Javier Milei firmó un decreto en la noche del jueves, instruyendo a la Procuración del Tesoro a retirar la querella criminal contra Mauricio Macri y Luis "Toto" Caputo por la deuda contraída con el FMI durante los años 2018 y 2019. Esta decisión se produjo apenas tres días después de que la jueza María Eugenia Capuchetti decidiera archivar la causa. Cabe recordar que Capuchetti fue designada jueza por Macri y mantiene estrechos vínculos con destacados miembros del PRO.
La resolución de la jueza generó controversia, al punto que el fiscal Franco Picardi decidió apelar el cierre del caso. Sin embargo, en un giro notable, Milei retiró al Estado de la investigación que debía esclarecer el destino de más de USD 41 mil millones que el FMI otorgó a Macri, los cuales se perdieron en medio de las corridas cambiarias que enfrentó el ex presidente. Fuentes cercanas a la decisión de Milei aclararon que su intención no fue proteger a Macri, sino más bien favorecer a su ministro de Economía y al responsable de Desregulación, Federico Sturzenegger, quienes jugaron un papel crucial en la gestión de aquel préstamo.
Resulta curioso que, antes de asumir la presidencia, Milei había criticado ferozmente el préstamo que Macri y Caputo habían negociado con el FMI. Argentina enfrenta la obligación de abonar USD 57.000 millones en deuda en los próximos dieciocho meses. El decreto de Milei, identificado como el 87/26, establece en su artículo 2° la instrucción a la Procuración de cesar su intervención como querellante en la Causa N° 3561/2019, que se había titulado "Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros". Esta querella fue anunciada por el expresidente Alberto Fernández durante su discurso inaugural de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo de 2021.
La jueza Capuchetti argumentó en su fallo que las conductas observadas en la administración de los fondos no podían considerarse como malversación de caudales públicos, debido a la falta de una norma jurídica o reglamento que impusiera un destino específico y obligatorio para los recursos otorgados. Por esta razón, decidió archivar la causa.
La acusación contra Macri y sus funcionarios se centra en dos puntos principales. Primero, el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, ya que no consultaron al Congreso sobre la conveniencia de asumir una deuda que afectaría a varias generaciones, un requisito establecido por la Constitución nacional y otras normativas. En segundo lugar, los denunciantes sostienen que los fondos no se destinaron a fortalecer las reservas, como alegó el Gobierno, sino que se utilizaron para financiar la fuga de divisas a través de un dólar barato, beneficiando a inversores internacionales.
La Oficina Anticorrupción, en un informe presentado en la causa, destacó que "las divisas del préstamo del FMI fueron utilizadas como un seguro de cambio para aquellos fondos que invirtieron en pesos en el negocio de las Lebacs, y terminaron consumiéndose en la formación de activos externos, quebrantando así la confianza que los funcionarios debían tener en la gestión de los caudales públicos".
Por su parte, el fiscal Franco Picardi cuestionó el cierre de la causa, argumentando que Capuchetti realizó una evaluación parcial y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio aplicable al caso. Según Picardi, la resolución carece de una valoración integral del material probatorio y no considera adecuadamente las distintas acciones que se entrelazan para formar un esquema defraudatorio en la toma del empréstito con el FMI y la administración de esos fondos.
La investigación buscaba determinar si existía un "esquema defraudatorio" entre funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central de la Nación Argentina, en complicidad con agentes del sector privado. Picardi recordó que se contrajo una deuda de USD 57.100 millones, vulnerando la Constitución Nacional y las leyes que regulan la administración pública y la toma de crédito. Además, enfatizó que los fondos se destinaron a financiar la fuga de capitales, beneficiando a grupos privados a expensas del erario público. Esto podría incluir la obtención de beneficios económicos indebidos para terceros y la provisión de información privilegiada, en clara incompatibilidad con sus deberes funcionales.