La alarmante crisis sanitaria provocada por los lotes de fentanilo contaminado se intensifica, con el reporte de veinte nuevas muertes que elevan el total a 97 fallecidos en todo el país. Esta situación crítica, que afecta particularmente a la provincia de Santa Fe, ya suma 50 decesos confirmados según información verificada por la Justicia.
Fuentes oficiales del gobierno santafesino confirmaron que las últimas siete víctimas provienen del Sanatorio Diagnóstico en la ciudad de Santa Fe. Además, el pasado domingo, se habían reportado otras ocho muertes en la ciudad de Rosario, ocurridas en dos sanatorios privados: el Hospital Italiano y el Sanatorio Laprida.
Este martes, las autoridades también informaron sobre nueve decesos en Bahía Blanca, tres en Formosa y uno en Córdoba, sumando así un total de veinte muertes en el último informe. La crisis sanitaria, que ya se traduce en casi un centenar de muertes, expone las serias falencias en el control de la información pública por parte de las autoridades de salud, que aún no han integrado estos casos en el sistema sanitario nacional. De hecho, el juzgado que investiga la situación señala que el número de muertes por fentanilo tóxico podría ser el doble de lo que reporta la salud pública nacional.
El juez federal N° 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, quien lidera la investigación sobre el fentanilo, advirtió que las autoridades no están reportando adecuadamente los casos graves o fatales. Estos se identifican a partir de diligencias realizadas por el juzgado, ya sea a través de denuncias de familiares de pacientes o por los propios sanatorios privados cuando se detectan circunstancias sospechosas. Esto pone de manifiesto una alarmante falta de supervisión que impide conocer la verdadera magnitud de la crisis. Las muertes reportadas no son recientes, sino que se confirman ahora a medida que las familias de los pacientes fallecidos presentan sus casos ante el juzgado.
La situación revela las serias falencias del Ministerio de Salud de la Nación, y en particular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), responsable del control de las sustancias farmacéuticas que se comercializan en el país. Sturzenegger, un funcionario del gobierno, responsabilizó a ANMAT por las muertes relacionadas con el fentanilo, lo que desató una interna con Lugones.
Las complicaciones surgidas por la aplicación del lote de fentanilo contaminado, que contenía las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, han ocasionado la muerte de personas, muchas de las cuales eran pacientes de edad avanzada. Sin embargo, también se reportaron fallecimientos de individuos que ingresaron a cirugías programadas de bajo riesgo, donde se les administró fentanilo, un anestésico comúnmente utilizado.
Los lotes de fentanilo, numerados 31202 y 31.244, fueron producidos por el Laboratorio Ramallo, bajo la supervisión de HLB Pharma, a mediados de diciembre de 2024, y llegaron al mercado el 4 de enero de 2025. La magnitud de esta crisis, que ya cuenta con un listado provisorio de víctimas cuyo desenlace es incierto, pone en evidencia un déficit crítico en el control de las autoridades de salud sobre la información pública.
En Rosario, se detectaron partidas contaminadas en febrero, cuando comenzaron a surgir casos de intoxicación en el Hospital Clemente Álvarez. Sin embargo, fue recién el 8 de mayo que ANMAT lanzó una alerta sobre los lotes peligrosos. Un funcionario del gabinete del intendente Pablo Javkin, quien actúa como querellante en la causa judicial en La Plata, expresó que la demora de más de tres meses es extremadamente grave y difícil de desligar del desmantelamiento de los órganos de control.
Las autoridades del gobierno de Maximiliano Pullaro fueron escuetas en sus declaraciones sobre las siete muertes en la provincia, que ya suman 15 reportadas en los últimos cuatro días. Confirmaron que la provincia ha proporcionado al juzgado de Kreplak documentación sobre decesos presuntamente vinculados al fentanilo contaminado. Un funcionario del Ministerio de Salud provincial indicó que efectivamente hay casos del Sanatorio Diagnóstico en Santa Fe.
Otras fuentes del ámbito de la salud pública señalaron que no se espera que haya más muertes en el sistema público, ya que todos los casos sospechosos han sido rastreados y comunicados al juzgado. “Con esta fragilidad opera el sistema nacional. Ahora comienzan a surgir casos de pacientes o sus familiares que solicitan las historias clínicas de los hospitales. Es una gran precariedad, acentuada por un gobierno nacional que renuncia a los controles del sistema público por razones ideológicas”, afirmó un funcionario municipal de Rosario.
El juez Kreplak, en una entrevista radial, advirtió sobre la gravedad de la crisis, señalando que “esto no ha llegado a su punto máximo; lamentablemente, con el paso de los días, el número de víctimas podría aumentar”.