La decisión de Karina Milei y Juan Bautista Mahiques de descartar el proyecto de reforma del Código Penal, que había sido trabajado durante dos años, sorprendió a todos en el gobierno. Este nuevo enfoque, que propone solo ajustes menores, se centra en aumentar las penas para casi todos los delitos, pero excluye a aquellos relacionados con la corrupción política.
Recordemos que Milei había señalado a la corrupción como uno de los problemas estructurales más graves que enfrenta el país. En el proyecto de reforma que ahora se ha dejado de lado, se preveía un endurecimiento de las penas para los delitos cometidos por funcionarios públicos, como parte de una estrategia para combatir la corrupción. Sin embargo, este enfoque ha sido abandonado, según un funcionario que está al tanto de las discusiones internas, y que reveló el cambio de rumbo que se produjo.
La decisión de desechar el proyecto anterior se comunicó tras la primera reunión entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Javier Milei. Este nuevo enfoque, que parece más indulgente con la corrupción, coincide con la creciente preocupación de Karina Milei por el avance de las causas $Libra y Andis, en las que ella misma se ve involucrada por presuntos actos de corrupción.
Mahiques asumió su cargo por decisión de su hermana, a pesar de que su hermano había propuesto a Guillermo Montenegro y Santiago Viola para liderar el ministerio de Justicia. No es casualidad que, en su primera entrevista tras asumir, Mahiques se haya expresado como abogado de los hermanos Milei y haya insinuado la posibilidad de anular pruebas en la causa de la Criptoestafa que los compromete.
La reforma del Código Penal, que estuvo en desarrollo durante dos años, quedó así relegada de un día para otro. El borrador que elaboraron el camarista Mariano Borinsky y otros especialistas fue reemplazado por la intervención de Mahiques. El nuevo texto no solo reduce las penas por delitos de corrupción, sino que también eleva los montos necesarios para que se configure el delito de lavado de dinero, frecuentemente vinculado a la corrupción política. El mensaje resulta claro y contradice los vehementes discursos de Milei en contra de la corrupción.
Este cambio conceptual es significativo. El gobierno de Milei se inclina hacia una postura más punitivista en el ámbito del derecho penal, enfocándose en perseguir delitos comunes, pero pierde fuerza en su lucha contra la corrupción, justo en un momento en que sus tres funcionarios más relevantes -Javier y Karina Milei junto a Manuel Adorni- están bajo sospecha por enriquecimiento ilícito.
Así, la reforma se centra en delitos comunes contra la propiedad y se detiene ante los delitos de poder. Este giro no es meramente técnico; es profundamente político. Se abandona una lógica de revisión integral y se adopta un criterio selectivo, que prioriza el castigo de delitos comunes mientras se ignoran o favorecen los delitos de cuello blanco.
El nuevo texto enfatiza el aumento de penas para delitos como robos, hurtos, entraderas, salideras bancarias y estafas, alineándose con una agenda de seguridad urbana, y deja de lado la lucha contra la corrupción, que antes Milei describía como una de las causas fundamentales de la decadencia argentina. En el proyecto anterior se proponía incluso declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, pero nada de esto permanece en la modificación de Mahiques.
Además, el nuevo texto introduce cambios en materia probatoria, ajustando los criterios para la admisión de pruebas y limitando ciertos mecanismos que permiten incorporar evidencia en las causas. Esto podría tener un impacto concreto, por ejemplo, en el caso Libra, afectando la validez de pruebas clave y habilitando su nulidad.
También se contemplan modificaciones en los delitos de lesa humanidad. Según este nuevo enfoque, se revisan criterios que hasta ahora tenían un tratamiento específico, lo que en la práctica podría abrir la puerta a debates sobre su encuadre y alcance. Juristas advierten que, aunque no se alteran principios fundamentales como su imprescriptibilidad, sí se generan zonas grises en la interpretación que podrían ser utilizadas en planteos judiciales de los genocidas.
En el Congreso, ya se anticipa un debate tenso. Desde la oposición sostienen que la reforma "recorta por arriba y endurece por abajo".