El Gobierno de Javier Milei se muestra optimista con una narrativa que parece irresistible: la campaña agrícola 2025/26 cerraría con una de las mejores cosechas de la historia, superando los 110 millones de toneladas entre soja y maíz.
En la Casa Rosada, repiten esta cifra como un mantra que los acerca a la reelección presidencial. Sin embargo, tras este impresionante volumen, surge una incómoda interrogante: ¿cuánto de esta cosecha récord se traduce en verdadera rentabilidad?
Este dato no proviene de un informe opositor ni de una entidad rural en conflicto. Todo lo contrario, es parte de un análisis realizado por la Fundación Mediterránea, firmado por Juan Manuel Garzón, exfuncionario del propio Milei, y Franco Artusso. Es decir, se trata de cifras incómodas que emergen del propio entorno técnico que rodea al círculo rojo cordobés.
Los datos, presentados en el informe titulado "Rentabilidad agrícola 2018-2026: márgenes ajustados, volúmenes récord y una carga tributaria que no afloja", muestran un panorama lleno de contrastes. Se estima que el maíz podría alcanzar un récord histórico de 67 millones de toneladas, mientras que la soja se mantendría en torno a los 48 millones. A simple vista, el agro parece volver a ser la locomotora de la economía. Pero al examinar la rentabilidad por hectárea, la situación se torna drásticamente diferente.
El problema no radica en la producción, sino en el margen. En el primer trimestre de 2026, los números comenzaron a deteriorarse. Los ingresos cayeron en términos reales, impulsados por la baja del precio del maíz, mientras que los costos, especialmente el gasoil y los fertilizantes, aumentaron entre 6% y 8%. El resultado: "márgenes en retroceso después de una recuperación parcial durante 2025".
El dato más alarmante es que, incluso con buenos rindes, la producción de granos dejó de ser rentable en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos operan a pérdida, con un déficit de -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas logran equilibrar sus cuentas con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios de tierras pueden sostener números positivos, aunque muy por debajo de los niveles de años anteriores.
Este escenario relativiza el optimismo oficial, ya que la "cosecha récord" coexiste con una ecuación económica cada vez más ajustada. En Córdoba, la rentabilidad afecta la dinámica política, sobre todo en el interior, donde Milei obtuvo apoyo en las últimas tres elecciones. Un factor que agrava la situación es la estructura impositiva.
En el último año, el Estado se quedó con el 55% del excedente económico en la zona núcleo y con el 76% en la extrapampeana. En otras palabras, en las regiones menos productivas, tres de cada cuatro dólares generados por el campo terminan en manos del fisco.
Y aquí surge otro contraste que incomoda al relato libertario. Mientras el Gobierno se jacta de la reducción de algunos impuestos nacionales, con anuncios segmentados y disminución de alícuotas en tributos específicos, la presión fiscal sobre el agro permanece prácticamente intacta.
Las retenciones, consideradas el impuesto más distorsivo por el propio Milei en campaña, continúan representando la mayor parte de la carga tributaria efectiva.
El informe de la Fundación Mediterránea también destaca que el peso de los Derechos de Exportación es crucial para entender esta distorsión. A diferencia de otros impuestos, estos no se ajustan a la rentabilidad: se aplican sobre el ingreso bruto. Esto genera una paradoja que incomoda incluso a economistas cercanos al oficialismo: cuando los márgenes caen, la presión fiscal efectiva aumenta.
Es el tipo de inconsistencia que Milei prometió eliminar durante su campaña, cuando hablaba de "dinamitar" el sistema impositivo y acabar con tributos que castigan la producción. Por ahora, esa promesa coexiste con una realidad más pragmática: la necesidad de mantener la recaudación.
Entre 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actuales (24%). Sin embargo, en esos años, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados, impulsados por la postpandemia y la guerra en Ucrania, generando mayores excedentes económicos.
El contraste con el período 2021-2022 es elocuente. En esos años, con precios internacionales en niveles excepcionales, los márgenes eran mucho más altos y la carga tributaria relativa más baja, incluso con retenciones más elevadas. Hoy, la situación es inversa: menores precios, mayores costos y una presión fiscal que pesa más.
El informe lo resume así: "En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados, lo que generaba mayores excedentes económicos". Estos no son años cualquiera, sino los de Alberto Fernández en la Casa Rosada.
A esto se suma otro factor que comienza a preocupar en el sector: el financiamiento. Si parte de los insumos se adquiere a crédito, un escenario cada vez más común, los márgenes se deterioran aún más. En ese caso, incluso los arrendatarios de la zona núcleo podrían entrar en números negativos.
La conclusión es menos épica que el relato oficial. La campaña 2025/26 puede ser récord en volumen, pero no necesariamente en rentabilidad. Y esto tiene implicancias políticas y económicas.
Para el Gobierno, el agro sigue siendo una fuente clave de dólares en un contexto de fragilidad externa. Sin embargo, si los márgenes continúan comprimidos, la capacidad de reinversión del sector se reduce, lo que limita el potencial de crecimiento futuro.
En el fondo, el modelo enfrenta una tensión clásica de la economía argentina: la necesidad fiscal versus la competitividad productiva. Por ahora, la balanza sigue inclinándose hacia el primer aspecto. La pregunta que empieza a resonar en el mercado es si el "veranito" de la cosecha récord será suficiente para cubrir este desequilibrio o si, por el contrario, terminará exponiéndolo con mayor crudeza.