La CGT y las organizaciones empresariales han llegado a un acuerdo inesperado: lo más conveniente sería postergar la reforma laboral hasta marzo, buscando así tratarla con la calma necesaria en las sesiones ordinarias del Congreso. Existen demasiados puntos cruciales que aún permanecen sin resolver.
El presidente de la CAME, Ricardo Diab, exigió la semana pasada al gobierno modificaciones en uno de los artículos que definen el espíritu del proyecto, específicamente en lo relacionado a la ultraactividad de los convenios colectivos. Señaló que eliminar esa cláusula conllevaría a “la caída de los convenios laborales y la necesidad de reformularlos desde cero” para que, posteriormente, “el Estado decida homologarlos o no”. “Sabemos que muchos convenios están desactualizados, pero en nuestro caso los actualizamos constantemente y no enfrentamos conflictos, por lo que no vemos la necesidad de anular y comenzar todo de nuevo”, justificó.
Diab también mencionó en esa entrevista que solicitaban cambios al gobierno en otros cinco artículos de la ley y que aguardaban respuesta a esas demandas. Fuentes de la CGT indicaron a LPO que estos requerimientos de los empresarios podrían alinearlos en la misma dirección, buscando posponer el debate de la reforma para las sesiones ordinarias. Desde Azopardo, las patronales argumentan que no sería confiable un tratamiento exprés de la reforma, ya que podría desatar una ola de litigios judiciales.
Por su parte, Caputo advirtió a Patricia Bullrich que no tiene intención de eliminar el capítulo de Ganancias de la reforma laboral. En efecto, los sindicalistas y los opositores en el Congreso ya se preparan para impugnar en la Justicia los aspectos más controvertidos de la reforma, y por esta razón, Bullrich se jactó ante los senadores de que el Gobierno ya contaba con el compromiso de “los camaristas” del fuero laboral, quienes rechazarían las impugnaciones a la norma.
Las asociaciones empresariales sostienen que un tratamiento exprés de la reforma laboral no sería confiable, ya que podría provocar una avalancha de litigios judiciales. La opción de llevar la discusión a las sesiones ordinarias no parece descabellada para los dirigentes gremiales, ya que, según reveló un senador peronista, “admiten que hay cuestiones que podrían discutirse con el Gobierno”. Sin embargo, los senadores dialoguistas tampoco se sienten cómodos con la urgencia de Bullrich por otorgar media sanción al proyecto la próxima semana.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, se encuentra en el centro de la controversia. Una senadora dialoguista anticipó a LPO que no asistirá este martes a la reunión con la jefa de bloque libertario y los presidentes de las bancadas aliadas. “Ya hicimos nuestros planteos para los cambios y hasta que no obtengamos respuestas, no asistiremos”, comunicó a sus interlocutores.
El cronograma que estableció Bullrich parece demasiado apretado: este martes la esperan sus pares del Senado, salvo los líderes de los bloques peronistas, en las oficinas de la UCR para que confirme si Diego Santilli y Luis Toto Caputo aceptan las modificaciones propuestas. Para el miércoles, la exministra de Seguridad deberá presentar el resultado de su conversación con los senadores en la mesa política del gobierno.
Los gobernadores también tienen reservada la sala del CFI para el miércoles. El peronismo aguarda el desenlace de ese encuentro para determinar cuántas voluntades puede reunir en el recinto para frenar la reforma o, en su defecto, si cuenta con la fuerza suficiente para retacear el quórum. José Mayans cuenta con un piso de 28 legisladores, siempre que todos se alineen en medio de tensiones y diferencias internas cada vez más marcadas, y solo podría bloquear las intenciones del oficialismo si se suman los senadores que responden a los gobernadores.
El formoseño fue claro con los enviados de los gobernadores que se acercaron para solicitar ayuda por la emergencia ígnea en la Patagonia: “Ustedes vienen a pedir solidaridad para conseguir 20 mil millones por los incendios, pero le regalan a Milei 12 mil millones con la reforma laboral”, habría afirmado. En cualquier caso, también hay legisladores del oficialismo que observan con inquietud la reforma laboral, debido a sus inconsistencias técnicas y la debilidad con la que podría nacer si se promulga sin un debate profundo entre sindicatos y patronales.