Una intensa disputa entre la Justicia Federal y la de Santa Fe acerca de quién debe manejar los casos de criminales involucrados en actividades ilícitas, que a menudo van acompañadas de violencia, ha vuelto a intensificarse. Un juez federal radicado en Rosario rechazó de manera contundente las solicitudes de colegas provinciales que le enviaron a la Justicia Federal casos relacionados con grupos vinculados al narcotráfico. No solo devolvió las causas a cuatro magistrados, sino que también exigió a fiscales y a la Corte Suprema de Santa Fe que investiguen si una camarista de Rosario, al delegar expedientes, incurrió en delitos.
La postura del magistrado federal es clara, ya que solicita que se indague si existen errores funcionales o ilícitos por parte de su colega provincial. Además, sostiene que la Justicia provincial le remite casos de narcotráfico basados en discusiones que se consideran "superadas hace 20 años" en la jurisprudencia, advirtiendo que las demoras en estos casos pueden tener consecuencias violentas irreparables.
Este conflicto se desató hace un mes, cuando el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, expresó su descontento de forma inusual hacia los camaristas de la Justicia de Rosario. Merlo argumentó que estos obstaculizaban las investigaciones de venta de drogas, ya que enviaban los casos a la Justicia Federal, lo que, a su juicio, generaba demoras que beneficiaban a los delincuentes.
El fiscal advirtió que esta situación podría resultar en "más homicidios y balaceras" en las calles de la ciudad, y que los responsables deberían asumir las consecuencias. En respuesta, los camaristas lo acusaron de emitir un comentario temerario y falaz, argumentando que estaba generando una coacción institucional y atentando contra la independencia del Poder Judicial.
El juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz fue contundente en su crítica hacia la camarista Gabriela Sansó, al devolverle un expediente que ella había enviado a la Justicia Federal, lo que desató la controversia. En esta polémica, el gobernador Maximiliano Pullaro intervino, alineándose claramente con el fiscal regional Merlo, y, según varios análisis, actuó como su verdadero impulsor.
Sansó había remitido a la Justicia Federal una causa que involucraba a 40 imputados relacionados con la barra brava de Newell's y delitos de competencia ordinaria, aunque vinculados al narcotráfico. En una audiencia, el juez Rodrigues Da Cruz le respondió que lo que la magistrada y las defensas de los acusados habían pasado por alto es que las conductas en cuestión eran por casos de microtráfico, es decir, comercio urbano de drogas, que desde 2024 son competencia provincial en Santa Fe.
El magistrado federal considera que su visión coincide con la de los fiscales provinciales que se ocupan del microtráfico y con la del propio gobierno de Pullaro. Aseguran que algunos camaristas, amparados en normativas vigentes, subestiman las consecuencias de estas remisiones de causas en la violencia que se genera, la cual tiende a aumentar en medio de las demoras. Tanto el gobierno santafesino como la Municipalidad de Rosario sostienen que cada vez que hay demoras en un caso, falta de entendimiento o errores jurídicos, las muertes en la calle aumentan.
La controversia tuvo especial relevancia en Villa Gobernador Gálvez, una ciudad adyacente a Rosario. Los fiscales provinciales Pablo Socca y Brenda Debiasi llevaron a cabo una intervención sobre una banda de conocidos actores del narcomenudeo, solicitando 100 allanamientos simultáneos que resultaron en 38 detenciones. Los principales detenidos están vinculados a la violencia: Jano Fernández, quien maneja los negocios de droga de Pupito Avalle, el Pollo Vinardi y el Toro Escobar. Los fiscales indicaron que tras esta intervención, las balaceras en la zona disminuyeron un 33%, los heridos por arma de fuego un 35% y los homicidios un 25%.
La camarista Sansó decidió remitir el caso a la Justicia Federal al considerar que existía una conexión objetiva y subjetiva con otras causas en trámite allí. Sin embargo, su colega del ámbito federal la criticó fuertemente, argumentando que estaba claro que las detenciones estaban relacionadas con un caso de venta al consumidor, que no se trataba de narcotráfico y que había suficiente jurisprudencia que permitía que fiscales provinciales continuaran con el caso.
También se mencionó que la magistrada desconoce la doctrina y la jurisprudencia. El 6 de marzo, los colegios de jueces provinciales y federales en Rosario habían firmado un convenio de cooperación para resolver con celeridad estos casos, lo que, aparentemente, la jueza ignoró al emitir su fallo. Por estas razones, el juez federal solicitó a los fiscales que investiguen a la camarista. Según su criterio, su decisión incrementó la litigiosidad, privó a los implicados de respuestas rápidas y obstaculizó a los investigadores. Por lo tanto, pidió a la Fiscalía Regional de Rosario y a la Corte Suprema de Santa Fe que determinen si Sansó, al desprenderse de la causa y alegar su incompetencia, incurrió en delitos de acción pública.
Sin la misma contundencia, pero con críticas jurídicas similares, el juez Rodrigues Da Cruz ya había rechazado planteos de incompetencia de camaristas provinciales que enviaban expedientes a la Justicia Federal.
Para los fiscales provinciales, el microtráfico no es solo la venta de drogas, sino que también es lo que alimenta la violencia territorial en Rosario. Este delito provoca balaceras, disputas entre bandas, amenazas y usurpaciones. Por ello, los fiscales que trabajan en casos de narcomenudeo elaboran investigaciones centradas en focos territoriales o en bandas que operan en áreas críticas. El gobierno sostiene que este es uno de los factores principales que han llevado a que la violencia de alta letalidad en Rosario, medida en homicidios, haya disminuido más del 50 por ciento en dos años.
Otro caso que la Justicia Federal devolvió con quejas es uno que el camarista Javier Beltramone había remitido en marzo, relacionado con ocho personas detenidas en cárceles y comisarías por comercio de drogas en los barrios Cerámica y Nuevo Alberdi. Rodrigues Da Cruz rechazó lo planteado por Beltramone y citó jurisprudencia de la Corte, buscando evitar dilaciones procesales, planteos inútiles ya superados hace 20 años y decisiones contradictorias que afecten la economía procesal, la celeridad y la correcta administración de justicia.
Asimismo, hizo lo mismo con las resoluciones de las camaristas provinciales Carolina Hernández y Bibiana Alonso. En este último caso, también solicitó a la Corte que revisara la conducta funcional de la magistrada.