El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un nuevo ajuste en su gestión tras experimentar una caída de la coparticipación federal que se extendió durante nueve meses.
En el primer cuatrimestre del año, la coparticipación se desplomó en términos reales un 6,6% en la provincia. Este descenso en los recursos obligó a Llaryora a revisar su plan de gestión y a implementar recortes en el gasto de todos los ministerios, priorizando el área de infraestructura.
De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, que depende del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, Córdoba recibió durante este periodo $1,80 billones en coparticipación y transferencias automáticas. En términos nominales, esto representa un aumento del 23,9% en comparación con el año 2025. Sin embargo, al ajustar estas cifras por inflación, se revela una caída real del 6,6%.
Este fenómeno no es aislado; el mes de abril marcó el noveno mes consecutivo de caída real en los envíos automáticos. En abril, Córdoba recibió $461.230,9 millones, lo que representa un 28,2% más que en el mismo mes del año anterior en términos nominales. Sin embargo, con una inflación interanual que sigue en aumento, el resultado se torna negativo, mostrando una baja real del 3,5%.
En este contexto, Llaryora otorgó un aumento del 40% a los docentes, reconociendo la crisis inflacionaria que afecta el plan del presidente Javier Milei.
La situación no pasa desapercibida en el Panal, donde los funcionarios comienzan a recalcular cada partida presupuestaria. Llaryora enfrenta un desafío doble: la caída de recursos se produce en un contexto de desaceleración económica que impacta en la recaudación del IVA y de Ganancias, los dos principales motores de la masa coparticipable. Además, se encuentra en medio de un delicado equilibrio político con la Casa Rosada, ya que el cordobesismo ha estado colaborando selectivamente con el gobierno de Milei.
El intendente se prepara para el 13 de mayo, cuando se dará inicio al breve periodo de liquidación del anticipo de Ganancias por parte de las empresas. En un lapso de apenas tres días hábiles, se concentra la mayor parte de los ingresos relacionados con los pagos de saldos de sociedades y los anticipos del nuevo periodo fiscal.
En meses normales, el impuesto a las Ganancias representa entre el 20% y el 25% de la recaudación nacional, pero mayo suele superar el promedio mensual debido a la combinación de anticipos elevados y la cancelación de saldos de declaraciones juradas. Este mes no solo implica adelantos: muchas empresas liquidan allí el monto anual más significativo, lo que redefine los anticipos futuros.
El impacto de este impuesto coparticipable repercute directamente en las provincias. Córdoba, que recibe entre el 8,5% y el 9% de la masa total, podría percibir entre $120.000 millones en un escenario bajo y hasta $210.000 millones en uno alto. La magnitud de estas cifras estimativas subraya la importancia de monitorear los ingresos en estos días, que son cruciales para las finanzas provinciales.
En este contexto de caída real de la coparticipación, mayo se presenta como una verdadera prueba de fuego. Si la recaudación repunta, podría ofrecer un respiro y amortiguar la caída de ingresos; si no logra superar la inflación, confirmará la consolidación de la debilidad económica. Así, mayo se convierte en un termómetro de la economía formal: si en 2025 una empresa reportó pérdidas, la base para calcular los anticipos de 2026 será nula. Por ende, el anticipo que vence en mayo debería ser cero.
Dentro del Gobierno ya se perciben señales de alerta en áreas sensibles. La obra pública, uno de los pilares de la gestión provincial, enfrenta un panorama de restricciones crecientes, aunque no es la única área que sufrirá recortes. El Presupuesto 2026 contemplaba un gasto total de $11,44 billones, con un incremento nominal del 14,4%. Sin embargo, esa proyección se ha vuelto rápidamente obsoleta.