La política cordobesa se encuentra en el centro de una fuerte controversia entre el gobernador Martín Llaryora y el senador Luis Juez, quien lidera el espacio opositor que ahora controla el Tribunal de Cuentas. Este organismo, encargado de supervisar las finanzas del Ejecutivo provincial, pasó a manos de la oposición tras las elecciones de 2023, algo inédito en más de dos décadas de gobierno peronista.
La semana pasada, Llaryora, junto al ministro de Seguridad, el exjuecista Juan Pablo Quinteros, exigió explicaciones tras la decisión del Tribunal de Cuentas de bloquear la compra de drones destinados a la Policía. Esta situación desató una serie de críticas en redes sociales por parte de funcionarios cercanos al gobernador y culminó con un discurso en la Legislatura donde Llaryora arremetió contra Juez, quien se encontraba presente junto a otros legisladores nacionales.
Recientemente, se conocieron más detalles sobre la presencia de la policía en el Tribunal de Cuentas, lo que generó un rechazo inmediato por parte de Beltrán Corvalán, un miembro del espacio juecista. Además, se sumó la investigación de la fiscalía en respuesta a una denuncia presentada por Quinteros, lo que acentúa la polémica que rodea los salarios que perciben los integrantes del Tribunal.
Desde el entorno de Llaryora, se sostiene que los tres vocales del Tribunal de Cuentas reciben un salario exorbitante de 14 millones de pesos. Sin embargo, Corvalán, en declaraciones recientes, desmintió esta cifra, afirmando que sus ingresos están muy por debajo de esa cantidad, entre ocho y nueve millones de pesos.
En medio de esta situación, Corvalán también se refirió a la presencia de la policía en el Tribunal, calificándola como un “apriete”, en línea con la comparación que Juez había hecho semanas atrás entre Llaryora y Gildo Insfrán.
Por otro lado, Juez organizó una reunión en la que abordó el tema del bloqueo administrativo a la compra de drones, solicitando mayor “prolijidad” en el trabajo del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, quienes conocen el funcionamiento del juecismo advierten que el descontento de Juez por la falta de orden en el procedimiento revela un trasfondo más profundo. Aseguran que Corvalán, por su estilo denunciante y su capacidad de comunicación, se asemeja al líder del espacio, lo que genera tensiones sobre el liderazgo dentro del grupo.
Además, la tensión no se limita a Llaryora y Juez, sino que también involucra al exgobernador Juan Schiaretti. De los tres miembros del Tribunal de Cuentas, dos son juecistas, mientras que la tercera integrante, Silvina Rivero, es considerada cercana a Schiaretti. Esto convierte el escrutinio sobre los salarios y las acciones del Tribunal en un tema de interés que afecta a ambas facciones del cordobesismo.
Más allá de la compra de drones, el Tribunal de Cuentas también bloqueó diez expedientes de obras públicas en distintas localidades de la provincia, argumentando que los montos de las preadjudicaciones superaban el presupuesto oficial. Además, se reportan varios trámites que se encuentran demorados, lo que agrega más tensión a la situación política actual.