La Legislatura de Santa Fe implementó modificaciones en el tratamiento de los conflictos laborales, con la intención, según sus promotores, de desmantelar lo que denominan la "industria del juicio". Este fenómeno ha impactado negativamente en las empresas, que enfrentan un aumento de litigios por accidentes y enfermedades laborales. La nueva ley establece plazos más breves para la resolución de estos casos, prioriza las etapas administrativas para evitar llegar a juicio y crea un sistema renovado de pericias médicas.
Estos cambios se producen en un contexto de elevada conflictividad. La litigiosidad laboral en Santa Fe supera más del doble el promedio nacional. En el primer semestre de 2025, la provincia reportó 142 juicios cada 10 mil trabajadores cubiertos por ART, mientras que en Córdoba, una provincia con características económicas y demográficas similares, los juicios ascienden a 68 cada 10 mil trabajadores.
A pesar de la aprobación mayoritaria en la Legislatura, la controversia sobre el impacto de la nueva normativa persiste. Sectores de magistrados, asesores gremiales y miembros de la oposición sostienen que la reforma favorece a las aseguradoras, dejando a trabajadores y a pequeñas y medianas empresas atrapados en un laberinto de incertidumbres y costos que la ley pretendía eliminar. Así lo expresó el ex ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, quien formó parte del gobierno de Omar Perotti.
Un aspecto clave de la reforma es la creación de un cuerpo de peritos oficiales bajo la dependencia del Poder Judicial de Santa Fe. Este grupo estará compuesto por expertos encargados de realizar las pericias en casos relacionados con riesgos laborales. Los profesionales que integren este cuerpo serán seleccionados mediante un concurso basado en oposición y antecedentes.
Actualmente, los peritos privados cobran honorarios que dependen de la magnitud del incidente, lo que, según el gobierno de Maximiliano Pullaro, incentiva la exageración del daño, ya que a mayor compensación para el damnificado, mayor es el honorario del perito. Los promotores de la ley argumentan que la remuneración de los peritos no estará vinculada a la cantidad del juicio ni al porcentaje de discapacidad determinado.
El diputado provincial oficialista Martín Rosúa afirmó: "Es una ley que viene a resolver y a ordenar el sistema de reclamos por accidentes y enfermedades laborales". Rosúa enfatizó que Santa Fe enfrenta un grave problema en su Justicia laboral, siendo una de las provincias con más juicios laborales del país en relación a la cantidad de trabajadores asegurados. "Contamos con la misma cantidad de siniestros que Córdoba, pero con el doble de juicios laborales", sostuvo.
La reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado y solo recibió el rechazo de tres legisladores en Diputados. Organizaciones de Rosario como la Federación Gremial, Grupo Trascender, Foro Regional Rosario, Sociedad Rural Rosario y Fundación Apertura celebraron la medida, al considerar que responde a la necesidad de "reducir el fraude procesal y la especulación litigiosa", sin sacrificar la protección de los derechos de los trabajadores.
Pusineri, en respuesta a Rosúa, reconoció que las cifras son ciertas. Según la Secretaría de Riesgos del Trabajo, en 2025 se registraron 13.864 juicios en Santa Fe, en comparación con 6.085 en Córdoba. Sin embargo, destacó que, a pesar de esta disparidad, las empresas santafesinas abonan un 4% en costos, solo un 0,4% más que las de Córdoba, que pagan 3,6%. Su conclusión es que "la litigiosidad no es el factor determinante del costo del sistema".
Rosúa argumentó que la reforma evitará que un mismo caso genere múltiples juicios, unificando las demandas de un mismo demandante en un solo juzgado. Además, fortalece las instancias previas para evitar llegar a los tribunales, establece plazos más cortos y desvincula las pericias de los honorarios de los peritos.
Por su parte, Lucía Aseff, ex camarista laboral y docente de Derecho Laboral en la UNR, criticó el término "industria del juicio", considerándolo despectivo hacia aquellos trabajadores que buscan judicializar sus necesidades. Aseff argumentó que si los trabajadores estuvieran en blanco, si las comisiones médicas no estuvieran controladas por las ART y si existiera un sistema más protector de la salud laboral, la litigiosidad disminuiría.
