La CGT decidió convocar a un paro general en respuesta a un polémico artículo que recorta el pago de licencias por enfermedad o accidentes hasta un 50%. Este anuncio se produce justo cuando la reforma laboral se debatirá en la Cámara de Diputados. Cristian Jerónimo, uno de los líderes de la central obrera, confirmó la medida de fuerza y expresó: "Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga". La cúpula de la CGT se reunirá este lunes feriado para formalizar la decisión.
El clima de tensión no surge de la nada, sino que un episodio específico cambió la postura de la CGT. Durante el debate en el Senado, el oficialismo introdujo en la madrugada un artículo que modifica el régimen de licencias por enfermedad. Esta inclusión, sin discusión previa y fuera del texto original, fue interpretada por el sindicalismo como una violación de los acuerdos informales que mantenían el diálogo.
La situación complicó el trámite de la norma en Diputados, generando resistencia en los bloques dialoguistas del PRO, UCR y Provincias Unidas. Además, el bloque peronista, que había estado votando de manera dividida en iniciativas del Gobierno, unificó su rechazo. Un diputado peronista del interior anticipó: "El proyecto de reforma laboral es malo, vamos a votar unidos en contra".
Por su parte, Provincias Unidas expresó su rechazo a votar el controversial artículo sobre las licencias por enfermedad. La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, si un trabajador sufre una enfermedad o accidente no relacionado con su labor, cobrará el 50% de su salario si la incapacidad se debe a una actividad voluntaria y riesgosa. Este monto se extenderá a tres meses si no tiene personas a cargo, y a seis meses si las tiene. En caso de que la enfermedad no provenga de dicha conducta, la remuneración será del 75% durante el mismo período.
El ministro de Economía, Federico Sturzenegger, defendió la modificación con un argumento delicado para un país tan futbolero como Argentina: "Si, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%". Aunque algunos especialistas argumentan que este cambio busca limitar abusos en licencias psiquiátricas, la defensa pública de Sturzenegger encendió la alarma en el ámbito sindical y entre abogados laboralistas.
La sorpresa fue tal que incluso quienes participaron en el diseño de la reforma se mostraron desconcertados. El abogado laboralista Julián de Diego se distanció del artículo y reconoció que "salió como un fantasma". Además, advirtió que este cambio podría aumentar la litigiosidad, lo que contradice el objetivo oficial de reducir la judicialización laboral.
Hasta ese momento, el oficialismo contaba con la aprobación en Diputados como un mero trámite. Sin embargo, la inclusión del artículo unificó al peronismo y generó resistencias en los bloques dialoguistas, lo que desató un debate interno en el Gobierno sobre la conveniencia de apresurar el tratamiento para este jueves.
Si la oposición logra derribar el artículo de las licencias, el proyecto deberá regresar al Senado, algo que tanto Milei como el ministro Caputo rechazan de plano. Este escenario se complica aún más por el pedido previo del PRO de incorporar un artículo que el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, propuso para que su empresa pueda pagar sueldos.
Además, esta modificación abre la puerta a la impugnación judicial de la reforma. Especialistas advierten que el cambio podría entrar en conflicto con normas de la OIT y tratados internacionales firmados por Argentina, que incluyen la adhesión a normas de protección del trabajo y el salario. Armando Caro Figueroa, ex ministro de Trabajo del menemismo, señaló que el proyecto incorpora aspectos que podrían afectar derechos protegidos por convenios de la OIT, ratificados en el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos y el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, que acaba de ser refrendado por el Congreso. "El proyecto tiene algunas connotaciones que podrían afectar la libertad sindical, como el derecho a huelga o cobrar el 75% del sueldo en caso de enfermedad", advirtió, añadiendo que "la reforma laboral necesita decisiones, pero luego tiene que pasar una prueba jurídica y de la realidad".