La Cámara Federal de Casación Penal bloqueó el intento del juez federal de Rosario, Gastón Salmain, de salir del país para irse de vacaciones a Europa. Este rechazo se produjo justo después de que el magistrado recibiera un procesamiento por tres delitos, entre los cuales se encuentra la gestión de un soborno que asciende a 200 mil dólares.
Salmain, originario de Buenos Aires y a cargo de uno de los juzgados civiles y comerciales de Rosario desde 2023, había apostado todas sus cartas para obtener la autorización de viajar a Madrid. A pesar de que la fecha de su viaje, programado para las fiestas de fin de año y con regreso previsto para enero, ya había expirado, continuó gestionando su permiso hasta el último momento.
El 26 de diciembre, el juez federal Carlos Vera Barros procesó a Salmain por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho pasivo y prevaricato. Los fiscales, que habían obtenido órdenes para secuestrar su teléfono y allanar su despacho, lo acusaron de haber ordenado al BCRA la venta de 10 millones de dólares al precio oficial a un fideicomiso de Rosario durante el cepo cambiario, a cambio de un soborno acordado con el administrador de dicho fondo.
Este panorama llevó a Salmain a presentar una serie de recursos, argumentando que la negativa a su viaje constituía una "sanción anticipada" y que le había causado un "daño institucional permanente".
El juez Vera Barros desestimó la solicitud de viaje, apoyándose en el dictamen contrario del fiscal Federico Reynares Solari. Ante esta situación, Salmain apeló a la Cámara Federal de Rosario, pero primero intentó recusar a dos de sus miembros, Elida Vidal y Silvina Andalaf Casiello, quienes continuaron en sus puestos gracias a la decisión del camarista Aníbal Pineda, que no aceptó el apartamiento. En medio de este proceso, Salmain denunció a Andalaf Casiello ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
La Cámara Federal de Rosario tuvo que intervenir debido a la particularidad del caso. Aunque la Justicia de Rosario había negado la salida del país al polémico juez, este logró que la Cámara Nacional de Casación Penal habilitara la feria judicial y que el tribunal de Rosario reconsiderara su decisión.
El camarista Mariano Borinsky fue quien impulsó esta revisión. Cabe recordar que Borinsky había tomado una decisión similar en un caso anterior, donde un coimputado, junto a otro juez de Rosario acusado de corrupción, solicitó que su situación fuera analizada bajo un sistema penal que está en desuso en la región. En esa ocasión, Borinsky aceptó el recurso, pero posteriormente, durante una audiencia pública, cambió de opinión y rechazó la solicitud.
Ahora, la Cámara Nacional de Casación Penal puso fin al intento de Salmain. Los jueces que revisaron su caso, además de Borinsky, fueron Juan Carlos Gemignani y Javier Carbajo, quienes consideraron inadmisible el planteo. Fuentes judiciales señalaron que la solicitud de Salmain no cumplía con los requisitos establecidos por el Código Procesal de la Nación. Indicaron que la resolución dictada en Rosario en diversas instancias está debidamente fundamentada y que no se advierte ningún apartamiento del derecho vigente que justifique la autorización de salida del país para Salmain.
El caso que complica a Salmain se resolvió inicialmente a fines de enero. Los fiscales sostienen que el juez acordó con el financista Fernando Whpei, administrador del fideicomiso Attila, el aval para que el Banco Central le vendiera 10 millones de dólares, a cambio de un soborno estimado en 200 mil dólares. En este trámite, también fue procesado el escribano santafesino Santiago Busaniche, señalado como un operador judicial vinculado a los servicios de inteligencia.
El esquema implicaba que los dólares obtenidos a precio oficial serían vendidos en el mercado paralelo, generando así una ganancia millonaria. Sin embargo, según declaró el empresario Whpei, quien desde octubre pasado actúa como imputado colaborador, un imprevisto redujo el monto del soborno. En diciembre de 2023, con el cambio de gobierno, se produjo una fuerte devaluación que afectó el acuerdo entre los involucrados. Salmain ya había autorizado la cautelar de Atila Fideicomiso SRL, que realizó una transferencia de 1.128.850 dólares a una firma en Países Bajos, pero la devaluación redujo la brecha cambiaria y, por ende, el monto del soborno.
Ante esta situación, Salmain se declaró incompetente en el amparo por 10 millones de dólares que había autorizado y derivó el trámite al Ministerio Público Fiscal para que iniciara una causa por posible estafa procesal, es decir, una acción maliciosa para inducir a un juez a fallar bajo engaño.
Salmain enfrenta diversas causas en el Consejo de la Magistratura, que están siendo tramitadas por dos instructores distintos, la consejera jueza Alejandra Provítola y el senador nacional Luis Juez. Estos legajos podrían implicar su destitución. Uno de los hechos más graves es la omisión de informar, cuando concursó como juez, que la Corte Suprema de la Nación lo había dejado cesante por unanimidad en 2002, tras ser acusado de ofrecer un soborno para direccionar un expediente en el tribunal donde trabajaba, eludiendo el mecanismo de sorteo.