El gobierno consiguió aprobar la modificación de la Ley de Glaciares con un contundente respaldo de 40 votos a favor frente a 31 en contra, además de la abstención de la senadora neuquina Julieta Corroza. Tal como se había anticipado, el bloque que apoyó la nueva legislación estuvo encabezado por el sanjuanino Sergio Uñac, la catamarqueña Lucía Corpacci, y el grupo de la tucumana Carolina Moisés, que incluye a Guillermo Andrada, aliado del gobernador Raúl Jalil, y la tucumana Sandra Mendoza.
Los que se opusieron a la norma fueron los peronistas del interbloque de José Mayans, junto a los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, y los radicales Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad. También se sumaron la chubutense Edith Terenzi, la cordobesa Alejandra Vigo, y las senadoras del PRO María Victoria Huala y Andrea Cristina. Esta votación representa una victoria para los gobernadores peronistas de las regiones cordilleranas, quienes habían demandado esta concesión desde diciembre como parte de su apoyo a la reforma laboral.
La nueva normativa, que fue aprobada este jueves, otorga nuevamente a las provincias la facultad de realizar estudios de impacto ambiental para evaluar la importancia hídrica de las tierras periglaciares. Anteriormente, esta responsabilidad estaba en manos del IANIGLA, con el objetivo de proteger las áreas cercanas a las reservas de agua utilizadas en la minería.
En su discurso de cierre, Patricia Bullrich instó a poner fin a la dicotomía entre “agua o trabajo”. Si bien reconoció el objetivo legítimo de la ley original de 2010, argumentó que la modificación no cambia la esencia, sino que busca “producir en cada rincón donde sea posible”.
El miembro informante, Austín Coto, provocó a la oposición durante su intervención al citar extractos de la versión taquigráfica de la sesión del Senado del 30 de septiembre de 2010, cuando se aprobó la ley de Glaciares que estuvo vigente hasta ahora. Recordó que César Gioja, hermano del exgobernador sanjuanino, cuestionaba la omisión de un artículo clave de la Constitución en el dictamen de Diputados, el cual establece que las provincias tienen potestad sobre sus recursos naturales.
La referencia de Coto al dictamen de la Cámara Baja de aquel entonces se debió a que los gobernadores defendían un proyecto que fue alterado por la “ley Bonasso”. Durante el debate, Agustín Rossi, legislador santafecino, tuvo que anunciar que Cristina Kirchner no vetaría la ley que se aprobara, aunque no fuera la versión que defendían los legisladores de las provincias cordilleranas. Finalmente, en el Senado se impuso una visión más “proteccionista” del medio ambiente.
Por esta razón, Coto expresó su descontento con la perspectiva progresista que predomina en el área metropolitana, calificando la normativa como “una ley de presupuestos máximos redactada dentro de un frasco de una empanada en un bar de Palermo, hecha por dos chetos”. En un tono burlón, recordó la discusión sobre los pinos que había tenido lugar en el Senado, mencionando que “abajo de los pinos no crece absolutamente nada”.
Después de que Coto se despachara con sus comentarios, el peronista pampeano Daniel Bensusán lo confrontó con dureza. “Nos dejaron un papel impreso en cada una de las bancas. ¿Qué sería esto?”, cuestionó, mostrando un manojo de hojas del dictamen que Coto había elaborado en secreto con senadoras como Edith Terenzi y Flavia Royón. Bensusán continuó su reproche, expresando su frustración por la falta de claridad sobre las modificaciones propuestas y advirtiendo que se estaba repitiendo lo sucedido con la ley laboral.
Mientras el debate avanzaba, incluso se cuestionó si Luis Juez votaría a favor, lo que finalmente ocurrió. Desde la Casa Rosada, se llevaron a cabo gestiones para asegurar que el cordobés no se dejara influenciar por las críticas que lo acusaban de haber respaldado la ley de Glaciares en 2010 y de no poder aparecer apoyando su modificación ahora. Cerca de las 17, Juez recordó que había discutido el tema con Pino Solanas hace 16 años. “Entiendo el tema de la defensa del agua y todo ese discurso, que lo siento como propio”, expresó, aunque luego justificó su cambio de postura.
El santacruceño Carambia anticipó su voto negativo, argumentando que el artículo 6° permite una interpretación laxa. “Es autorización tácita encubierta para que puedan hacer lo que quieran donde sea”, advirtió. Coincidió con Alicia Kirchner en que la minería no siempre genera empleo, señalando que “hace 28 años que tenemos minería y todavía hay parte de la población sin servicios básicos”.
Una de las defensas más sólidas a favor de la ley provino de la misionera Sonia Rojas Decut, quien destacó que la legislación en debate “no disminuye los estándares, sino que clarifica competencias y fortalece los procesos de evaluación científica y ambiental”. Según su perspectiva, “el desarrollo económico y la protección ambiental no son fuerzas opuestas, sino condiciones recíprocas que necesitamos para avanzar hacia un desarrollo sostenible”.
Finalmente, Royón también expresó sus objeciones contra quienes intentan generar un “terrorismo ambiental” o que afirman que en este proyecto se entrega el agua o los glaciares, y pidió que se respete “a los equipos técnicos de las provincias”. “¿Saben dónde están los mejores glaciólogos? En San Juan”, concluyó con orgullo.