El presidente del Banco Macro, Jorge Brito, advirtió sobre un estrangulamiento en la actividad privada y planteó la necesidad de discutir si se desea continuar con un proceso desinflacionario que podría poner en riesgo la actividad económica. Brito solicitó medidas que alivien la presión monetaria y faciliten el acceso al crédito.
Es poco común que un empresario de su calibre exprese críticas tan directas a la política económica actual. Sin embargo, su llamado a la acción no logró mover un ápice la estrategia de Luis Caputo y Javier Milei, quienes, atrapados entre la recesión y la inflación, optan por priorizar la primera. Aunque en realidad, el país enfrenta ambas problemáticas.
El equipo económico se mantiene firme en no implementar cambios que pongan en peligro el ancla del dólar barato. La estabilidad cambiaria que presenta el Gobierno se debe, en parte, a la reducción de la cantidad de pesos en circulación. Este es un pilar fundamental del programa económico: el equilibrio en el frente externo se sostiene gracias a un frente monetario cada vez más restrictivo.
Lo más relevante en este contexto no ocurrió en el mercado cambiario, sino en el de pesos. En las últimas semanas, el Banco Central adquirió divisas e inyectó casi 3 billones de pesos en la economía, dado que cada compra de dólares implica la emisión de más pesos. Sin embargo, a pesar de esta inyección, la cantidad total de dinero en circulación disminuyó. Todos los agregados monetarios experimentaron contracciones.
La aparente contradicción de un aumento en el riesgo país a pesar de la compra de reservas se aclara al observar al Tesoro. En enero, vencieron aproximadamente USD 2.700 millones en deuda en dólares. Para cumplir con estas obligaciones, el Tesoro adquirió divisas del Banco Central, entregando alrededor de 4 billones de pesos, que quedaron fuera de circulación. Así, la absorción de dinero fue mayor que su emisión, lo que resultó en una menor liquidez.
En febrero, el Banco Central continuó comprando dólares de forma agresiva, pero el Tesoro no participó en el mercado cambiario. A pesar de ello, los pesos tampoco aparecieron. La razón es sencilla: ambas entidades retiraron pesos por otros medios. El Banco Central lo hizo a través de pasivos remunerados y ventas de dólares a futuro, mientras que el Tesoro lo logró colocando deuda pública.
Este sistema opera como un circuito cerrado: se emiten pesos para acumular reservas y luego se retiran para evitar presiones sobre el dólar. Por ello, el mercado está atento a la licitación de esta semana. Caputo necesita pesos para compensar las compras de divisas del Banco Central y mantener la estabilidad cambiaria.
Este miércoles, Caputo intentará refinanciar vencimientos por 7,2 billones de pesos. En la última colocación, se evidenció la lógica del programa: el Tesoro logró 9,02 billones en comparación con vencimientos de 8 billones, resultando en un roll over del 123% que permitió retirar dinero adicional del mercado. No se trata solo de financiamiento, sino de una política monetaria delegada en el mercado.
En la última licitación, se observó claramente este funcionamiento: mientras el Banco Central compraba USD 214 millones, el Tesoro absorbía cerca de 1,7 billones de pesos adicionales mediante deuda. El efecto inmediato fue una caída del dólar mayorista, que perforó los 1.400 pesos, aunque esto también contribuyó a enfriar aún más la economía.
La licitación de esta semana presenta un menú variado. Habrá letras y bonos ajustados por CER, títulos en dólares y la novedad de un bono en moneda dura. El BONAR 2027, con un cupón del 6% anual, permitirá colocar hasta USD 150 millones, ampliables a USD 250 millones en una segunda vuelta.
La decisión es crucial, ya que este viernes vencen USD 1.000 millones de Bopreales, una prueba directa para la estabilidad cambiaria. Para evitar tensiones, la Secretaría de Finanzas busca refinanciar parte de este financiamiento mediante la inclusión sistemática de bonos en dólares dentro de las licitaciones quincenales, con un programa total de emisión de hasta USD 2.000 millones.
En la práctica, la prometida remonetización para la fase cuatro del programa quedó en el olvido. El aumento de la inflación obligó al Gobierno a retirar prácticamente todos los pesos emitidos desde el comienzo del año. El plan estabiliza los precios restringiendo la liquidez. Las tasas de interés elevadas explican el costo social de este esquema. Actualmente, el 25% de la deuda fintech está en mora, en comparación con el 7,4% de hace un año.
De los 12,6 billones de pesos prestados por el sistema no bancario, casi 3 billones presentan dificultades de cobro. Las familias destinan el 33% de sus ingresos al pago de créditos y billeteras virtuales, mientras que el endeudamiento total ya equivale al 140% del ingreso mensual. Incluso la banca tradicional muestra signos de deterioro: los créditos irrecuperables más que se triplicaron en doce meses, pasando del 2% al 6,5%.
El problema se transforma de financiero a estructural. Cuando el crédito sustituye al salario, el consumo deja de impulsar la actividad económica. Aquí radica la clave política del modelo. El Gobierno celebra la estabilidad cambiaria, pero esta calma se sostiene sobre tasas altas y la continua absorción de pesos. Es una transferencia silenciosa: el dinero no llega al comercio porque queda atrapado antes por el sistema financiero.