Este lunes se cumplen dos meses desde que estalló la causa vinculada a la criptomoneda $Libra, y la investigación judicial atraviesa un momento crítico que complica directamente al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia. La causa, que gira en torno a una presunta estafa y otras posibles irregularidades, ha entrado en una etapa sensible con foco en el patrimonio de los principales implicados.
El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, pidió a la jueza María Servini que ordene el levantamiento del secreto fiscal y bancario del mandatario, su hermana y otros tres investigados. El objetivo es examinar minuciosamente la evolución de sus bienes desde 2023, en busca de inconsistencias o movimientos financieros sospechosos que puedan vincularse con la operatoria de $Libra.
En una medida que ya se venía perfilando desde comienzos de marzo, Taiano había instruido a la Secretaría de Recupero de Activos para que proponga acciones concretas y avance en el análisis patrimonial de los involucrados. Junto a los hermanos Milei, figuran en la lista Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del evento Tech Forum donde se promocionó el token, y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores.
Esta semana, el fiscal formalizó su pedido a través de un dictamen que fue difundido por el abogado querellante Juan Grabois. Allí, Taiano solicita específicamente que se conforme un legajo dedicado a la investigación del patrimonio de los implicados, reforzando así una de las líneas más sensibles del expediente. De esta manera, se confirma que Karina Milei, pieza clave en el círculo íntimo del presidente, ya está formalmente bajo la lupa judicial.
Mientras tanto, la causa experimentó un movimiento clave en el mapa judicial: la Cámara Federal de San Martín decidió apartar a la jueza Sandra Arroyo Salgado de una investigación paralela radicada en San Isidro, que venía recolectando material probatorio significativo. Como no se cuestionó el accionar de la magistrada, su expediente será integrado a la causa principal que tramita en Comodoro Py, lo que fortalecerá la investigación que lidera Taiano.
Antes de dejar el caso, Arroyo Salgado había emitido un exhorto internacional con la intención de congelar billeteras digitales vinculadas a $Libra que operaban con tecnología USDT. La Cancillería argentina ya está tramitando ese pedido.
Además, el fiscal dispuso nuevas medidas con alcance internacional. A principios de semana ordenó el envío de oficios y exhortos a plataformas como Meta, Google, LinkedIn y GoDaddy, para obtener información vinculada a las redes sociales de varios de los investigados (excluyendo a Javier y Karina Milei). Uno de los puntos clave es identificar al titular del correo jonydoes@gmail.com, vinculado a una dirección electrónica utilizada para administrar el sitio web donde se promocionaba el token.
En paralelo, fueron convocados a declarar tres inversores que forman parte de la querella representada por los abogados Juan Grabois, Nicolás Rechanik y Camila Palacín. Las audiencias están previstas para el próximo martes 15 de abril. Los testimonios de A.V., J.P.M. y M.A.P. se sumarán al ya brindado por Martín Romeo, otro afectado que declaró ante Arroyo Salgado y ahora espera que Servini lo acepte formalmente como querellante.
En cuanto al análisis técnico, en marzo se realizaron allanamientos a Novelli y Morales. Luego, el fiscal solicitó a la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que extraiga la información contenida en los dispositivos secuestrados. Las pericias se llevaron a cabo el 25 de marzo y el 3 de abril. Ahora se aguarda que Taiano determine qué datos extraídos son relevantes para la causa, decisión que se conocerá en los próximos días.
Este lunes también se marcan dos meses desde que Milei publicó el tuit en el que promovía un contrato para adquirir el token $Libra. Aquella publicación coincidió con una suba abrupta del precio de la criptomoneda, que pasó de valer centavos a cotizar cerca de cinco dólares antes de desplomarse. La maniobra responde a un esquema conocido como rug pull, en el que los promotores retiran repentinamente la liquidez, dejando a los inversores sin posibilidad de recuperar su dinero.
Ecos internacionales: el caso Libra llega a los tribunales de EE.UU.
El impacto del caso no se limita a la Argentina. En Estados Unidos, los movimientos judiciales se intensifican. La firma Burwick Law presentó una demanda colectiva (class action) contra los impulsores internacionales del proyecto. La causa, radicada en Nueva York, ya se encuentra en la etapa de notificación formal a los demandados, un paso legal crucial para activar el proceso.
Además, bajo un estricto hermetismo, avanzan las investigaciones llevadas adelante por el FBI y el Departamento de Justicia norteamericano. Estas pesquisas fueron impulsadas a partir de denuncias presentadas por el equipo de Grabois y por el abogado Mauricio Moyano. Según trascendió, Moyano trabaja con otros colegas en una presentación que será realizada ante la justicia federal estadounidense bajo los términos de la llamada “ley RICO”, una legislación antimafia utilizada en causas de crimen organizado.
Por su parte, Timothy Trainor, abogado y exfiscal norteamericano, también avanza en una denuncia que anunció semanas atrás. En diálogo con el medio, confirmó que el análisis de las pruebas está “bastante avanzado”. En los últimos días, Trainor se reunió con el abogado argentino Gregorio Dalbón, quien viajó a Estados Unidos y dejó material clave sobre el caso. Según reveló, entre las pruebas entregadas hay fragmentos de entrevistas televisivas donde, en opinión de juristas estadounidenses, Milei se autoincriminó.
Dalbón también señaló que “organismos no gubernamentales están investigando a todos los involucrados para avanzar en el congelamiento de sus activos en EE.UU.”.
Así, mientras la causa $Libra se profundiza en los tribunales argentinos, su capítulo internacional suma nuevas complicaciones. La trama, que ya afecta directamente al núcleo más íntimo del presidente, podría tener repercusiones aún más severas si las investigaciones del otro lado del continente confirman las sospechas de fraude y lavado. El caso está lejos de cerrarse, y todo indica que lo peor todavía no llegó.