Un nuevo escándalo sacude al ministerio de Defensa, esta vez por la decisión de Carlos Presti de volver a contratar a la empresa State Grid, que había sido desvinculada por el anterior titular de la cartera, Luis Petri, debido a serias sospechas de corrupción.
La firma, que se promociona como proveedora de productos esenciales como leche, yerba mate y aceites, se especializa en la distribución de alimentos por todo el país, asegurando entregas confiables a escuelas, Fuerzas Armadas y municipios, entre otros.
No obstante, el problema radica en que Petri tomó la decisión de apartar a State Grid tras recibir los resultados de una auditoría que reveló que la empresa estaba entregando un 25% menos de los productos alimenticios que habían sido adquiridos.
“Petri realizó una auditoría y descubrió esta irregularidad, por eso la sacó del servicio”, comentó un funcionario del ministerio, quien estuvo atento al proceso durante la gestión anterior. Cabe recordar que esta empresa también estuvo en el centro de una controversia por un gasto exorbitante de 200 millones de dólares en postres destinados al Ejército.
State Grid tenía la responsabilidad de proveer alimentos a la Armada, pero la auditoría solicitada por Petri evidenció que la entrega era deficiente, con un faltante del 25% en comparación con lo que se había acordado.
Un aspecto relevante es que State Grid Argentina S.A. está vinculada a la State Grid Corporation of China, la mayor empresa de transmisión eléctrica del mundo, en un contexto de creciente acercamiento entre Argentina y Estados Unidos.
Por su parte, el nuevo ministro Presti enfrenta una creciente presión por varios temas delicados en las Fuerzas Armadas. Uno de ellos es el reciente decreto firmado por Javier Milei, que le permite a Presti ejercer su cargo sin renunciar a su rango de Teniente General, lo que representa un claro beneficio personal.
En este contexto, la Armada sostiene que Presti percibe un salario que duplica el de un almirante gracias a este “decreto a medida”, lo cual genera un profundo malestar entre sus colegas.
La situación se complica aún más por los problemas no resueltos, como la crítica situación de la obra social que fue disuelta, pero que arrastra una deuda de 200 mil millones de pesos. La incertidumbre persiste sobre cómo y cuándo se saldarán las deudas con hospitales y clínicas de todo el país, que ya han cortado servicios a los militares.
Además, los salarios de los militares, que en algunos casos están por debajo de la línea de pobreza, continúan siendo un problema grave, dado que el gobierno de Milei decidió abandonar el plan de jerarquización salarial que había comenzado a implementar la administración anterior, dejando a las fuerzas armadas en una situación de desventaja respecto a las fuerzas de seguridad.