El presidente Javier Milei se encuentra en la Casa Rosada, donde se elabora un anuncio que podría tener un impacto político significativo: la posible firma de un indulto para militares condenados por crímenes de lesa humanidad, programado para el próximo 24 de marzo. Esta fecha marcará el 50º aniversario del último golpe de Estado en Argentina.
A pesar de que la decisión final aún no se ha tomado, se ha dado la orden de avanzar en el análisis de los aspectos legales, políticos y comunicacionales que rodean esta medida. Esta no es la primera vez que el entorno de Milei considera esta posibilidad; durante la campaña presidencial, la ahora vicepresidenta Victoria Villarruel mencionó la idea en conversaciones con familiares de genocidas encarcelados. Ahora, la propuesta pretende desviar la atención de la grave crisis productiva que enfrenta el país y, al mismo tiempo, captar el voto del sector militar que podría restarle a la vicepresidenta.
Actualmente, hay 539 represores detenidos, de los cuales 454 se encuentran bajo arresto domiciliario, según las estadísticas trimestrales proporcionadas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que depende del Ministerio Fiscal. Milei busca apelar a la épica militar para atraer el voto de Villarruel.
Según confirmaron dos abogados que apoyan esta iniciativa, el equipo presidencial está evaluando los aspectos jurídicos de un posible indulto, así como el encuadre político y la narrativa pública necesaria para presentar una medida que indudablemente generará un intenso debate político. Esta estrategia parece diseñada para desviar la atención de la complicada situación económica que afecta a la gestión, marcada por el aumento de la inflación, una recesión en profundización y el cierre de fábricas que impacta en el empleo registrado.
En este contexto, encuestas recientes de diversas consultoras han mostrado una caída notable en la imagen presidencial, con niveles de desaprobación que rondan el 60%. Una medida de este tipo, de alto voltaje simbólico, podría desplazar el eje del debate, al menos temporalmente. Para el sector más radical del electorado libertario y de extrema derecha, un indulto sería interpretado como un gesto de coherencia ideológica; sin embargo, para el resto del sistema político argentino y gran parte de la comunidad internacional, representaría una ruptura definitiva del consenso democrático establecido en 1983, justo cuando el radicalismo comienza a alinearse públicamente con Milei.
Como se reveló anteriormente, Milei ha estado utilizando la narrativa militar para atraer el voto de Villarruel, quien ha construido su identidad política en torno a la agenda de 'memoria completa' y la defensa de militares procesados por delitos de lesa humanidad. Un indulto le permitiría a Milei apropiarse de esa bandera y debilitar la base de apoyo de su compañera de fórmula.
El antecedente más reciente de esta situación fue el escándalo generado por la visita de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros represores encarcelados en Ezeiza, un hecho que fue revelado en exclusiva. En ese momento, Milei intentó distanciarse de la situación, afirmando que no habría asistido y que había sido 'un error'. Esto ocurrió en un momento de alta popularidad debido a la disminución de la inflación. Sin embargo, cada año, en el aniversario del golpe, el gobierno ha intentado introducir reivindicaciones históricas de los militares genocidas, apelando a figuras como el 'Tata' Yofre y Agustín Laje para contrarrestar el 'relato setentista'. No obstante, juristas han advertido que los delitos de lesa humanidad poseen un estatus especial en el derecho internacional, lo que convierte el indulto en una opción extremadamente controvertida e inviable, similar a lo que hizo Carlos Menem.