En medio de una intensa presión para modificar el proceso de selección de jueces, Carlos Rosenkrantz está bloqueando un concurso esencial para cubrir una vacante en la Capital Federal.
Rosenkrantz, junto a Ricardo Lorenzetti, propone cambios en el reglamento del Consejo de la Magistratura que rige la elección de magistrados. Aseguran que su objetivo es lograr una mayor transparencia en la selección, pero parece que el verdadero motor de esta iniciativa proviene del sector más concentrado del establishment.
La propuesta recibió el apoyo del G6, un grupo que reúne a las principales corporaciones empresariales del país, que demandó su rápida aprobación. Esta presión generó malestar entre los miembros del Consejo de la Magistratura, quienes estuvieron a punto de hacer caer el proyecto en la semana. Lorenzetti tuvo que desmentir que esta iniciativa sea impulsada por el establishment.
Sin embargo, la presión continúa. Según se reportó, Lorenzetti y Rosenkrantz han comenzado a convocar a los consejeros de la Corte a reuniones individuales, buscando convencerlos de no discutir ni modificar el proyecto que ellos redactaron, alineado con las cámaras empresariales. Este tipo de presión resulta inusual en la historia del Consejo de la Magistratura.
Un consejero, al ser consultado sobre las reuniones, comentó en tono de broma: "Nos citaron a declarar. No recuerdo una apretada así".
La escasez de jueces y fiscales se presenta como uno de los mayores desafíos que enfrenta la administración de justicia en el país. Para comenzar a abordar esta problemática, en los últimos meses se enviaron al Senado 62 pliegos para cubrir una parte de las más de 360 vacantes existentes en el sistema judicial.
Estos pliegos habían sido aprobados por el Consejo, que luego elevó ternas al poder ejecutivo. Tras el cambio de ministro de Justicia, Javier Milei envió un listado al Senado.
A pesar de su insistencia en la transparencia del proceso de selección, Rosenkrantz aún no ha presentado el informe correspondiente al Concurso 527, en el cual actúa como jurado.
Dicho concurso es crucial para avanzar en el nombramiento de un cargo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia porteño, Inés Weinberg, también forma parte del jurado, junto a Carlos Hugo Valdíz y Cintia Marcela Bayardi Martínez.
Rosenkrantz debería haber elevado su informe el 6 de marzo pasado, pero hasta la fecha no lo ha hecho. El reglamento del concurso estipula que si no entrega su informe en un plazo de 10 días, perderá los honorarios correspondientes y no podrá intervenir en ningún otro concurso durante cuatro años.