El Gobierno argentino tomó la decisión de disolver el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), una medida que también impacta a la Gendarmería y la Prefectura. Como alternativa, se creó la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), un organismo autárquico que depende del Ministerio de Seguridad.
Según fuentes cercanas a la Prefectura, los afiliados obligatorios serán aquellos que se encuentren en actividad con estado militar en la Gendarmería Nacional, así como también el personal activo de la Prefectura Naval Argentina. Además, se incluirá a los civiles que trabajen en relación de dependencia en estas fuerzas o en la OSFFESEG, así como aquellos que en el futuro se integren desde otras Fuerzas de Seguridad Federales.
Por otro lado, se establecen afiliados voluntarios para el personal retirado de Gendarmería o Prefectura que cuente con haber de retiro o pensiones, así como para los civiles jubilados o pensionados de estos organismos. También se contempla la figura de beneficiarios incorporados, que abarcará al grupo familiar primario de los titulares.
A pesar de la disolución de IOSFA, el Gobierno enfrenta una carga de 200 mil millones de pesos en deudas. El decreto que formaliza esta transición prevé un período de hasta 365 días, durante el cual un administrador designado por el Ministerio de Defensa velará por la continuidad de las prestaciones, la transferencia ordenada de afiliados, personal, bienes y obligaciones, y la creación de una Comisión Especial para supervisar todo el proceso.
Una de las posibilidades que se barajan es que las fuerzas de seguridad adopten un esquema similar al de la Policía de la Ciudad. En este sentido, una fuente que sigue de cerca el proceso comentó que “todo indica que tendrán una suerte de OSDE 210 o un plan similar de otra prestadora”.
No obstante, existen preocupaciones sobre la capacidad de estas prestadoras para atender las necesidades específicas de los efectivos. “Una cosa es tratar una dolencia social, como un hígado graso, y otra muy distinta es cuando un efectivo llega con heridas de bala a la prepaga, que no está preparada para eso y debe ser derivado al Hospital Churruca”, añadió la fuente.
Además, se destacó que, en el caso de la Policía de la Ciudad, los familiares de los efectivos reciben un trato adecuado, pero cuando un policía enfrenta un problema de servicio, la situación cambia y son derivados a otros lugares.
El costo de los copagos también representa un desafío, ya que se vuelven prohibitivos cuando el tratamiento es más complejo. Un integrante de la Prefectura mencionó que “el problema que tienen es con el costo de los copagos, que se vuelven muy costosos cuando hay un tratamiento más complejo”.
Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que “estamos en pleno proceso de transición” y enfatizaron que “la medida busca mayor eficiencia, sostenibilidad financiera y adaptación de las coberturas a las particularidades operativas y demográficas de cada sector”.
Es importante resaltar que el funcionamiento de OSDE con la Policía de la Ciudad es visto favorablemente por los efectivos, lo que sugiere que la nueva cobertura social podría ser mejor recibida que el desastroso sistema de IOSFA, que, como se adelantó a principios de febrero, aunque se disolvió, aún enfrenta una deuda de 200 mil millones de pesos cuya forma de pago sigue siendo incierta.