Presionado por la caída de la recaudación, Luis "Toto" Caputo busca saldar las deudas que el Estado mantiene con las empresas constructoras mediante la emisión de un bono. Este escenario surge tras la escasa continuidad de las obras públicas bajo el gobierno de Javier Milei, quien durante su campaña electoral utilizó un discurso libertario que criticaba fuertemente la intervención estatal en la construcción.
A pesar de la retórica de Milei, algunas obras se mantuvieron, aunque de manera limitada y sin un criterio claro. La mayoría de los proyectos heredados del gobierno de Alberto Fernández quedaron en el abandono, a excepción de ciertos trabajos de mejora en la red ferroviaria y algunos tramos de rutas que contaban con financiamiento de la CAF, fondos que el actual gobierno debe reponer.
Además, se reveló que Caputo habilitó obras menores en municipios afines al gobierno, aunque de manera clandestina. Intendentes del interior bonaerense informaron que se les pidió no colocar carteles de obra para no contradecir el discurso antiobra pública que promueve Milei, una postura que muchos consideran absurda.
Los pagos a las empresas constructoras se habían estado cumpliendo, pero la drástica caída en la recaudación, que en febrero casi alcanzó el diez por ciento, dejó al Ministerio de Economía sin los fondos necesarios. Esta situación crítica podría prolongarse hasta mayo, según indicaron fuentes del sector.
Caputo anticipa un trimestre complicado debido a la caída de ingresos y la falta de crédito. En este contexto, se enfrenta a un dilema: no tiene los recursos para saldar las deudas acumuladas con las empresas, pero a su vez, necesita su colaboración para reactivar una economía que se aproxima a una peligrosa estanflación. Un experto en Presupuesto comentó que el principal desafío de Caputo radica en que la disminución de la recaudación es alarmante y que su única opción para mantener el superávit es postergar todas las obligaciones que pueda del Estado.
Con el objetivo de encontrar una solución, Caputo convocó a los empresarios de la Cámara de la Construcción (Camarco) para la próxima semana con la propuesta de un bono de obra pública, similar a los Bopreal, que se emitieron para cancelar deudas comerciales con importadores hasta diciembre de 2023. La idea del gobierno, que se presenta como promercado, es que este bono se acepte de forma voluntaria por parte de los empresarios.
No obstante, entre los constructores de Camarco ya se percibe un clima de rechazo absoluto hacia la propuesta. La desconfianza es palpable, ya que muchos se preguntan quién estaría dispuesto a aceptar un bono relacionado con la criticada obra pública argentina, especialmente después de que tanto Caputo como Milei catalogaran este sector como un "curro" de la política.