Las pequeñas y medianas empresas de biodiésel están bloqueando la nueva legislación promovida por Pullaro y Llaryora, argumentando que favorece a las agroexportadoras, lo que genera un conflicto entre las provincias productoras de biocombustibles.
Desde la Cámara que agrupa a estos productores, expresaron su preocupación por el contenido del proyecto, el cual consideran que entrega ventajas significativas a las grandes empresas agroexportadoras en detrimento de las pymes.
La normativa anterior había establecido un porcentaje obligatorio de mezcla para las naftas, protegiendo así el mercado interno y garantizando un espacio para las pequeñas y medianas empresas, mientras que la producción de las grandes cerealeras se destinaba a la exportación.
Ahora, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) sostiene que el nuevo proyecto permite a las agroexportadoras competir en el mercado interno, además de favorecer a las fábricas ubicadas en Santa Fe.
La industria de biocombustibles produce bioetanol, que se mezcla con gasoil derivado de la caña de azúcar y el maíz, así como biodiésel, que se elabora a partir del aceite de soja y se utiliza para mezclar con nafta. Desde la CEPREB denuncian que las provincias de Córdoba y Tucumán redactaron los capítulos correspondientes al bioetanol, mientras que los de biodiésel fueron elaborados por los representantes de Santa Fe.
De esta manera, las provincias que forman parte de la Liga Bioenergética redactaron una ley que responde a sus intereses, según afirman desde la Cámara. El proyecto ingresó hace un año en la Cámara Baja, impulsado por el diputado cordobés Carlos Gutiérrez del bloque de Pichetto, y ahora podría quedar estancado en el Senado.
Los representantes de las pymes de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Entre Ríos critican a Pullaro y Llaryora por haber promovido una ley que beneficia exclusivamente a sus provincias.
Federico Martelli, director de CEPREB, dialogó con medios locales tras su intervención en la Comisión, donde explicó que la nueva ley reduce el mercado para las pymes en más de 300 mil toneladas, poniendo al sector en una situación crítica al permitir la entrada de agroexportadoras al mercado interno.
Desde la CEPREB reiteraron que el proyecto otorga luz verde a las agroexportadoras, además de favorecer a las fábricas situadas en Santa Fe.
También señalaron que el sistema de licitación que incluye la nueva ley favorece a las pymes de Santa Fe, que están más cerca de los puertos, lo que les permite ofrecer precios más competitivos y reducir costos logísticos.
Uno de los pilares de la ley anterior era fomentar la instalación de plantas de biocombustibles en el interior del país, garantizando un mercado mínimo y promoviendo el desarrollo industrial en zonas agrícolas.
A pesar de que las grandes cerealeras nunca quisieron renunciar al mercado interno, las exportaciones de biocombustibles argentinos cayeron drásticamente. En Europa y Estados Unidos, enfrentan denuncias por dumping, ya que las cerealeras adquirían soja a un precio un 35% más bajo debido a las retenciones y vendían el producto final en el exterior sin pagar retenciones, lo que les permitía ofrecer precios muy bajos.
En Santa Fe, el diputado provincial socialista Joaquín "Popi" Blanco apoyó la aprobación de la ley, señalando que el sector atraviesa un momento crítico, produciendo a pérdida desde hace más de un año, y es necesario avanzar hacia un esquema más favorable. Sin embargo, desde la Cámara coinciden en que, aunque la nueva ley incrementa el corte obligatorio, no beneficia a todo el sector, sino que favorece a las plantas en Santa Fe y a las pequeñas y medianas empresas que operan en la ribera del Paraná.