El ámbito del Real Estate en Miami se encuentra en estado de alerta debido a una grave denuncia que involucra a la familia Coto, reconocida por ser dueña de la más importante cadena de supermercados en Argentina. La acusación se centra en una presunta estafa millonaria vinculada a la mega torre Aston Martin, un emblemático edificio de lujo en el downtown de Miami, desarrollado por G&G Business Developments.
La denuncia fue presentada por los propietarios de este exclusivo complejo, quienes reclaman a la familia Coto más de 5 millones de dólares en concepto de estafa y desvío de fondos mientras Germán Coto, uno de los hijos de Alfredo Coto, ocupaba el cargo de presidente de la asociación de condominios. Este escándalo fue revelado por el periodista Francisco Alvarado en el portal especializado The Real Deal.
Entre los denunciados se encuentran Germán Coto, su madre Gloria García, así como Marcelo Scarinci, director de proyectos de G&G, y Guillermo Calcagno, un ex ejecutivo de Coto que fue vicepresidente de la asociación de propietarios. También se menciona a Leonardo y María Elena Polo, quienes habrían actuado como las figuras visibles de supuestas empresas utilizadas para llevar a cabo la estafa.
Los propietarios sospechan que Coto creó una red de empresas que facturaron al condominio por servicios de limpieza, seguridad y reparaciones a precios excesivos o que, en muchos casos, no se realizaron. También se identificaron pagos por servicios de conserjería que no fueron prestados y un alquiler de 70 mil dólares a una oficina de Coto, todo sin la debida autorización del consejo.
La denuncia menciona hechos de “autocontratación, robo y manipulación”. Germán Coto administró el edificio de manera provisoria, y al momento en que los propietarios asumieron el control, comenzaron a descubrir estas supuestas irregularidades. Por ejemplo, Coto contrató a una empresa de seguridad vinculada a los Polo, desembolsando cerca de 800.000 dólares a pesar de que esta carecía de experiencia, un sitio web y trayectoria comprobable.
Asimismo, la firma de limpieza, también relacionada con los Polo, fue contratada sin pasar por un proceso de licitación pública ni votación de la junta, y se habrían pagado indebidamente artículos y horas extras. Coto también habría optado por contratar a su propia empresa, GC Builders, para realizar reparaciones en el edificio, nuevamente sin la aprobación correspondiente.
Además, Scarinci firmó un contrato para abonar 34.334 dólares mensuales a International Booking, una entidad asociada a G&G, por servicios de conserjería que no estaban justificados en relación al monto. Este acuerdo tampoco fue autorizado por la junta.
Los propietarios sostienen que Coto se aprovechó de cada ventaja económica posible, asegurando que no había ninguna figura independiente que no estuviera relacionada con las entidades principales que desarrollaron el edificio. “Se aprovecharon de todas las ventajas económicas que pudieron”, afirmó la abogada de los propietarios a The Real Deal.

