afirmó: 'En el peor momento tuvimos cuatro veces más policías en la calle que durante el gobierno de Perotti. Un 30 por ciento del personal operativo de la policía de Rosario fue el que llevó adelante el reclamo. En el turno, tenías 600 policías en la calle y muchos no estaban de servicio, pero fueron reemplazados. La velocidad de respuesta al 911, que en promedio es de seis minutos, se extendió a ocho minutos en el momento más crítico. Con Marcelo Sain, la respuesta era de 18 minutos, y con Jorge Lagna, de 20 minutos'.
Por su parte, Perotti ratificó en su cargo al jefe de policía provincial, Luis Maldonado, quien había ordenado desalojar a familiares de policías que bloqueaban el acceso a la Jefatura de Rosario. Sin embargo, se reemplazó al jefe de policía de Rosario por Danilo Villán, quien había sido jefe en 2020 bajo el mando del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y estaba retirado en ese momento.
Pullaro reconoció que hubo algo genuino y comprensible en la protesta, pero también mencionó que existió una interna policial que alimentó la anarquía del reclamo, con la participación de 'individuos no validados policialmente para representar' y 'un grupo consistente operando con mentiras en redes sociales'. En este contexto, 'los que estuvieron en la línea de fuego en los últimos años con mando medio están en prisión'.
Se notó esa dispersión, pero también la consistencia del reclamo, que no se puede desnaturalizar, ya que lo que movió principalmente la protesta fueron el salario y las condiciones laborales. Esto genera la pregunta sobre la posibilidad de abrir una vía hacia la sindicalización policial.
En la actualidad, la política se encuentra en una encrucijada debido a la falta de agremiación de una fuerza armada de trabajadores estatales. Esto impide descomprimir reclamos que surgen lógicamente por reivindicaciones laborales y de ingresos, ya que no hay interlocutores válidos que representen a una importante rama laboral. Pullaro no se muestra convencido con la idea de la sindicalización, mientras que el intendente de Rosario, Pablo Javkin, es más favorable a abrir esa puerta. Esta postura podría no solo desactivar el problema de encontrar interlocutores, sino también canalizar demandas propias de los trabajadores. En un escenario de crisis, esto se insinúa con reiteraciones más o menos rutinarias, acompañadas de amenazas de sanciones que avivan los conflictos y los cortes de servicio, que siempre representan un problema para la seguridad pública.