La justicia argentina se encuentra en el ojo de la tormenta tras la solicitud de los defensores de un rugbier implicado en múltiples causas de corrupción, quienes pidieron que se cite a declarar a Héctor Daniel Marchi, ex administrador de la Corte Suprema de la Nación. Este pedido surge a raíz de las declaraciones de un arrepentido, un funcionario de alto rango de la ex AFIP, que acusó a Marchi de haber orquestado una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario.
Los abogados que representan a Santiago Busaniche, un lobbysta de la Justicia Federal con conexiones en Comodoro Py y el mundo de los servicios de inteligencia, argumentan que Marchi tiene información clave que podría beneficiar su defensa. Busaniche está bajo sospecha de haber gestionado pagos indebidos a varios magistrados. Además, los defensores solicitaron que Marchi sea eximido del juramento de decir la verdad, un procedimiento que se aplica en casos donde se presume algún compromiso ilícito, liberándolo de la obligación de declarar algo que podría perjudicarlo.
Marchi, contador oriundo de Rafaela y ex funcionario del gobierno de Jorge Obeid, ocupó el cargo de administrador general de la Corte Suprema desde 2003, gracias al apoyo del ministro Ricardo Lorenzetti. Durante su gestión de 15 años, tuvo a su cargo la administración de los millonarios fondos del Poder Judicial hasta su destitución en 2023, en medio de una interna. Curiosamente, Lorenzetti, quien lo promovió, fue quien resistió su salida.
El escándalo que rodea a Busaniche se complica aún más con la reciente implicación de Marchi. Abogados consultados en la Justicia Federal de Rosario indicaron que la citación de Marchi y otros testigos podría fortalecer la estrategia de defensa, buscando que sectores más poderosos que Busaniche se movilicen para respaldarlo. En los próximos días, se espera un fallo de la sala de la Cámara de Casación sobre un pedido de la defensa para recusar a los fiscales involucrados en la investigación y anular la causa.
El caso de Busaniche involucra a Marcelo Bailaque, ex juez federal de Rosario, y al financista Fernando Whpei, ambos en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama se destapó cuando Carlos Vaudagna, ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe, confesó que en 2019, junto a Bailaque y Whpei, tramaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto durante un asado en la casa de Bailaque. En su declaración como arrepentido, Vaudagna afirmó que Marchi estaba detrás de la extorsión, presionando a Busaniche para que impulsara la causa penal.
Vaudagna, en su declaración, aseguró que Marchi tuvo un papel activo en la extorsión, instando a que se concretara. Whpei, también colaborador arrepentido, admitió haber recibido 160 mil dólares en cinco pagos de Iglesias para frenar la causa en su contra. A pesar de que dos años después Bailaque dictó la falta de mérito a Iglesias, la situación de Busaniche se complica con las evidencias en su contra.
Las comunicaciones entre Busaniche y Vaudagna revelan que el rugbier solicitó varias veces que se acelerara un informe desde la AFIP que vincularía a los empresarios en la extorsión, documento que sirvió para abrir la causa judicial. Esta conversación, que tuvo lugar el 29 de noviembre de 2019, precedió a un allanamiento ordenado por Bailaque.
A pesar de que los defensores de Busaniche, Diego Pirotta y Débora Lichtmann, afirman que su cliente fue incriminado de manera errónea, la realidad es que enfrenta cargos por instigar delitos como allanamiento ilegal, falsificación de documentos e incumplimiento de deberes de funcionario público. Aunque no se ha probado que haya recibido dinero, sí se ha evidenciado su participación en la maniobra extorsiva.
La estrategia de defensa de Busaniche busca que Marchi y otros testigos, incluyendo a la hermana de Marchi y empleados de la Corte, declaren para desbaratar las acusaciones en su contra. Además, piden que Vaudagna y Whpei, acusados de extorsión junto a Bailaque, también comparezcan. En el caso de Whpei, los defensores sugieren investigar su teléfono en busca de un contacto llamado "hermanito", que podría ser Marchi.
Para comprender mejor el contexto de la supuesta extorsión, es relevante mencionar que Claudio Iglesias, el empresario afectado, era en ese momento directivo de la aseguradora San Cristóbal y aspiraba a la presidencia de la misma. Aunque sus posibilidades eran escasas, la causa penal en su contra lo alejó definitivamente de esa carrera.
Los defensores también han propuesto la citación del abogado Ricardo Silberstein, ex decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia en el gobierno de Miguel Lifschitz. Silberstein, quien formaba parte del directorio de San Cristóbal, fue mencionado por Vaudagna como alguien interesado en perjudicar a Iglesias. Sin embargo, Silberstein ha negado cualquier relación con este caso y ha expresado su desconcierto por ser mencionado.
Busaniche no solo enfrenta este caso, sino que también está procesado junto a otro juez federal, Gastón Salmain, por la gestión de un soborno relacionado con la venta de 10 millones de dólares por parte del BCRA a un fideicomiso administrado por Whpei. Este escándalo ha llevado a que se restrinja la salida del país de Salmain y se le embarguen 200 mil dólares.
El pedido de comparecencia de Marchi fue presentado en febrero, pero ha cobrado relevancia en medio de las tensiones internas dentro de la Corte Suprema, que se intensificaron tras la propuesta de un cambio en la reglamentación para la elección de jueces. La situación sigue en desarrollo y promete más sorpresas en el ámbito judicial argentino.