El nuevo fiscal General de Córdoba, Carlos Lezcano, generó revuelo al afirmar en una reunión privada que "la batalla contra el narcotráfico sabemos que no la vamos a ganar, pero la tenemos que dar de todas maneras". Aunque su declaración no fue oficializada, altos funcionarios del Gobierno provincial confirmaron la frase a LPO y aseguraron que Martín Llaryora fue informado de inmediato sobre el tema.
Lezcano realizó esta polémica afirmación durante el lanzamiento de la Mesa Provincial de Análisis de Narcocriminalidad, un organismo consultivo de gran envergadura que coordina el Ministerio de Justicia, y que cuenta con la participación de diversas entidades, desde la DAIA hasta la Universidad Nacional de Córdoba.
Como fiscal General, Lezcano lidera la Fuerza Policial Antinarcótico (FPA), un cuerpo de elite creado por José Manuel de la Sota, compuesto por policías y exmilitares, que dispone de un presupuesto anual de 38 mil millones de pesos, incluyendo 80 millones de pesos destinados a gastos reservados.
La creación de un fuero especial antinarco representa una de las apuestas más significativas de Llaryora, quien estableció nuevas fiscalías en todo el territorio provincial y amplió la presencia de la FPA en el interior. Un testigo de la reunión comentó: "Menos mal que cuando Lezcano dijo esa barbaridad no estaba el gobernador; no sé cómo hubiera terminado esa reunión".
En respuesta a la situación, Llaryora movió sus piezas estratégicamente y comenzó a limitar las decisiones que Lezcano deseaba tomar para conformar su equipo. Así, designó al dirigente del PJ Capital, Justo Casado, como director general del Ministerio Público Fiscal, y al reconocido técnico Julio Comello en la dirección de Administración de la Fiscalía General. Además del presupuesto para la FPA, el Ministerio Público Fiscal cuenta con un total de 704.500 millones de pesos para su funcionamiento.
Un fiscal que observa la política judicial expresó: "Lo designaron fiscal general por descarte, hizo todo mal y quedó rodeado: duró dos semanas en el ejercicio real del poder". El mandato del fiscal General se extiende por cinco años, con la posibilidad de un nuevo período, lo que convierte en crucial su capacidad para mantener el control hasta el final, especialmente considerando que sus fiscales generales adjuntos tienen cargos vitalicios.
En este contexto, Lezcano se encuentra rodeado de figuras influyentes que responden a diferentes facciones del peronismo. Héctor David fue ministro de José Manuel de la Sota; José Gómez Demmel representa al schiarettismo, y Alejandro Pérez Moreno forma parte del círculo de abogados cercanos a Llaryora.
Como se mencionó anteriormente, Lezcano fue militante del PJ y llegó a establecer un estudio jurídico con Luis Juez, cuando este último lideraba la JP Capital. A pesar de distanciarse en 2003, cuando Juez decidió enfrentarse al delasotismo y Lezcano fue nombrado juez de Control, los vínculos entre ambos permanecieron. Un caso emblemático fue el de Walter Montenegro, quien formó parte del gabinete de Juez en la Municipalidad de Córdoba y a quien Lezcano intentó colocar como su mano derecha en la Fiscalía General, pero Llaryora también bloqueó esa designación.
Un fiscal que analiza los movimientos en el complejo entramado judicial utilizó una metáfora futbolística para describir la situación: "Se les escapó la tortuga", refiriéndose al deficiente análisis que se realizó en el Gobierno provincial al momento de promover a Lezcano.