El Gobierno argentino enfrenta un panorama complicado al acumular incumplimientos frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y necesitar urgentemente que se liberen USD 1.000 millones en un desembolso pendiente. Esta situación se agrava por el hecho de que el organismo decidió postergar la revisión que estaba prevista para el año pasado.
Por esta razón, Javier Milei y su ministro de Economía, Caputo, debieron aceptar un nuevo esquema económico que incluye la acumulación de reservas y ajustes en las bandas de inflación, condiciones impuestas por el FMI. Desde el inicio del año, el Banco Central logró adquirir más de USD 230 millones, pero para evitar que el dólar se dispare, el Tesoro tuvo que vender más dólares de los que el Central compró, además de colocar bonos atados al dólar y operar intensamente en el mercado de futuros. Esta contradicción se perfila como un tema central en las futuras negociaciones con el organismo.
La revisión que debía realizar el FMI se movió de diciembre a enero, luego a febrero, y ahora se habla de marzo. Aunque no hay confirmaciones oficiales, se espera que en la conferencia quincenal del FMI, programada para el próximo jueves, se brinden algunas pistas sobre la situación.
La situación es crítica, ya que Morgan Stanley advierte que Milei enfrenta un déficit de USD 5.000 millones para afrontar los vencimientos de este año. El calendario de pagos no da tregua: en febrero se deben abonar USD 860 millones, un monto similar al que se debía en diciembre. En esa ocasión, no hubo revisión, lo que significó que tampoco se liberaron fondos. Sin embargo, en ese momento, un salvataje inesperado llegó de la mano de Scott Bessent, quien prestó Derechos Especiales de Giro que se pagaron recientemente. Nadie ha aclarado de dónde provinieron los fondos para saldar esa deuda, ni quién fue el prestamista, ni a qué plazo o tasa se realizó el préstamo. Esta gestión del Banco Central se recordará por su notable falta de transparencia.
En el fondo de esta crisis, Argentina se aleja de cumplir las metas acordadas. Un indicador claro es el estado de las reservas: las reservas internacionales netas muestran un déficit superior a USD 16.000 millones. Para cumplir con las exigencias del FMI, el país debería tener un déficit de solo USD 1.000 millones, lo que implica una distancia de aproximadamente USD 15.000 millones respecto a la meta.
Con estos números en la mesa, el mercado anticipa lo que ya es habitual: un nuevo waiver, esa dispensa recurrente que acompaña la mayoría de los acuerdos de Argentina con el FMI. Este recurso se ha convertido en un comodín histórico que permite continuar, incluso cuando las cuentas no cierran.
Sin embargo, el aspecto más delicado es el fiscal, que paradójicamente se presenta como el único activo sólido que el Gobierno ha podido mostrar hasta ahora. Esto se logró a través de un ajuste severo durante su primer año de gestión. La meta que se estableció con el FMI para 2024 era un superávit primario del 1,6% del PIB, pero el resultado superó las expectativas, alcanzando un 1,8% de superávit primario y un 0,3% de superávit financiero.
En 2025, el contexto se tornó más complejo. A pesar de mantener la misma meta, la recaudación cayó casi un punto del PIB en comparación con 2024, y se estima que el segundo año de la gestión libertaria cerró con un superávit primario cercano al 1%.
Según proyecciones preliminares de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el resultado primario de la administración pública nacional fue del 1,07% del PIB, mientras que el resultado financiero se estima deficitario en 0,08%. Estos números no incluyen las utilidades del Banco Central y están alineados con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda.
El dato oficial se conocerá el próximo viernes, pero diciembre ya anticipa tensiones. En ese mes, el gasto creció un 4% interanual en términos reales, según la consultora Analytica. Los subsidios económicos tuvieron un fuerte impacto, aumentando un 45%, impulsados por los costos energéticos que se dispararon un 253,9% anual. También aumentaron las transferencias a las provincias en un 22,7%, y el gasto en jubilaciones y pensiones creció un 6,6%.
En contraste, la obra pública sufrió una caída del 45,8% y las transferencias de capital se desplomaron un 50,7%.