Un tribunal de Rosario dictó condena a seis policías que formaban parte de un grupo táctico de la provincia de Santa Fe, quienes fueron hallados culpables de una serie de delitos aberrantes. Estos efectivos no solo se dedicaron a mejicanear partidas de cocaína a distribuidores, sino que también llevaron a cabo allanamientos ilegales haciéndolos pasar por procedimientos regulares para incautar drogas. Además, torturaron a algunos dealers utilizando picana eléctrica para obtener información sobre sus proveedores.
La situación se asemeja a un guion de película de acción extrema, donde los policías rosarinos se burlan de la justicia y asaltan propiedades con la certeza de que no enfrentarán consecuencias. Un niño de ocho años, testigo del horror, relató lo sucedido durante un allanamiento ilegal, brindando su testimonio a través de una cámara Gesell desde el norte del país, ya que las víctimas fueron trasladadas de Rosario tras sufrir esta brutalidad.
Los condenados pertenecen al Grupo Alfa de la Policía de Acción Táctica de la Regional Rosario. Ante la abrumadora evidencia, aceptaron su culpabilidad en juicios abreviados, reconociendo delitos de tortura, allanamiento ilegal, falsificación de documentos y venta de drogas. Sin embargo, el jefe del grupo aún aguarda su juicio oral y público. Los fiscales federales consideraron que, dada la gravedad del caso, el máximo responsable, un oficial con apenas ocho años de servicio, debe enfrentar una audiencia pública.
Los detalles de los crímenes son escalofriantes. El jefe del grupo se jactó de cómo sometieron a dos distribuidores a descargas eléctricas para que revelaran quiénes eran sus proveedores. Con risas, relataban cómo torturaron a un hombre en un baldío, evidenciando un sadismo alarmante y naturalizado. Uno de los policías comentó: "Cómo lloraba el de la vía", mientras otro respondía que necesitaba "dar otra sesión de masajes eléctricos".
Los hechos que llevaron a las condenas son tres. El primero ocurrió el 13 de agosto de 2024, cuando seis suboficiales del grupo ALFA irrumpieron en una casa de la calle Forest 5624 sin orden judicial. Allí, redujeron a Diego Andrés Inturias y José Luis Linares, junto a Perla Requejo y dos niños de ocho y un año, manteniéndolos cautivos durante 50 minutos. En ese tiempo, se apropiaron de más de una decena de panes de cocaína, que Inturias estimó entre 12 y 15 kilos, además de armas de fuego, cuchillos de colección y 50 mil dólares.
El segundo hecho involucra a los mismos oficiales que realizaron el allanamiento violento, quienes vendieron al menos cuatro de esos ladrillos de cocaína en la ciudad de Santa Fe, según consta en sus propios teléfonos. Este hecho también llevó a la condena de tres familiares del jefe del grupo, incluyendo a su esposa y dos cuñados.
El tercer incidente, el más atroz, consistió en la tortura de Daniel Yufra y Jonatan Leiva. Los policías les aplicaron descargas eléctricas para extraer información sobre el proveedor de la cocaína que poseían. Ambos fueron detenidos en la vía pública el mismo día del primer allanamiento. Tras obtener la información deseada, los policías se dirigieron a una casa donde sabían que había una gran cantidad de droga, todo sin ningún tipo de autorización judicial.
El único que queda pendiente de juicio oral es el jefe del grupo, el oficial Guillermo Toledo. En una conversación grabada, Toledo se jactó de cómo obtuvieron información para localizar 15 ladrillos de cocaína. Relató con desprecio cómo torturaron a un sospechoso, describiendo los brutales métodos que utilizaron. "Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos", dijo Toledo, mostrando una total falta de remordimiento.
Las conversaciones entre los policías revelaron un patrón de conducta ilegal. En una charla previa, Toledo instruyó a un subalterno sobre cómo obtener información de manera ilícita, describiendo cómo debían actuar en operativos. La fiscal María Virginia Sosa calificó a Toledo como un "verdadero pedagogo de la ilegalidad".
La reconstrucción de estos hechos se logró gracias a un equipo fiscal liderado por Javier Arzubi Calvo, que localizó a los dealers torturados a partir de testimonios de testigos que los vieron llorando en una camioneta. La evidencia de la tortura con picana eléctrica fue corroborada por las propias conversaciones de los policías, donde mencionaban un lugar donde "volvieron a activar" la tortura.
Un dato alarmante es la juventud de los condenados, quienes no superaban los 36 años en el momento de los hechos. Los fiscales subrayaron que estas prácticas son viejas costumbres de la policía, llevadas a cabo por uniformados nuevos. Un testimonio de uno de los dealers torturados destaca cómo fueron capturados en la vía pública y sometidos a torturas. "Nos hacían agachar la cabeza y se reían", relató.
Los relatos de los dealers son impactantes y transparentes, ya que la completa ilegalidad de los operativos policiales los exime de condena. Diego Inturias, uno de los capturados, narró cómo los policías irrumpieron en su casa y le ofrecieron un trato para reducir su condena a cambio de información sobre su familia.
El equipo de fiscales, encabezado por Javier Arzubi Calvo y María Virginia Sosa, logró que varios de los policías aceptaran condenas en juicios abreviados. Jesús Angel Balais recibió 7 años de prisión efectiva, mientras que otros como Fernando Nicolás Ferreira y Iván Severino Schneider también fueron condenados a penas significativas. Las condenas son de cumplimiento efectivo y se extienden a familiares de Toledo que participaron en la comercialización de la droga.
Guillermo Toledo, en el centro de esta trama, está buscando un acuerdo parcial de reconocimiento de culpa, aunque su caso se someterá a un juicio de cesura donde se discutirá su pena en una audiencia pública. Los fiscales destacaron que la principal preocupación de Toledo no era la legalidad de sus acciones, sino el temor a que le robaran la droga que él mismo había sustraído.