Las tensiones que sacudieron a la policía santafesina la semana pasada resurgieron con fuerza la noche del lunes. Grupos de familiares y allegados de efectivos activos se reunieron nuevamente frente a la Jefatura de Rosario, pero esta vez la situación fue más crítica, ya que varios patrulleros se quedaron sin salir a cumplir con su deber. La decisión del jefe de policía de la provincia, Luis Maldonado, de desalojar por la fuerza a quienes bloqueaban el acceso al edificio policial provocó corridas, gritos y un clima de conflicto que se extendió durante la madrugada.
En la mañana siguiente, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció medidas drásticas. Separó dos situaciones que consideró evidentes. Por un lado, subrayó la necesidad de distinguir entre los reclamos legítimos de mejoras salariales y bienestar policial, que el gobierno había respaldado con acciones hace una semana y que admitió que deben profundizarse. Sin embargo, también destacó que ciertos actores ajenos a la fuerza, involucrados en casos de corrupción, se habían sumado a las protestas.
El ministro comunicó que a veinte policías que abandonaron su servicio se les suspendió, quitándoles el arma reglamentaria, el chaleco y la credencial. Además, se iniciaron denuncias penales en la fiscalía debido a que el servicio de seguridad se vio afectado, perjudicando a la comunidad. Cococcioni reconoció que, aunque no se produjeron incidentes graves, la situación impactó en la operatividad, ya que aproximadamente 20 de los 80 patrulleros del turno nocturno no salieron a las calles.
A pesar de estos anuncios, la situación no se apaciguó. Los allegados a los policías continuaron congregándose en el portón de la Jefatura, donde al menos 40 patrulleros permanecían estacionados. A media mañana, los vehículos policiales que permanecían fuera de la Jefatura se sumaron a la protesta. En el centro de Rosario, la presencia de patrulleros era notablemente inferior a lo habitual.
La protesta también tuvo eco en la ciudad de Santa Fe, donde alrededor de 60 efectivos de la Policía Motorizada, del Comando Radioeléctrico y de la Brigada de Orden Urbano fueron trasladados a la Divisón Judiciales de la Jefatura provincial, donde se les retiraron las armas, según reveló la periodista Ivana Fux. Desde el lunes, familiares, retirados y civiles habían comenzado a concentrarse en la Plaza 25 de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que la Subsecretaría de Control no había iniciado actuaciones en esa ciudad.
En Rosario, la situación mostró un panorama de mayor convulsión, aunque no se registraron actos de violencia física. Sin embargo, se produjeron enfrentamientos cuerpo a cuerpo cuando los efectivos de custodia intentaron dispersar a los manifestantes, quienes los insultaban por no reconocerlos como compañeros y por hacer reclamos que unifican a todo el personal.
La semana pasada, ante el aumento de los reclamos, el gobierno otorgó un bono de 500 mil pesos a los policías de calle y 250 mil a los choferes de patrulleros. También se anunciaron medidas para mejorar la contención policial, especialmente tras el suicidio de Oscar Valdez, un efectivo de 32 años en la Jefatura de Rosario, que generó demandas urgentes de atención a las problemáticas de salud integral de las fuerzas de seguridad.
Pullaro otorgó un aumento de emergencia en respuesta a las protestas policiales. "El reclamo legítimo por mejorar las condiciones de trabajo sigue siendo respaldado por nosotros. Cada policía que cumple con su deber y ha contribuido a implementar una política de seguridad que ha reducido drásticamente la violencia en esta provincia, lo vamos a seguir defendiendo", expresó Cococcioni.
"Sin embargo, sobre este reclamo legítimo se han sumado sectores desplazados de la policía de Santa Fe, algunos de los cuales están vinculados a graves delitos de corrupción y que actualmente se encuentran en prisión. No permitiremos que se utilice a la institución policial para socavar la política de seguridad, que tanto esfuerzo nos costó establecer en la provincia de Santa Fe", agregó el ministro.
Cococcioni informó que al menos 20 funcionarios policiales, "y seguramente más que serán identificados a través de las investigaciones en curso", fueron suspendidos. "Estamos realizando todas las acciones necesarias, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación, para investigar posibles delitos de los funcionarios policiales y de estos grupos marginales, que claramente no aceptan haber perdido su posición de poder y privilegio", subrayó.
El ministro de Seguridad también mencionó que esta madrugada, a diferencia de la semana anterior, sí hubo afectación en la prestación de servicios. "Aunque no ha impactado de manera sustancial en la seguridad, el abandono de al menos 20 unidades de patrulla urbana durante la jornada incrementa los niveles de riesgo. Esto podría acarrear responsabilidad penal si se produce un delito que no se pudo prevenir debido a esta falta de cumplimiento de sus deberes funcionales", advirtió.
Cococcioni dejó claro que están dispuestos a dialogar para mejorar las condiciones laborales y a organizar mejor las jornadas de trabajo, pero enfatizó que no están dispuestos a negociar la seguridad pública, ni la de todos los habitantes de la provincia de Santa Fe. "Estas acciones ilegales, antijurídicas y en algunos casos violentas, buscan debilitar una política de seguridad que ha sido exitosa. Esta es la política que, en colaboración con el gobierno nacional y el Ministerio de Seguridad Nacional, ha logrado reducir el delito y la violencia en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. Aquí es donde trazamos una línea que no permitiremos que se cruce", concluyó el ministro.
A pesar de los anuncios de sanciones y el contundente mensaje del ministro, los allegados a los policías continuaron apostados frente a la Jefatura de Rosario. Sus reclamos giraban en torno a mejoras salariales, prestaciones integrales para la salud mental en una profesión sometida a altos niveles de estrés, y cambios en el régimen horario, que complican el descanso adecuado de muchos suboficiales que, aunque trabajan en el sur de la provincia, son oriundos del norte y deben recorrer distancias de hasta 800 kilómetros al regresar a casa. El policía que se quitó la vida el sábado pasado en la Jefatura era de Vera, que se encuentra a 450 kilómetros de Rosario, donde estaba destinado.
"Intentaron dividir con los anuncios, ofreciendo beneficios a unos pocos. Estamos pidiendo que el aumento sea para toda la policía, no solo para algunos", declaró Gabriel Sarla, abogado y ex policía santafesino, que actuó como intermediario en las conversaciones con el Ministerio de Seguridad que llevaron a los anuncios de beneficios no remunerativos.
"El conflicto ha escalado más de lo que deseábamos", reconoció. "Era pacífico, pero un desafortunado incidente anoche, cuando Maldonado decidió reprimir, hizo que los policías acudieran a respaldar a sus familiares. Una mujer embarazada recibió gas pimienta", comentó el abogado a Cadena 3 Rosario.
Sin embargo, como se destacó anteriormente, las mejoras económicas no abarcan a toda la fuerza, sino solo al 40 por ciento que realiza las tareas operativas de seguridad en la calle. Además, se trata de sumas no remunerativas. Desde la zona de la protesta, un oficial explicó por qué la estrategia implementada por la provincia no satisface las necesidades: "Todos se dieron cuenta de que esto fue un maquillaje. Un policía está en el Comando y recibe los plus prometidos. Pero el mes que viene lo trasladan a una comisaría y vuelve a cobrar el sueldo base. El plus no es un aumento del salario básico y no impacta en el sueldo. Esto no resuelve mucho a los policías que deben viajar seis o siete horas de ida y vuelta hacia sus destinos", comentó el oficial con veinte años de servicio.
Esta manifestación se considera una de las más intensas en Rosario desde la muerte del agente Diego Navarro en 2005, cuando custodiaba un supermercado. Sin embargo, la magnitud actual es incomparable, ya que la ciudad quedó en ese entonces sin servicio policial bajo el gobierno de Jorge Obeid, lo que llevó a que más de 300 gendarmes fueran enviados a Rosario para realizar tareas de patrullaje urbano.
Fuentes de la Casa de Gobierno de Santa Fe indicaron que la administración de Pullaro busca cortar de raíz cualquier situación que pueda escalar el conflicto. A pesar de los anuncios disciplinarios, la tensión en las calles no se había disipado.
"Estuve en el acuartelamiento cuando mataron a Navarro en el Super Azul en 2005", relató un policía de rango medio a LPO desde el lugar donde permanecen los familiares. "En esa ocasión, nos conformaron con un par de borcegos, el retiro de las viejas pistolas 11.25 que se trababan, como le sucedió a Navarro, y un aumento del adicional. Pero ahora es diferente. La policía está más unida en sus demandas y, además, hay una situación económica que justifica los reclamos", comentó otro policía cercano a los 50 años desde las cercanías de la Jefatura rosarina.