El Gobierno consiguió la media sanción de la reforma laboral, logrando una amplia mayoría de 42 votos a favor y 30 en contra. Este hecho dejó al descubierto la creciente debilidad del peronismo en el Senado. Para asegurar el respaldo mayoritario de los bloques, Patricia Bullrich tuvo que ceder ante la CGT y aceptar la obligatoriedad de la cuota sindical, ya avanzada la tarde del miércoles. Sin embargo, mantuvo la creación del fondo de indemnizaciones que absorbe recursos de la Ansés, la eliminación de la ultraactividad, la negociación por empresas y la derogación de los estatutos, lo que representa un duro golpe al modelo sindical argentino.
En medio de una sesión donde un borrador del proyecto recibía correcciones constantes, el oficialismo finalmente aceptó la retención obligatoria de la cuota sindical, un reclamo de la central obrera que se oponía a que el aporte de los trabajadores fuera voluntario. Este aspecto se sumó a la conservación del 6 por ciento destinado a las obras sociales, otra demanda de los sindicatos. Ambos puntos son, en esencia, una mera conservación de conquistas pasadas. A pesar de esta neutralización parcial, la Casa Rosada logró debilitar a los gremios con un articulado que desmantela regímenes de licencias y restringe el derecho de huelga al declarar diversas actividades como esenciales.
En la votación en particular, se desvaneció el plan de la CGT para desvirtuar la reforma laboral, tal como había anticipado a LPO su líder, Cristian Jerónimo. Aunque la CGT logró conservar algunas herramientas para proteger su defensa corporativa, el gobierno impuso modificaciones en aspectos centrales del modelo sindical peronista, como el derecho a huelga, la ultraactividad y las negociaciones colectivas por rama, regresando a la senda de reformas de los años 90 bajo el gobierno de Carlos Menem.
El gobierno alcanzó la mayoría tras eliminar del proyecto la reducción de cuatro puntos en el impuesto a las ganancias, medida que había generado el descontento de los gobernadores aliados, ya que afectaba su ya debilitada recaudación. Para evitar sorpresas, Milei ordenó a toda la mesa política del gobierno que se trasladara al Congreso hasta que se aprobara la norma. Karina, Santilli, Adorni y los Menem se recluyeron en el despacho del riojano en Diputados.
La votación evidenció un trabajo político notable por parte de los libertarios, destacando la incorporación de Santilli, quien desde su asunción se dedicó a ganarse el apoyo de los gobernadores. De los 22 senadores libertarios -incluyendo a Luis Juez- el gobierno logró sumar 20 votos adicionales de provincias aliadas, que habían estado muy descontentas con la Casa Rosada.
El punto más debatido fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aunque el oficialismo solo perdió los votos de la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el radical Maxi Abad. El fondo para despidos que propone Milei le costará a la Ansés alrededor de USD 3000 millones.
Una de las críticas más contundentes provino del peronista puntano Fernando Salino, quien advirtió sobre la posible judicialización de la ley, señalando que "a diez minutos de la votación en particular, aún no se sabe qué texto se va a votar". José Mayans y Sergio Uñac también se expresaron, denunciando un "avasallamiento y una violación del reglamento" por parte del grupo de los libertarios y sus aliados, reabriendo la posibilidad de judicializar tanto el contenido del proyecto como la conformación de las comisiones establecidas por Bullrich.
Mayans, en un tono indignado, acusó: "Nos robaron siete senadores" y agregó que se había hablado de 28 modificaciones, cuando en realidad llegaron con 50 modificaciones a primera hora de la mañana. Calificó el procedimiento como "una falta de respeto", ya que la reforma modifica 41 leyes, las cuales enumeró al borde de la medianoche.
Para cerrar, Bullrich recordó las "frustraciones múltiples" que han surgido cada vez que se intentó implementar reformas de este tipo en Argentina. Realizó una corrección sutil a su afirmación inicial, donde había dicho que esta era la primera ley laboral de la democracia. "No prometemos milagros, traemos soluciones concretas porque Argentina necesita generar empleo, y esto se logra a través de la competitividad", argumentó.
La exministra defendió la eliminación de la ultraactividad y la priorización de la negociación por empresa, afirmando: "Estamos rompiendo cadenas".
El primero en cuestionar las intenciones de Bullrich fue Mariano Recalde, quien tildó el proyecto de "revanchista" y negó que lo que se discutía fuera algo inédito. Recordó que en la Ley Bases se habilitó la contratación de hasta tres colaboradores sin derechos laborales, pero eso no generó empleo. Recalde también hizo hincapié en que Bullrich, cuando era ministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa, había afirmado que su cartera no era responsable de crear empleo, sino que esa tarea correspondía al Ministerio de Economía. "Las normas laborales no crean empleo", advirtió el senador kirchnerista.
La senadora tucumana Beatriz Ávila y la radical Mariana Juri también expresaron sus opiniones. Ávila alertó que la reforma "no es suficiente", mientras que Juri opinó que "una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral adaptada a las situaciones actuales, el empleo no llega".
La catamarqueña Lucía Corpacci se quejó por la forma en que el oficialismo manejó la negociación de la ley, afirmando que no se brindó oportunidad para que su bloque pudiera hacer aportes que al menos mitigaran el daño que esta ley causa a los trabajadores. En contraposición, Ávila consideró que la ley en discusión "ayudará a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado laboral".
La jefa de La Libertad Avanza, que posee más transferencias que un Corsa, afirmó que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina, a pesar de haber sido ministra de Trabajo en el 2001. Joaquín Benegas Lynch combinó transformaciones políticas y económicas con un cambio moral, señalando que "esta ley no es solo técnica, es un pilar fundamental para mejorar el ámbito laboral", describiendo al empleador y al empleado como "socios naturales".
Por su parte, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti recordó a Bullrich los episodios de corrupción en el Senado para aprobar la reforma laboral en el 2000, burlándose de que "25 años después de la Ley Banelco vienen con las mismas ideas y hablan de modernización".
Más tarde, la jujeña Carolina Moisés desestimó las especulaciones del kirchnerismo sobre la posibilidad de que los peronistas disidentes votaran a favor de la reforma junto a los libertarios. Reconoció que "es una pena que el peronismo, que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento, no haya podido estar a la altura de las circunstancias", aclarando que "Argentina necesita una reforma laboral, pero no esta".
El último orador antes de que los presidentes de bloque hicieran sus cierres fue Ezequiel Atauche, quien arremetió contra las organizaciones gremiales, describiéndolas como "parte de una mafia que apañó al peronismo". Celebró que la reforma eliminara la ultraactividad, proclamando: "Esa realidad se acabó, está extinta. Los argentinos ya no quieren más eso. El verdadero progreso de Argentina se logra a través de las empresas".