El gobierno argentino busca condonar una deuda de USD 1.842 millones que las empresas eléctricas mantienen con Cammesa, la administradora del mercado mayorista de energía. La secretaria de Energía, María Tettamanti, compareció ante el Congreso para defender este controvertido aspecto del proyecto de "medidas energéticas" que incluye decisiones muy delicadas, como la eliminación de beneficios tarifarios para provincias con climas extremos y la creación de un esquema de perdón de deuda para las distribuidoras eléctricas privadas.
En el centro de esta discusión se encuentra la deuda que las distribuidoras han acumulado con Cammesa. Según datos proporcionados por la Jefatura de Gabinete, estas empresas deben un total de USD 1.842 millones, de los cuales un 69% se concentra en tres grandes actores: Edenor, Edesur y el Grupo DESA.
Edenor lidera la lista con una deuda de USD 438 millones, seguida por Edesur, perteneciente a la italiana Enel, que debe USD 345 millones. El Grupo DESA, que incluye a Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, acumula un total de USD 474 millones entre todas sus empresas.
El proyecto del gobierno permitiría que estas distribuidoras descuenten de sus deudas con Cammesa los ingresos que supuestamente dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. De este modo, el Estado dejaría de exigir parte de la deuda a cambio de que las empresas renuncien a futuros litigios por "activos regulatorios".
Esta propuesta genera un fuerte debate político, ya que el gobierno había intentado implementar una medida similar en el frustrado Presupuesto 2026, específicamente en el capítulo XI, pero no logró el apoyo necesario en el Congreso. Muchos legisladores se opusieron a la idea de condonar deudas millonarias a empresas privadas mientras se llevaban a cabo recortes de subsidios para usuarios residenciales.
Desde hace dos décadas, las empresas eléctricas han reclamado esta condonación a todos los gobiernos. Edenor y Edesur lo plantearon a Macri, incluso después de aumentos tarifarios que superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Este reclamo se reiteró durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora vuelve a surgir con Milei.
Además, el diseño del mecanismo ha despertado sospechas en el sector energético. La implementación recaerá en Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica, quien tiene estrechos vínculos con los hermanos Neuss, quienes se beneficiaron enormemente en el sector durante el gobierno libertario.
En su presentación ante las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Tettamanti defendió el proyecto argumentando que durante las últimas dos décadas las distribuidoras operaron en un contexto de emergencia tarifaria, con tarifas congeladas que les impidieron cubrir costos operativos, pagar a Cammesa e invertir en la calidad del servicio. "Se acumularon deudas millonarias", remarcó.
La funcionaria también recordó que el año pasado se firmaron acuerdos de refinanciación a 72 cuotas con períodos de gracia, pero advirtió que las tarifas actuales aún no permiten reconocer los costos no recuperados del pasado.
Este reclamo empresarial ha atravesado prácticamente todos los gobiernos en los últimos veinte años. Edenor y Edesur lo plantearon a Macri incluso tras incrementos tarifarios descomunales. La situación se reitera con Milei, justo después de que su gestión impulsara una nueva revisión tarifaria que supuestamente buscaba "normalizar" el esquema de ingresos.
Este ciclo parece ser interminable. Cada revisión tarifaria promete cerrar el conflicto histórico, pero siempre se regresa al mismo punto: las empresas argumentan que las tarifas no son suficientes y piden compensaciones adicionales, mientras la deuda con Cammesa sigue creciendo como una bola de nieve que el Estado termina financiando.
La discusión también se ve afectada por antecedentes incómodos. Durante la intervención del ENRE bajo la dirección de Federico Basualdo, una auditoría sobre los acuerdos firmados en la gestión de Gustavo Lopetegui reveló irregularidades en el cálculo de los "activos regulatorios", favoreciendo artificialmente a las distribuidoras y transformando a empresas deudoras en acreedoras del Estado.
En el sector energético, muchos consideran que el nuevo proyecto socava incluso el argumento político que justificó la última revisión tarifaria impulsada por Milei. Si esa recomposición extraordinaria de ingresos no fue suficiente para satisfacer el reclamo histórico de las distribuidoras, la discusión parece carecer de un final claro.