Los trabajadores de Coviara, la empresa constructora vinculada a la Armada, anunciaron un paro de 72 horas que profundiza la crisis en el ministerio de Defensa, liderado por Luis Petri.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicó esta decisión mediante una carta dirigida al presidente de la empresa, Leonardo Salvini, donde se confirma la medida de fuerza programada para los días 22, 23 y 24 de septiembre. Este reclamo surge ante la falta de pago de salarios, paritarias y bonificaciones atrasadas, así como también por las cargas sociales impagas, las deficientes condiciones de higiene y seguridad, y la ausencia de información sobre el futuro de la empresa.
En el documento, ATE exige una reunión urgente para asegurar la continuidad de los puestos de trabajo, el pago de los salarios pendientes, el cese de las políticas de ajuste, la reactivación de la empresa y la resolución de otras demandas críticas. Este paro representa el segundo en el actual período de gestión, siendo el primero en julio, marcando un hito en la historia de Coviara.
Se había anticipado en junio que existía un creciente malestar entre los militares debido a la intención de Petri de cerrar Coviara, un organismo creado originalmente para la construcción de viviendas para la Armada y la Marina, que con el tiempo se expandió a las fuerzas de seguridad y participa en diversos proyectos inmobiliarios del ministerio de Defensa.
Históricamente, Coviara había sido un símbolo de estabilidad laboral, ya que en sus 60 años de existencia nunca se había registrado un paro, y sus empleados, en su mayoría provenientes de familias militares, habían rehuido de cualquier afiliación sindical.
Una fuente cercana a Coviara reveló que la situación actual es tan crítica como la del IOSFA, aunque en menor escala. Actualmente, 38 empleados enfrentan la falta de pago de sus sueldos, o los reciben de manera irregular, además de que no se están realizando los aportes patronales. Hasta la fecha, la empresa acumula una deuda de 1200 millones de pesos con proveedores.
El mismo informante indicó que la empresa fue recibida con un leve superávit de entre 40 y 50 millones de pesos anuales, pero en la actualidad enfrenta una deuda que supera los mil millones. Además, no pueden cubrir ni las expensas del edificio donde funcionan sus oficinas.
El pasado 25 de agosto, los trabajadores fueron notificados sobre una propuesta para decidir si aceptaban ser trasladados a otros puestos de trabajo. Ante la falta de claridad sobre las condiciones, optaron por rechazar la oferta y se mantuvieron en estado de alerta para resguardar sus empleos.
Como respuesta a esta situación, el ministerio de Defensa decidió desplazar a Mario Katzenell, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, quien tenía bajo su responsabilidad a la empresa del Ejército. En su lugar fue designada Luciana Carrasco, jefa de gabinete del ministerio, quien envió un grupo de funcionarios, entre ellos una abogada, para evaluar la situación de Coviara.
Este contexto se suma a las críticas hacia Petri, quien enfrenta un creciente descontento por sus decisiones, que incluyen recortes en la cobertura de la obra social, la crisis en el Instituto Dámasso Centeno, rumores sobre el cierre del Hospital Naval y la eliminación del Fondo de Defensa del Presupuesto 2026, lo cual podría afectar el financiamiento de las Fuerzas Armadas y complicar la operatividad de los F-16.