Las tarifas de electricidad sufrirán un incremento de hasta 67%, lo que genera un nuevo golpe a la inflación justo cuando el Gobierno intenta mostrar signos de desaceleración. Este aumento se produce en medio de un clima de incertidumbre tras el escándalo relacionado con la intervención en el Indec, que buscó ocultar el índice actualizado que revelaba una inflación de enero superior al 3%.
Las proyecciones realizadas por consultoras privadas muestran un consenso inquietante: a pesar de que el IPC aún no se actualiza, no logra romper el umbral del 2%. La consultora Equilibra estimó una inflación de 2,3% para febrero, mientras que LCG la situó entre 2,5% y 2,6%. EcoGo, por su parte, se posicionó en la punta del mercado con proyecciones que rondan el 3% mensual. De esta manera, el mercado comienza a aceptar que el nuevo piso inflacionario se ha establecido entre 2,5% y 3%, distanciándose del camino a la baja que el Ministerio de Economía había previsto para el primer trimestre.
Detrás de estas cifras se encuentra el factor que más inquieta a economistas y empresas: las tarifas. A la continua subida de los precios de los alimentos se suman los aumentos en electricidad, transporte y gas. Un dato alarmante es que, en el índice actual, tanto Milei como Caputo decidieron no actualizar, lo que implica que estos aumentos tienen un peso relativo bajo. Sin embargo, en la vida cotidiana, la inflación impacta con mayor fuerza en el bolsillo de los ciudadanos.
La carne, otro elemento clave, impulsa la inflación de febrero y complica las expectativas de reducción que tiene Caputo. Según la estadística desactualizada del Indec, los costos de electricidad y gas representan una parte menor del IPC, pero en la economía cotidiana se convierten en gastos fijos que no se pueden postergar.
Esta tensión entre la medición técnica y la percepción social no es nueva. La discusión sobre el rediseño del índice de precios y el peso de los servicios públicos fue crucial en la salida forzada de Marco Lavagna del Indec, cuando Milei y Caputo lo obligaron a ocultar el nuevo índice a días de su publicación. Un verdadero escándalo.
El nuevo esquema de subsidios, que se implementará, indica que las tarifas eléctricas pueden aumentar hasta 67% para los hogares que aún reciben asistencia estatal, según información proporcionada por las propias distribuidoras. Este ajuste no responde tanto a un incremento en el costo de la energía, sino a una redefinición del consumo subsidiado, que ahora se limita a 150 kWh mensuales, casi la mitad de lo que se permitía durante el verano, como calculó el sitio especializado El Post Energético.
La explicación oficial dio un giro inesperado. Desde el Ministerio de Energía afirmaron que el impacto de estos aumentos “no se va a sentir” porque en marzo el consumo tiende a caer por razones estacionales. Esta afirmación se propagó rápidamente entre analistas y empresarios: el ajuste está presente, pero se espera que el clima lo oculte. La lógica detrás de esto es sencilla: si los hogares consumen menos electricidad, la factura final podría disminuir a pesar del aumento en las tarifas.
El argumento del Gobierno combina economía y meteorología: marzo se prevé como un mes templado que permitiría avanzar en la recomposición tarifaria sin causar un aumento visible en los gastos familiares.