Las manifestaciones de policías en Santa Fe llevaron al gobierno provincial a otorgar un aumento salarial de emergencia a algunos efectivos. Este movimiento se produjo en medio de una serie de protestas que amenazaban con expandirse, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas inmediatas para calmar el descontento generalizado por la difícil situación económica que atraviesan los agentes de seguridad.
Las protestas se hicieron visibles el miércoles, cuando un grupo de policías bloqueó el acceso principal de la Jefatura de Rosario. La manifestación continuó hasta la noche y también se replicó en la plaza 25 de Mayo de la ciudad de Santa Fe, frente al edificio gubernamental. En respuesta, el jueves por la mañana, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, se reunió con representantes de los manifestantes durante dos horas, donde se consideraron algunos de los reclamos planteados. Esa misma noche, el gobierno anunció un plan de acción que incluyó un desembolso inmediato de fondos para el personal que realiza tareas en la calle.
Entre las mejoras económicas, se estableció un plus mensual de 500 mil pesos para el personal operativo en Rosario, Santa Fe y otras áreas urbanas de alta demanda. Para ciudades con menor necesidad de seguridad, el incremento será de 250 mil pesos. Además, los choferes de patrulleros recibirán un adicional de 250 mil pesos. La tarjeta alimentaria policial (TAP) también se ajustará, pasando de 80 mil a 160 mil pesos mensuales, y se actualizarán las horas extras, que aumentarán de 5.500 a 8.000 pesos.
El gobierno también implementó un fondo destinado a transporte gratuito y alojamiento sin costo para aquellos policías que prestan servicio lejos de sus hogares. Asimismo, se lanzó un programa integral de salud mental que incluye cobertura para los familiares de los efectivos.
Estas medidas lograron, al menos temporalmente, frenar las protestas que habían surgido a partir de un petitorio que circuló en redes sociales, exigiendo “salario digno”, “jornadas laborales justas”, “mejores condiciones laborales” y “no más familias bajo la línea de pobreza”. El descontento se intensificó tras la muerte de un suboficial de 32 años que, separado del servicio y con problemas de salud, se disparó en la Jefatura de Rosario.
Policías de diferentes rangos expresaron, en conversaciones con este medio, que el anuncio de mejoras salariales, aunque alivia momentáneamente la situación, no resuelve el problema de fondo. En Santa Fe, el personal de calle representa entre el 35 y el 40 por ciento de la fuerza total, lo que significa que la mayoría de los efectivos no se beneficiará con estos aumentos. Además, recalcaron que el dinero otorgado no es remunerativo, lo que no soluciona el problema del salario base, que se sitúa en 220 mil pesos para un suboficial, lo que muchos consideran un salario de pobreza.
El ministro Cococcioni reconoció que las mejoras no abarcan a todos los efectivos, pero justificó la decisión al indicar que se retribuyó a aquellos que cumplen funciones más exigentes y desgastantes. A pesar de esto, muchos policías siguen sin ver cambios significativos en sus ingresos.
El gobierno de Pullaro ha señalado en múltiples ocasiones que la policía es un factor clave en la disminución de los índices de violencia en la provincia, especialmente en Rosario, donde entre 2013 y 2023, los homicidios y balaceras se duplicaron. Sin embargo, entre 2024 y 2025, esos números se redujeron drásticamente, alcanzando niveles similares a los de 2010, antes del auge del narcotráfico.
El ministro destacó que las medidas implementadas no representan un costo significativo para el gobierno. “Desde que comenzamos esta gestión, nuestra misión ha sido devolver la tranquilidad y reducir la violencia en Santa Fe, y la policía ha respondido a esa demanda”, afirmó. “Tomaremos todas las medidas necesarias para mejorar la situación de los policías”, agregó.
A pesar de que las tensiones se han aliviado con el anuncio de mejoras, los policías aún tienen pendientes otras demandas relacionadas con sus condiciones laborales. Una de ellas es la modificación del régimen de trabajo, que pasó a ser de 12 horas de trabajo por 36 horas de descanso. Aunque el gobierno argumenta que esto ha reducido el ausentismo, muchos efectivos consideran que las horas de descanso son insuficientes, especialmente para aquellos que deben viajar largas distancias para regresar a sus hogares.
La situación parece haberse normalizado en las unidades regionales de la provincia tras el anuncio del aumento, pero los reclamos persisten. Los policías afirman que las mejoras son segmentadas y no impactan en la mayoría del personal, lo que mantiene viva la llama de la protesta.