El gobierno está dispuesto a eliminar el capítulo de ganancias de la reforma laboral con el fin de obtener el apoyo de los gobernadores. Este viernes, la nueva mesa política del gobierno se reunió para trazar la estrategia que les permita avanzar con la reforma laboral y rápidamente llegó a una conclusión: quitar el capítulo de ganancias que representa una pérdida de un billón y medio de pesos para las provincias.
La mesa está compuesta por figuras clave como Santiago Caputo, Diego Santilli, Manuel Adorni, Lule Menem, Patricia Bullrich y Martín Menem. Durante la primera parte de la reunión, se sumó Luis "Toto" Caputo para abordar específicamente el tema de las ganancias que los gobernadores piden eliminar.
La maniobra del gobierno de incluir una reforma impositiva dentro de la reforma laboral fue expuesta por el diputado Guillermo Michel, ex titular de la Aduana, en una columna exclusiva. El gran interrogante que surge es: ¿quién asume el costo de la reducción del impuesto a las ganancias de las grandes empresas?
Si se aprueba el artículo 191 de la reforma que el Ejecutivo envió al Congreso, las provincias enfrentarán un costo fiscal de 130 mil millones de pesos mensuales, lo que equivale a 1,5 billón de pesos anuales. Desde la Rosada argumentan que, gracias a esta reforma laboral, las provincias podrán compensar esa pérdida mediante la creación de empleo.
Sin embargo, los gobernadores no se dejan engañar con esta narrativa. Ellos apoyaron el Presupuesto 2026 para conocer de antemano cuántos fondos tendrán a su disposición, en un contexto mucho más realista que el futuro optimista que propone el Ejecutivo.
Fuentes del gobierno admitieron que están trabajando para moderar el impacto del artículo de ganancias, pero su intención es avanzar con la reforma a toda costa, buscando enviar una señal clara al mercado, al FMI y a la Casa Blanca. "Hay una reducción de impuestos que perjudicaría a las provincias, y la recuperación de recursos a través del empleo formal se daría a partir de 2027. ¿Qué sucede si en 2027 esa formalización no se concreta? Ese es el debate que estamos teniendo con los gobernadores", explicaron.
La estrategia de comunicación del gobierno se centrará en asegurar que realizarán cambios y que la votación se lleve a cabo a libro cerrado, tal como hicieron con el Presupuesto. Sin embargo, la oposición les asestó un duro golpe, lo que llevó a Javier Milei a considerar el veto a la ley de leyes. Los miembros más experimentados del gabinete creen que este artículo será el incentivo necesario para evitar que se desmorone la reforma. "La intención de los gobernadores es respaldar la reforma, pero necesitan demostrar que lograron frenar una crisis para regresar tranquilos a sus provincias", comentó una fuente involucrada en las negociaciones.