Aseff también expresó su preocupación sobre el futuro de los peritos nombrados, cuestionando cómo y cuándo serán seleccionados. "La idea no dicha es que esos peritos serán restrictivos en cuanto a la fijación de incapacidades altas", advirtió. En Santa Fe, la litigiosidad es más alta debido a que las comisiones médicas suelen otorgar incapacidades cero en el ámbito administrativo, lo que obliga a los trabajadores a recurrir a la justicia. En cambio, en Córdoba, las comisiones otorgan incapacidades más realistas, lo que reduce la motivación de los trabajadores para litigar.
Este análisis coincide con la perspectiva de Pusineri, quien considera que la reforma no resolverá la conflictividad, ya que no aborda la prevención de enfermedades y accidentes laborales. "La nueva ley no ataca las verdaderas causas de los juicios, solo impone restricciones a los que ya están en trámite", enfatizó.
En 2020, la Legislatura de Santa Fe aprobó la adhesión a la ley nacional de las ART, creando las comisiones médicas como instancia administrativa obligatoria antes de recurrir a la Justicia Laboral. Sin embargo, desde su implementación, ni la conflictividad ni el número de accidentes han disminuido, con un promedio de 40 mil accidentes anuales en la provincia. Desde 2021 hasta el año pasado, se registraron 370 muertes anuales relacionadas con estos incidentes.
Los críticos sostienen que la nueva normativa no busca la prevención, sino que intenta reducir costos empresariales a expensas de la salud laboral. "No existen estadísticas que demuestren que la litigiosidad se deba exclusivamente a la ética de abogados y peritos", argumenta Pusineri, quien señala que el verdadero motor de los juicios son los rechazos sistemáticos de las ART a las enfermedades profesionales.
Pusineri destaca que en Argentina, la cobertura de estas patologías es inferior al 10%, mientras que la OIT estima que deberían representar entre el 35% y el 40% de las contingencias laborales. "Las ART y las comisiones médicas se limitan a un listado rígido de enfermedades, rechazando casos que no se ajustan a este manual sin considerar la relación real entre el trabajo y el daño", explica.
El ex ministro señala que este mecanismo perjudica a las empresas, ya que al desestimar un siniestro, la ART se desentiende de su responsabilidad, convirtiendo el incidente en una enfermedad sin responsables, mientras que la empresa debe asumir el costo del salario del trabajador durante su licencia.
La reforma se enfoca en los síntomas (los juicios ya iniciados) pero ignora la raíz del problema: un sistema que empuja a los trabajadores a los juzgados al negarles cobertura básica.
Rosúa también subrayó que Santa Fe gasta 100 millones de dólares más que provincias similares en litigios laborales. Provincias como Salta o Río Negro, que implementaron cambios similares, lograron reducir en cinco o seis veces la cantidad de juicios en comparación con los tribunales santafesinos.
Las críticas continúan. Luciana Censi, abogada asesora de sindicatos como Aceiteros y Docentes Universitarios, considera que esta norma culmina un plan histórico de la Unión de las ART. Según ella, "se enmarca en una serie de reformas nacionales al sistema de riesgos del trabajo, que trasladan costos de las ART al Estado provincial, evadiendo así la raíz del problema: el incumplimiento sistemático de las ART en sus obligaciones de prevención".
Censi sostiene que la reducción de costos a través de altas médicas sin reconocimiento de incapacidades reales incrementa la litigiosidad, que refleja una mayor siniestralidad provocada por la falta de control y medidas preventivas eficaces en los ámbitos laborales.
La abogada concluye que "esto no puede verse sin el ajuste: primero, las ART redujeron costos y desconocieron incapacidades evidentes; luego, atacaron los honorarios de los profesionales en las comisiones médicas y cuestionaron la honestidad de los abogados laboralistas. Ahora, el foco se desplaza hacia los peritos oficiales, acusándolos de inflar porcentajes de incapacidad para obtener mayores honorarios".
En una reciente reunión con legisladores, miembros de la Corte Suprema de Santa Fe expresaron que la modificación al procedimiento laboral será inaplicable tal como fue aprobada. Según el portal Rosario3, uno de los ministros, Roberto Falistocco, afirmó que no se requieren más peritos, sino más jueces, dado que en promedio hay 2.500 causas por cada juzgado. Otros ministros sugirieron que la solución no radica en sobrecargar a los juzgados con más expedientes, sino en evitar que estos lleguen a los tribunales mediante una mejor resolución en la instancia administrativa.
La mayor incógnita sobre la nueva normativa radica en si las comisiones médicas continuarán con poca flexibilidad para aceptar incapacidades por accidentes o enfermedades. Si este es el caso, el sistema no se descomprimirá y los trabajadores seguirán buscando justicia en los tribunales.