El Gobierno argentino celebró un fallo que, en realidad, es el resultado de una serie de decisiones, estrategias y abogados que se extendieron a lo largo de cuatro administraciones distintas. Este fenómeno inusual de política de Estado logró sortear la grieta, avanzando paralelamente a las disputas entre peronistas y liberales por la expropiación de YPF.
La resolución favorable de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York no pertenece a un único protagonista, y tal vez eso refleje mejor la realidad del país de lo que se podría pensar. El litigio contra YPF y el Estado argentino por la expropiación de 2012 comenzó en abril de 2015 en los tribunales de Nueva York. La demanda fue impulsada por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos litigiosos de la familia Eskenazi, que controlaba el grupo Petersen. El argumento fue contundente: Argentina incumplió el estatuto de YPF al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones al momento de la expropiación.
Desde entonces, la defensa del país quedó en manos del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, un prestigioso bufete que ha representado a Argentina en los tribunales de Nueva York desde la crisis de deuda de 2002. Este mismo estudio se ocupó del canje, la disputa con los holdouts y, posteriormente, del caso YPF. A pesar de los cambios de gobierno, la columna vertebral de la defensa se mantuvo intacta. Esta continuidad no fue casualidad, ya que Cleary Gottlieb continuó su labor incluso cuando, en 2016, la administración de Mauricio Macri intentó sumar otros estudios para reforzar casos específicos.
El fallo histórico revocó la condena por la expropiación de YPF, lo que significó un ahorro de USD 18 mil millones para Argentina. Sin embargo, el núcleo estratégico de la defensa continuó siendo el mismo. Desde un principio, se apostó a sostener que la expropiación se realizó conforme a la Constitución y las leyes argentinas, y por lo tanto, no era competencia de la justicia de Nueva York. De hecho, Macri buscó que el juicio se trasladara a Argentina, argumentando que la expropiación fue un acto soberano. Sin embargo, el gobierno perdió esa instancia y, a partir de allí, el caso avanzó a la fase técnica, bajo la supervisión de la jueza Loretta Preska, quien heredó el juzgado de Thomas Griesa, responsable de condenar a Argentina en la disputa con los holdouts. Desde el principio, Preska mostró una postura muy dura hacia el país.
La gestión de Javier Milei mantuvo la línea de defensa del kirchnerismo: no pagar porque no corresponde. Durante su gobierno, Milei tuvo tres procuradores del Tesoro: Rodolfo Barra, Santiago Castro Videla y Sebastián Amerio. Los tres sostuvieron la misma estrategia: la Constitución Nacional tiene primacía sobre el estatuto de una empresa.
El regreso del kirchnerismo al poder en 2019 no significó un cambio drástico, pero sí un ajuste en la estrategia legal. Desde 2020, la Procuración del Tesoro, bajo la dirección de Carlos Zannini, incorporó al estudio Sullivan & Cromwell, liderado por Robert Giuffra. La estrategia se reestructuró para centrarse en el argumento de que el estatuto de una empresa no puede estar por encima de la Constitución argentina, más que discutir la jurisdicción. En otras palabras, ninguna cláusula societaria puede limitar la potestad soberana del Estado de expropiar por utilidad pública, siempre que actúe conforme al ordenamiento legal.
Lo curioso es que la administración de Milei continuó con la misma línea: no pagar porque no corresponde. A lo largo de su gobierno, Milei mantuvo a tres procuradores del Tesoro: Rodolfo Barra durante 2024, Santiago Castro Videla desde enero de 2025 y Sebastián Amerio desde marzo de este año. Los tres continuaron con la estrategia de que la Constitución Nacional está por encima del estatuto de una empresa, tal como había sostenido el kirchnerismo al proceder con la estatización.
No obstante, Milei jugó a tres bandas. Intentó modificar la estrategia con el estudio Covington & Burling para ampliar la investigación hacia causas de corrupción vinculadas al caso. Al mismo tiempo, antes de asumir, abrió canales informales para negociar el pago con Gerardo 'Gerry' Mato, un ex HSBC y lobbista contratado por Burford.
Mato no es un actor menor: fue anfitrión en su mansión de Greenwich de reuniones con enviados libertarios como Darío Epstein y Juan Nápoli, en busca de apoyo financiero para Milei, en las semanas previas a su asunción. Durante la actual gestión de Toto Caputo, Mato visitó al menos seis veces el Ministerio de Economía, una vez que la sentencia de Preska contra el país en primera instancia quedó firme. En esos momentos, se hablaba de un negocio de comisiones millonarias.
Con Milei en la Casa Rosada, las vías laterales se intensificaron. Mientras la Procuración apelaba el fallo de Preska, argumentando que es nulo y que la expropiación fue legal, en el Ministerio de Economía se exploraban alternativas de acuerdo. Como reveló LPO, Mato visitó al menos seis veces el Ministerio de Economía, una vez que la sentencia en contra del país en primera instancia quedó firme. En esos momentos, se hablaba de un negocio de comisiones millonarias.
El reciente posteo del ministro de Economía, Toto Caputo, generó suspicacias. 'Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida!! Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!!', celebró Caputo. Con la cronología del juicio por la expropiación de YPF, la intención del gobierno libertario de atribuirse el éxito legal resulta tan predecible como exagerada.
En un acto en La Paternal, Javier Milei proclamó: 'Ganamos el juicio por YPF. Argentina no debe pagar nada', y fue más allá al calificarlo como 'el mayor logro jurídico de la historia nacional', dirigiendo sus críticas hacia Axel Kicillof. Sin embargo, la lectura técnica va en sentido opuesto. Sebastián Maril, uno de los analistas que más ha seguido el caso desde sus inicios y difícil de encasillar políticamente, fue claro: 17 de abril de 2012: 'El Estatuto de una empresa (YPF) no puede estar por encima de la Ley Pública', Axel Kicillof. 27 de marzo de 2026: 'El Estatuto de una empresa (YPF) no puede estar por encima de la Ley Pública', Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
Más allá de las chicanas y la tentación de abrir vías paralelas para llegar a un acuerdo con los acreedores, lo concreto es que el gobierno de Milei mantuvo la línea de defensa, tal como lo destaca uno de los cerebros jurídicos de Argentina en este caso, el ex sub procurador, Sebastián Soler. 'El mérito del actual gobierno es haber mantenido en la apelación los argumentos iniciales de la defensa argentina', afirmó Soler en una entrevista reciente. Si no se trata de una política de Estado, se asemeja bastante.