El juez Mahiques enfrentó intensas presiones para evitar un fallo de Casación en el caso del lobbysta Santiago Busaniche. En el trasfondo de la decisión que confirmó todas las investigaciones en su contra, se vivieron movimientos tensos dentro del tribunal. Fuentes del mismo informaron que el celular de Mahiques, el camarista encargado de dirimir un caso que se encontraba empatado, recibió presiones de todo tipo para que se inclinara a favor del implicado.
El fallo en contra de Busaniche activó resortes muy sensibles en el ámbito judicial. Horas antes de la votación, circuló una carta no firmada del lobbysta, donde lanzaba severas acusaciones contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
En Santa Fe, donde avanza la causa contra Busaniche, se comenta que este tenía conexiones con el juez Ricardo Lorenzetti, quien es adversario de Rosatti en el máximo tribunal. Dos funcionarios del Tribunal de Casación revelaron que el camarista Mariano Borinsky decidió votar a favor de Busaniche, argumentando que la acción penal estaba extinguida. Esto dejó a Mahiques en la posición de desempatar, ya que su colega Guillermo Yacobucci se mostraba inclinado a votar en contra del lobbysta.
Finalmente, Mahiques optó por apoyar la postura en contra de Busaniche, lo que permitió ratificar la validez de la investigación y desestimar el pedido de recusación de todos los fiscales, realizado por la defensa del lobbysta. Este contexto generó una presión intensa, alimentada por la interna desatada en la Corte Suprema, al punto que la notificación de la resolución se demoró un día entero.
Además, se supo que Busaniche distribuyó una carta donde expresaba su intención de quitarse la vida, alegando que lo condenarían de manera inconstitucional. En este texto de siete páginas, demostraba un profundo conocimiento de los magistrados y de los pormenores del sistema judicial.
El lobbysta enfrenta un pedido fiscal de seis años de prisión por su implicación en causas de extorsión y sobornos que involucran al ex juez federal Marcelo Bailaque y al actual juez federal Gastón Salmain, ambos de los tribunales federales de Rosario. Bailaque se encuentra bajo prisión domiciliaria y renunció durante el proceso, mientras que Salmain está procesado por cohecho y, aunque tiene prisión preventiva, goza de inmunidad por sus fueros.
Esta situación resulta incómoda para Lorenzetti debido a su conexión con personas vinculadas a una de las causas confirmadas contra Busaniche, específicamente por su relación con Héctor Daniel Marchi, el ex administrador general de la Corte Suprema, quien fue promovido a ese cargo por el ministro del máximo tribunal y defendido en soledad cuando fue destituido en 2023.
Marchi, oriundo de Rafaela, fue señalado como el instigador de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario, según el testimonio de un arrepentido en esa causa, el ex director regional de AFIP Carlos Vaudagna, quien también participó en la trama de chantaje. Los abogados de Busaniche solicitaron que los fiscales llamaran a declarar a Marchi, omitiendo tomarle juramento, para evitar que no fuera considerado un mero testigo del caso, ya que si surgieran sospechas, no estaría obligado a decir la verdad.
El caso que involucra a Busaniche tiene a Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama se reveló cuando Vaudagna admitió que en 2019, junto a ellos, fabricaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto durante un asado en casa del ex magistrado. En su declaración como arrepentido en octubre pasado, Vaudagna afirmó que Marchi presionaba desde Buenos Aires para que Busaniche impulsara el armado de la causa penal.
El ambiente en la justicia se encuentra convulsionado, y se pide que el ex administrador de la Corte Suprema declare en esta causa de corrupción. Lorenzetti insiste en no tener relación con Marchi ni con Busaniche, pero un trámite que debería ser rutinario, como la definición de un pedido de nulidad, ha tenido un seguimiento y resonancia desmedidos. ¿Qué lo explica? Lo que está en juego en las causas de Busaniche son posiciones de poder real en los niveles más altos, conectando servicios de inteligencia, jueces de alta jerarquía y funcionarios del aparato estatal.
Busaniche ha forjado su influencia a través de tratos y favores con más de la mitad de los jueces federales de Comodoro Py, a pesar de no ser parte del sistema judicial. Según fuentes judiciales, incluso habría influido en designaciones de funcionarios que no se determinan por concurso.
Los abogados de Busaniche acudieron a Casación para solicitar la nulidad de las investigaciones que cuentan con doble decisión judicial que confirma las imputaciones y para recusar a los fiscales. Afirmaron que recibieron tardíamente una notificación que el tribunal rechazó, ya que la defensa no negó haberla recibido, por lo que el trámite cumplió su curso.
Tanto Mahiques como Yacobucci desestimaron la idea de que la investigación estuviera extinguida por el vencimiento de plazos. Argumentaron que en casos de corrupción existe un imperativo internacional al que Argentina se adhiere para avanzar en el juzgamiento. Yacobucci incluso citó como jurisprudencia el voto de Lorenzetti en el caso Price, donde sostuvo que "la fijación de un plazo de caducidad tan breve es irrazonable porque sus consecuencias llevarán a la impunidad, contraria a los principios y valores de la Constitución Nacional y tratados internacionales". Para los entendidos, esto fue un mensaje encriptado.
Desde la fiscalía, ironizaban sobre el planteo de plazos vencidos: "Es increíble el planteo de plazos vencidos. Hotesur es de 2008 y está avanzando. Y esta investigación contra Busaniche, Bailaque y los demás es de 2024".
Para Borinsky, el voto disidente, se vulneró la garantía del plazo razonable en el caso de Busaniche para formalizar la investigación, por lo que debía considerarse extinguida. Borinsky propuso aceptar las impugnaciones de la defensa y anular las decisiones de las instancias anteriores que validaron el proceso contra el lobbysta. Sin embargo, Borinsky rechazó la recusación de los fiscales solicitada por los defensores de Busaniche.
En agosto pasado, se presentó una situación curiosa en Casación en el trámite de esta extorsión que ahora implica a Busaniche. De manera sorpresiva, se abrió un recurso en favor de un implicado en un rol secundario, coincidiendo con la llegada de Borinsky a la sala que trató el caso. El implicado era el abogado de Rafaela, Guillermo Zenklusen.
El abogado de Zenklusen fue Juan Ignacio Pascual, ex secretario de Borinsky cuando era fiscal y coautor de artículos jurídicos en diversos medios. La defensa la ejerció María Masanti, perteneciente al estudio de Pascual. Borinsky fue designado el 1º de junio del año pasado en esa sala, y Pascual diez días después. Borinsky votó a favor de abrir el planteo de Zenklusen junto con Mahiques. Sin embargo, cuando se trató el caso, Borinsky y sus colegas votaron unánimemente en contra de la pretensión de Zenklusen.