Un juez federal de Rosario, Gastón Salmain, enfrenta un proceso judicial por delitos de corrupción que son considerados de extrema gravedad institucional. Actualmente, tiene prohibida la salida del país y su única protección contra la prisión es su estatus de magistrado. A pesar de esta situación, la Cámara Federal de Rosario le asignó recientemente un nuevo juzgado en la ciudad de Santa Fe, sumándose al tribunal de Rosario donde aún ejerce funciones.
Salmain, quien se desempeña como juez civil y comercial en Rosario, recibió la subrogancia en el juzgado federal 2 de Santa Fe para cubrir la licencia del juez Aldo Alurralde, que se encuentra de vacaciones entre el 9 y el 19 de febrero. Además, se le había asignado previamente la responsabilidad del juzgado federal 1 en la misma ciudad. Esto significa que ahora manejará un total de tres juzgados.
El 26 de diciembre del año pasado, Salmain fue procesado por el juez federal Carlos Vera Barros tras intentar cobrar un soborno al ordenar al BCRA la venta de 10 millones de dólares en billetes a un fideicomiso administrado por el financista rosarino Fernando Whpei, todo esto mientras estaba en vigor el cepo bancario. Además, se le impuso un embargo de 200 mil dólares sobre sus bienes. Se le imputaron delitos de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato.
A pesar de su situación legal, la Cámara Federal de Rosario decidió colocar a Salmain en un nuevo juzgado, donde además percibirá una remuneración adicional. Su función será resolver conflictos empresariales, así como asuntos del fuero contencioso administrativo, que involucran litigios donde el Estado es parte. Esta decisión genera interrogantes sobre por qué se elige a un magistrado con un historial de denuncias y procesos abiertos en el Consejo de la Magistratura.
Fuentes judiciales señalaron que hay razones complejas detrás de esta decisión. Una de ellas es que la Cámara Federal mantiene una tradición de más de 40 años de asignar subrogancias a jueces que se encuentren en la misma ciudad o en la más próxima. Además, solo hay cuatro magistrados disponibles para cubrir once juzgados, lo que complica aún más la situación. El camarista Aníbal Pineda, quien firmó la resolución, se enfrenta a la necesidad de resolver en pocas semanas la apelación relacionada con el proceso de Salmain por el soborno en el fideicomiso.
Un funcionario judicial destacó que si se ignora el procedimiento habitual de subrogancias o si no se le asigna una subrogancia a Salmain, este podría alegar prejuzgamiento y recusar al camarista que debía designarlo, quien también tiene que resolver su caso de sobornos. Ante este dilema, Pineda optó por darle la subrogancia para evitar ser apartado del caso. Salmain, de manera sistemática, recusa a los jueces de cámara, argumentando que es víctima de un complot orquestado por magistrados y periodistas.
La situación resulta controvertida, ya que para evitar ser recusado, un camarista habilita a un magistrado con dos procesamientos y un historial de corrupción para manejar un nuevo juzgado. Esta decisión plantea la pregunta de si no hubiera sido preferible que lo recusaran a que un juez con tales antecedentes controle un juzgado más.
Este escenario se produce debido a la lentitud del Consejo de la Magistratura de la Nación en tomar medidas adecuadas contra un juez que tiene un historial problemático y que ha recibido denuncias en los últimos ocho meses, incluso de la diputada provincial de Santa Fe, Lionella Cattalini.
Un funcionario del sistema judicial expresó su frustración, señalando que si el Consejo hubiera suspendido a Salmain, no habría necesidad de resolver ninguna subrogancia. Sin embargo, el Consejo tardó cuatro años en actuar contra otro magistrado, Marcelo Bailaque, quien enfrenta prisión domiciliaria por extorsión y corrupción. Este magistrado había sido denunciado ante el Consejo en 2020, pero su caso permaneció sin avances durante cuatro años.
La estrategia de Salmain parece centrarse en ganar tiempo mediante argumentos cuestionables contra los jueces de cámara. Todo el accionar de la Cámara Federal parece orientado a evitar que se aparten a camaristas, buscando que las causas avancen con celeridad.
En diciembre, Vera Barros validó el planteo fiscal que indicaba que Salmain gestionó un soborno para dictar una medida cautelar solicitada por Whpei, quien alegaba tener que enfrentar una deuda con una empresa de los Países Bajos en 2023. Salmain había ordenado al BCRA la venta de 10 millones de dólares en billetes, y la sospecha de los fiscales, respaldada por la declaración de un arrepentido, es que pretendía apropiarse de 200 mil dólares, que representaban la diferencia de cambio entre el precio oficial y el blue.
En 2002, la Corte Suprema de la Nación despidió a Salmain del Poder Judicial, cuando era empleado, por ofrecer un soborno a una secretaria encargada de los sorteos de expedientes, con el fin de direccionar un caso hacia el tribunal donde trabajaba. Actualmente, se le investiga por no haber informado este hecho en su currículum al postularse en diversas ocasiones para ser juez, lo que finalmente logró en 2023, cuando fue designado en Rosario y asistido en su jura por el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti.