El Gobierno enfrenta un verdadero desafío en su intento por llevar a cabo privatizaciones significativas. A medida que se acerca la mitad de su mandato, Javier Milei solo logró concretar la venta de la mitad de la empresa mendocina Impsa, y lo más preocupante es que no recibirá ni un dólar de esa transacción. Los fondos que se prometieron están destinados a afrontar deudas y a capitalizar la firma, fundada por Pescarmona.
El encargado de gestionar este proceso de privatización, Diego Chaher, responde directamente a Santiago Caputo, quien supervisa todas las empresas estatales. Sin embargo, no es el único culpable de este estancamiento. El ministro Toto Caputo, que controla el área energética, también se vio involucrado en la venta de las pocas joyas que quedan en ese sector, como las acciones estatales de la transportadora Transener.
Un funcionario que observa críticamente la gestión de Milei expresó: "Siempre ocurre lo mismo, cuando se dan cuenta de los recursos que manejan las empresas del Estado, los sueldos exorbitantes, las secretarías, los choferes, la publicidad, pierden el interés por privatizarlas".
La realidad es que tanto Aerolíneas Argentinas como el Banco Nación no avanzaron ni un paso en el proceso de privatización ni en la incorporación de capital privado. Lo mismo se aplica a Arsat, el Correo y las rutas nacionales. Hasta el momento, solo se lanzó la licitación para la deteriorada "Ruta de Mercosur", la ruta nacional 12 que atraviesa Entre Ríos, y no hay novedades al respecto.
Las razones detrás de este estancamiento son múltiples, pero todas apuntan a un mismo problema: falta de gestión, ausencia de coordinación política y, sobre todo, una incapacidad para manejar intereses cruzados y resistencias locales. Un empresario con acceso a los despachos oficiales comentó: "No logran ni hacer un pliego correctamente. Hay una incapacidad de gestión y de coordinación política. No cuentan con personal capacitado ni funcionarios políticos de peso para articular los intereses y llevar adelante el proceso".
Un ejemplo emblemático de esta situación es la mencionada Ruta del Mercosur. Se anunció, se canceló, se volvió a anunciar, se retocó y se suspendió nuevamente. Entre las internas en Vialidad, que se disolvió y luego el Congreso anuló dicha disolución, las marchas y contramarchas con Transporte, y la falta de apoyo político desde la Jefatura de Gabinete, el expediente se transformó en un verdadero laberinto. Actualmente, sigue estancado.
El Gobierno sufrió un duro golpe en Diputados: la oposición aprobó la ley Libra y rechazó cinco decretos de Milei. Algo similar sucede con Transener, la compañía que transporta más del 80% de la electricidad del país. Aunque el gobierno había insinuado su intención de privatizarla desde el verano, ya han pasado ocho meses y la Secretaría de Energía solicitó otros ocho meses más. No hay precio, no hay modelo, no hay plan. Hay cabildeo, sí, pero ni eso alcanza para mover la balanza.
En cuanto a la venta de Aysa, la empresa estatal de agua de Israel, se distanció de la posibilidad de adquirir la compañía, dejando en ridículo al gobierno de Javier Milei, que había celebrado la posibilidad de concretar esa operación. La primicia que circuló sobre un posible desembarco de Mekorot en Aysa, junto a los empresarios argentinos Daniel Sielecki y Mauricio Filiberti, generó un gran revuelo y obligó a la compañía israelí a aclarar que no puede comprar activos en el extranjero.
El presidente de Aysa, el ex macrista Alejo Maxit, afirma que hay interés de empresas de agua de San Pablo y Santiago de Chile, y promete que en menos de tres meses se concretará la venta. Habrá que ver si cumple.
En el caso de las represas del Comahue, la falta de acuerdo con los gobernadores patagónicos llevó a prorrogar nuevamente la concesión. Ni la voluntad política ni la técnica se atrevieron a desatar ese nudo y licitar las obras. "No saben cómo valorarlas. Contrataron consultorías millonarias, pero desconocen que hay que diferenciar el stock, el activo propiamente dicho, en relación al flujo, que depende del costo de generación validado", explicó la fuente consultada.
Intercargo, que presta servicios a las aerolíneas en tierra, tampoco logró despegar. Parecía un caso sencillo, hasta lógico: una empresa monopólica con ingresos en dólares, atractiva para el sector privado. Sin embargo, el expediente no avanzó. Hay resistencia gremial, falta de un marco normativo y un silencio oficial que se hace cada vez más evidente.
El Belgrano Cargas es otra historia sin historia. Se mencionó en los papeles del ajuste y en discursos, pero no hay ni un pliego, ni un llamado a licitación, ni una mínima expresión de intención concreta de venta.
Y no se puede olvidar el fracaso más estrepitoso que afecta directamente a Chaher: la venta de Canal 7 y Radio Nacional. El mendocino comenzó su gestión en la administración libertaria como jefe de los medios públicos con la misión de venderlos todos. A mitad del mandato de Milei, no se avanzó nada.
En paralelo, el Gobierno sorprendió este jueves con un anuncio casi imperceptible: la venta de Cine.ar, un canal público dedicado al cine argentino. Si uno parpadea, se lo pierde. Lo cierto es que no tiene impacto fiscal.
El caso más insólito, sin embargo, fue la primera licitación que completó el gobierno para el almacenamiento de energía para el verano, las famosas "pilas". La Secretaría de Energía lanzó la licitación, pero fracasó. Intentaron parchear y volvieron a fallar. Nuevamente intentaron, y ante la tercera caída por la falta de acuerdo con los privados, tuvieron que poner a Cammesa como garante para que el proceso no colapsara. "Un típico caso de paternalismo del Estado", comentó el empresario consultado en tono irónico.
Frente a este panorama, muchos recuerdan a Roberto Dromi y las privatizaciones de los 90. Ese proceso, tan vertiginoso como polémico, logró privatizar casi todo: YPF, Aerolíneas, Entel, los trenes, los teléfonos. Verdaderos monstruos estatales. El Estado recaudó miles de millones de dólares. Hoy, con viento a favor, vendiendo absolutamente todo lo que queda, se estima que se podrían conseguir apenas mil millones. Una cifra casi simbólica. Pero incluso esa meta parece inalcanzable para la desorientada administración libertaria.