Los municipios de Córdoba se encuentran en una situación crítica debido a las deudas acumuladas por parte del PAMI, que superan los 300 millones de pesos. Esta problemática no solo afecta a las farmacias, sino que también se extiende a una treintena de comunas que han denunciado atrasos en los pagos, lo que ha generado un clima de indignación hacia el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, a quien acusan de no responder a sus llamados.
Las deudas por la atención médica de los jubilados alcanzan la cifra exacta de 303.273.148 pesos. Sin embargo, se estima que si se suman las comunas que aún no han denunciado los retrasos, esta cifra podría duplicarse, ya que muchos municipios enfrentan demoras que superan los seis meses.
Los intendentes de las comunas afectadas han expresado su malestar con Bornoroni, quien controla el PAMI en la provincia a través de su estudio jurídico, colocando a funcionarios de su confianza en los puestos más estratégicos. A pesar de los llamados urgentes y las súplicas por una solución, el diputado libertario permanece en silencio.
Esta situación de deudas sin visos de solución está desestabilizando las finanzas de los municipios, ya que muchos de ellos dependen de sus hospitales comunales, que en muchos casos son los únicos proveedores de salud para los jubilados. Esto centraliza la atención médica de este sector vulnerable de la población.
Los farmacéuticos han alertado que las deudas del PAMI comprometen seriamente la provisión de medicamentos, lo que podría agravar aún más la situación de los jubilados y sus familias.
Ante esta crisis, la Legislatura de Córdoba aprobó recientemente tres proyectos relacionados con el PAMI. Uno de ellos aborda la problemática de las farmacias, otro se centra en la falta de gestión y administración de recursos, y el tercero busca enfrentar las dificultades que enfrentan miles de jubilados para acceder a los medicamentos debido a la escasez de provisión.
Un caso emblemático de la crisis del sistema PAMI en Córdoba se observa en Marcos Juárez, donde se confirmó el cierre del Sanatorio Sudeste a fines de marzo. Esta medida afectará a cerca de 5.000 afiliados, quienes deberán trasladarse aproximadamente 120 kilómetros hasta Villa María para recibir atención médica en la clínica asignada.