El mercado chino tomó la drástica decisión de rechazar carne argentina, mientras las críticas hacia Federico Sturzenegger por el debilitamiento del Senasa se intensifican. Este cierre, que afecta al frigorífico ArreBeef, uno de los principales exportadores del país, se debió a la supuesta presencia de cloranfenicol, un antibiótico prohibido en el comercio internacional desde hace años.
La medida impuesta por la aduana china obligó a las autoridades argentinas a activar de inmediato gestiones diplomáticas para intentar revertir una situación que podría complicar gravemente la relación comercial con el gigante asiático, un mercado clave para las exportaciones de carne argentina.
Simultáneamente, la Unión Europea también rechazó un embarque de girasol argentino, alegando incumplimientos en los estándares fitosanitarios que exige el bloque en cuanto a residuos químicos y trazabilidad. Este riesgo ya había sido anticipado por expertos del sector agroexportador.
La preocupación en el sector agroexportador crece, ya que el proceso de desregulación impulsado por Sturzenegger incluye recortes presupuestarios que afectan la operatividad del Senasa. Una fuente del sector afirmó: "La sanidad agroalimentaria no es un trámite administrativo, sino la condición básica para poder exportar".
Uno de los puntos más criticados fue la eliminación de mecanismos como el registro obligatorio de las empresas certificadoras que participaban en los controles sanitarios, lo que garantizaba la trazabilidad. Sin este sistema, es más complicado determinar responsabilidades cuando un cargamento es rechazado. Un técnico del sector resumió: "El comercio exterior se sostiene en la confianza. Si no podés demostrar cómo certificaste un embarque, el problema deja de ser ese cargamento y pasa a ser todo el sistema".
La presión del sector aumenta, exigiendo al Senasa que explique qué falló en estos casos y qué medidas se implementarán para evitar que se repitan. En Rosario, se detectaron niveles excesivos de agroquímicos en frutas y verduras, lo que encendió alarmas en el mercado interno y reforzó la preocupación por los controles sanitarios a lo largo de toda la cadena de producción.
El trasfondo de la situación es aún más complicado. Los mercados internacionales avanzan en sentido opuesto a las desregulaciones argentinas. Europa, por su parte, endurece cada vez más sus exigencias sanitarias y ambientales, estableciendo límites estrictos a los residuos químicos y prohibiciones sobre sustancias como el malatión, que la OMS considera probablemente cancerígeno.
Los controles no solo se limitan al producto final, sino que abarcan toda la cadena logística, exigiendo una rigurosa trazabilidad de producción: desde los camiones que transportan granos hasta las bodegas de los buques, los contenedores y los análisis de laboratorio. Cualquier falla en este recorrido puede resultar en un rechazo en el puerto.
El problema es significativo si se considera que el complejo portuario del Gran Rosario concentra alrededor del 80% de las exportaciones de granos y subproductos, con picos de hasta 19 mil camiones diarios ingresando a las terminales portuarias. Un esquema de esta magnitud requiere controles sanitarios robustos y permanentes.
Los últimos episodios pueden interpretarse como una alerta temprana que podría derivar en un problema mayor. Un rechazo en Europa o una suspensión en China no solo afecta una operación puntual, sino que puede resultar en controles más estrictos para todos los envíos argentinos, mayores costos logísticos y pérdida de competitividad.
A esto se suma la falta de habilidad en las relaciones internacionales del gobierno de Javier Milei, que prioriza una ideologización extrema en su política exterior, tensionando las relaciones con socios comerciales históricos de Argentina. El debilitamiento de los controles sanitarios podría servir como excusa para que algunos de esos países cierren el ingreso de productos argentinos.
La preocupación ya no se limita solo al ámbito comercial, sino que también se torna institucional: la sanidad agroalimentaria es, por ley, una responsabilidad indelegable del Estado, a pesar de las posturas de economistas como Hayek, Rothbard o Huerta de Soto.