En un ambiente de paranoia total, el gobierno argentino tomó la drástica decisión de cancelar las acreditaciones de todos los periodistas que cubren las actividades en la Casa Rosada y clausurar la sala destinada a la prensa. Este hecho no tiene precedentes en los últimos 50 años, ni siquiera durante la época de la Dictadura.
Los comunicadores, que normalmente acceden a la sede gubernamental mediante su huella dactilar, se encontraron con la prohibición de ingresar justo cuando se llevaba a cabo una reunión entre Javier Milei y Peter Thiel, el fundador de la empresa de ciberespionaje Palantir, figura emblemática del libertarismo global. Thiel, al parecer, tiene un interés particular en observar de cerca el fenómeno mileista.
Frente a esta situación, los periodistas acreditados se vieron obligados a realizar su trabajo desde la cafetería Pertutti, ubicada a pocos metros de la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo. La justificación oficial que presentó el gobierno fue la anulación de la prórroga que extendía hasta abril las acreditaciones que habían vencido el 31 de marzo.
Hace tres semanas, el oficialismo había utilizado un informe polémico que denunciaba acciones de propaganda rusa con el objetivo de desestabilizar a Milei, como excusa para retirar la acreditación de ciertos medios durante más de 15 días.
En un nuevo giro, se supo que la decisión de suspender las acreditaciones se tomó después de que un equipo de TN grabara algunos pasillos de la Casa de Gobierno sin autorización, utilizando unas gafas Ray-ban con cámara incorporada. Este dispositivo, aunque aún no se ha popularizado en el consumo cotidiano, ha generado preocupación entre las autoridades.
El gobierno, siempre listo para atacar a los medios, presentó una denuncia penal contra Ignacio Salerno y Luciana Geuna, mientras que Milei se despachó contra los periodistas tildándolos de "basuras repugnantes".
Recientemente, se reveló que el gobierno también tiene planes de enviar un proyecto al Congreso que obligaría a los periodistas a presentar declaraciones juradas, como si fueran funcionarios públicos. Esta medida refleja un claro intento de controlar y limitar la actividad periodística en el país.