La licitación de la vía navegable troncal, que une Santa Fe, Entre Ríos y Paraguay con el océano Atlántico, dio un giro inesperado y reveló una disputa interna en el Gobierno. La semana pasada, Martín Menem recibió en su oficina de la Cámara de Diputados a representantes de la empresa belga DEME, que compite por la licitación de la Hidrovía contra la también belga Jan de Nul, actual dragadora de la vía fluvial Paraná-Paraguay.
La participación de los Menem en esta privatización, considerada la más relevante de la era de Javier Milei, que involucra un negocio de 10 mil millones de dólares, marca un avance sobre las áreas de Santiago Caputo y coincide con el fortalecimiento de su poder tras obtener el respaldo de Karina Milei, quien ocupa el ministerio de Justicia.
Tras esa reunión, la empresa brasileña DTA Engenharia, que era la tercera en discordia, decidió retirarse de la competencia. La interpretación política es clara: la compañía comprendió que no contaba con apoyo en el entorno libertario. DTA abandonó el proceso y no presentó las garantías requeridas en el pliego de condiciones.
El conflicto en Medio Oriente también afecta la hidrovía y reabre la discusión con Argentina sobre el peaje. Así, el retiro de DTA deja la licitación en un enfrentamiento directo entre dos gigantes del dragado: la belga Jan de Nul, que ha operado históricamente en la hidrovía, y su competidora, también belga, DEME. Sin embargo, detrás de esta competencia empresarial se esconde una lucha más profunda dentro del triángulo de poder que rodea a Javier Milei.
Jan De Nul, que ha sido la operadora del sistema durante más de dos décadas, llega a esta nueva licitación con una ventaja considerable: conoce a fondo el río, la logística y la normativa que regula el negocio. Además, posee una amplia red de relaciones empresariales y políticas establecidas a lo largo de su presencia en el país.
Por su parte, el acercamiento de DEME a los Menem les otorga un peso político que podría ser decisivo. En este contexto, surge el nombre de los hermanos Neuss, quienes han logrado establecer buenas relaciones con Jan de Nul y son considerados uno de los grupos favorecidos en el ciclo libertario.
Del otro lado, DEME ha estado construyendo su propio canal político. Según fuentes cercanas a la situación, los ejecutivos de la empresa belga se reunieron con Martín Menem en la Cámara de Diputados. “Con la cercanía de DEME a los Menem, ya no se trata únicamente de quién presenta la mejor oferta técnica y económica para gestionar uno de los nodos logísticos más relevantes del país. La disputa empresarial ahora incorpora un capítulo político evidente”, señaló una fuente consultada.
El negocio es atractivo y se traduce en un contrato de 25 años de concesión, con posibilidad de prórroga por cinco años más, para la principal vía navegable que facilita las exportaciones argentinas. Se trata de una de las autopistas fluviales más extensas e importantes del mundo, ubicada en el corazón logístico de Sudamérica.
El adjudicatario tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el dragado, el balizamiento, el mantenimiento del canal y la gestión del sistema de peajes. Sin embargo, detrás de esta concesión existen tres variables que explican el verdadero poder del negocio.
La primera es el peaje que abonan los buques: cada dólar adicional en esa tarifa se multiplica por miles de barcos y termina impactando en toda la cadena exportadora. La segunda es la profundidad del canal. Cada pie adicional de dragado permite que los buques salgan con mayor carga desde los puertos del Gran Rosario, lo que incrementa la competitividad del sistema portuario. La tercera es el control de la información logística. Quien administre la hidrovía tendrá acceso privilegiado a los flujos de carga, tiempos de navegación y dinámica del comercio exterior.
La hidrovía, en apariencia, es una obra de infraestructura. Pero en la práctica, actúa como la autopista por la que circulan los dólares de la economía argentina. Por ello, mientras las empresas discuten quién manejará las dragas, dentro del Gobierno se desarrolla otra disputa más silenciosa: qué sector del poder se queda con la administración de uno de los nodos estratégicos del negocio exportador argentino.