El ex juez federal Marcelo Bailaque enfrentó un inicio complicado en la audiencia que determinará si será juzgado por su vinculación con el narcotráfico. Durante la sesión, una noticia inesperada sorprendió a todos los presentes: Gabriel Mizzau, contador de empresas del narcotraficante Esteban Alvarado y asesor contable de Bailaque, aceptó un acuerdo de culpabilidad y se convirtió en imputado colaborador en el caso contra el ex magistrado.
El impacto de la confesión de Mizzau
La revelación generó conmoción tanto dentro como fuera de la sala de la Cámara Federal de Rosario, donde el juez Aníbal Pineda dirigía la audiencia. El fiscal Diego Iglesias informó que Mizzau había firmado un acuerdo que implicaba su reconocimiento de culpabilidad y un compromiso de colaboración en el marco del artículo 41 ter, que permite ofrecer información a cambio de una pena reducida. Este acuerdo fue autorizado por el juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz.
Bailaque y sus múltiples imputaciones
Bailaque, quien actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria, no asistió a la audiencia y enfrenta cargos en tres causas diferentes. La más relevante, presentada por el fiscal Matías Scilabra, lo acusa de haber omitido acciones cruciales en 2013 contra Esteban Alvarado, quien fue condenado por narcotráfico en 2022. La omisión se centra en el hecho de que Mizzau, amigo y contador de Bailaque, también trabajaba para Alvarado.
El reproche hacia Bailaque radica en su negativa a adoptar medidas esenciales en 2013 contra miembros del grupo delictivo de Alvarado, lo que resultó en la paralización del caso en su juzgado. Los datos acumulados en ese expediente fueron utilizados posteriormente por la Justicia provincial para condenar a Alvarado y a su organización criminal, siete años después.
La renuncia de Bailaque y sus consecuencias
Mizzau se convierte en el tercer imputado en causas vinculadas a Bailaque que opta por colaborar con la Justicia. Anteriormente, el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna, y el financista Fernando Whpei también hicieron lo mismo. Las declaraciones de Mizzau complican aún más la situación del ex juez, quien presentó su renuncia el año pasado.
El fiscal Iglesias destacó que Mizzau proporcionó información patrimonial valiosa que permite avanzar en casos relacionados. Tras su aceptación de culpabilidad, lo único que queda por definir es la magnitud de su condena. Mizzau, quien firmó los estados contables de la empresa Logística Santino de Alvarado, también gestionó permisos comerciales para un geriátrico vinculado a la familia Alvarado, que simulaba ser un negocio legítimo.
Además, el hijo de Mizzau, Sebastián, trabaja en la Justicia Federal de Rosario, habiendo ingresado sin concurso en 2017 gracias a la relación de amistad entre su padre y Bailaque. Mizzau también se encargaba de las cuentas personales del ex juez, quien aseguró no haber estado al tanto de la conexión de su contador con el grupo de Alvarado.
Bailaque enfrenta otras acusaciones, como la de haber colaborado con Vaudagna y Whpei en la creación de una causa anónima contra dos empresarios bursátiles, con el objetivo de extorsionarlos. También se le imputa haber orquestado una transferencia de mil millones de pesos en 2021 hacia una mutual, lo que contraviene las normativas sobre fondos judiciales en litigio.
El gobierno de Javier Milei aceptó la renuncia de Bailaque en julio del año pasado, justo cuando el Consejo de la Magistratura estaba a punto de llevar su caso a juicio político. Los fiscales han solicitado diez años de prisión para Bailaque por extorsión, incumplimiento de deberes, allanamientos ilegales y lavado de dinero, así como una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.