La situación financiera del gobierno se encuentra en un estado crítico. La recaudación de febrero sufrió una caída interanual del 10%, lo que genera temores de que este panorama se repita en marzo. Sin embargo, los problemas son aún más profundos de lo que aparentan, ya que el gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales.
Accedimos a los datos desagregados de la recaudación de febrero, una información que el gobierno suele mantener en reserva. En estos números, se destaca un dato alarmante: el Estado no ha realizado pagos ni devoluciones ni reintegros de IVA a los exportadores.
La planilla oficial muestra que en febrero de 2026, los casilleros correspondientes a "Devoluciones (-)" y "Reintegros (-)" aparecen en cero, mientras que en el mismo mes del año anterior se registraban pagos por alrededor de 50.000 millones de pesos en cada categoría.
Este dato respalda las denuncias que el sector viene realizando desde finales del año pasado: el gobierno se encuentra en un estado de default comercial con los exportadores.
Presionado por la caída en la recaudación, el Ministro de Economía Caputo busca saldar las deudas de las obras públicas mediante la emisión de bonos.
El mecanismo de reintegro es conocido en la estructura tributaria argentina. Cuando una empresa realiza exportaciones, el IVA que paga a lo largo de la cadena de producción debe ser devuelto por el Estado, dado que las exportaciones están exentas de este impuesto. Este proceso de recuperación actúa, en términos prácticos, como una devolución de impuestos previamente abonados.
Cuando se demora este reintegro, los exportadores terminan financiando al Estado. Y si el pago no se efectúa, el crédito fiscal se convierte en una deuda del fisco con el sector privado.
El gobierno ha acumulado una creciente deuda en concepto de recuperos de IVA y reintegros a exportadores, la cual se ha ido extendiendo mes a mes en medio de la caída de la recaudación, que se desplomó 9,5% en febrero, y la imperiosa necesidad oficial de mantener el superávit fiscal.
Este escenario se ha estado desarrollando desde el último trimestre del año pasado. La tensión ya se había intensificado en noviembre, cuando el Ministerio de Economía implementó un esquema para dolarizar esos créditos fiscales acumulados, lo que implicó un reconocimiento implícito del atraso en los pagos.
La propuesta del gobierno consistió en transformar esos saldos en un instrumento que solo podría utilizarse o compensarse a partir de 2027. En el ámbito exportador, esta medida fue interpretada como una señal clara de que el Tesoro no contaba con los fondos para saldar la deuda en efectivo.
"Esto es un default comercial. El Estado nos debe impuestos que ya hemos pagado y ahora pretende postergarlos dos años", se quejó un empresario del sector agroexportador ante nuestra consulta.
El descontento es generalizado. Desde economías regionales hasta grandes exportadoras coinciden en que el atraso en los reintegros incrementa los costos financieros de exportar, ya que obliga a las empresas a financiar ese crédito fiscal durante meses. Este problema se vuelve aún más crítico en un contexto de caída de la actividad y márgenes más ajustados.
En el mercado, ya circula otra preocupación: que el gobierno repita con los exportadores el mismo esquema que se evalúa para la deuda con las constructoras por obras públicas paralizadas. En este caso, se ha revelado que en el Ministerio de Economía se analiza la posibilidad de entregar bonos para compensar parte de la deuda acumulada con la Cámara Argentina de la Construcción.
En resumen, el Estado podría terminar saldando el recupero de IVA a través de algún instrumento financiero en lugar de hacerlo en efectivo.